(Diario Financiero) Hace dos semanas, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, recibió en su despacho al CEO de la catalana Gas Natural Fenosa (GNF), Rafael Villaseca. La que fue calificada como una reunión «protocolar» -y donde también estuvo presente el embajador de España, Carlos Robles Fraga- y de «presentación» ante la autoridad, es poco común en la agenda de Arenas, dicen fuentes, ya que el ministro suele reunirse con los representantes de los gremios más que con empresarios en su labor habitual.
Villaseca también se ha reunido en varias ocasiones con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, para discutir diversos temas. Las citas de alto nivel serían parte de la estrategia de GNF para hacer ver su posición sobre el proyecto de ley que regulará el negocio de distribución de gas por redes, en trámite en la Cámara de Diputados.
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Fuentes de gobierno señalan que la firma -que a través de Compañía General de Electricidad (CGE) controla Metrogas, la principal distribuidora de gas por cañería del país con más de 500 mil clientes-, ha estado muy activa en el tema, y también ha recurrido a otros organismos, como la Comisión Nacional de Energía (CNE) para poner en la mesa sus puntos de vista. Los parlamentarios de las comisiones de Energía y Minería de ambas cámaras también estarían en la mira de las empresas.
En esto GNF no ha estado sola. Otro de los principales actores del negocio, GasValpo -ligada a un consorcio de fondos de pensiones australiano, administrado por Access Capital Advisors-, también se ha acercado a las autoridades y lo mismo ha hecho la Asociación de Gas Natural (AGN), gremio que agrupa a las empresas del rubro.
Las preocupaciones
Si bien las firmas ya lograron sus primeros avances en el proceso pre-legislativo (ver recuadro), hoy sus esfuerzos apuntan a clarificar dos puntos que consideran esenciales para el desarrollo del negocio: el tratamiento de las denominadas «conversiones» para el cálculo de la rentabilidad anual y los plazos de amortización de las inversiones.
El proyecto del gobierno -anunciado en la Agenda de Energía- señala que las conversiones (la adecuación de equipos como cocinas y calefón para su operación con gas natural) deben ser consideradas como gasto y no como activos de las empresas ni costo de inversión. Esto incidiría directamente en la rentabilidad de las firmas, cuestionada luego que en octubre el año pasado el informe encargado por la CNE a las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos determinara que Metrogas había obtenido retornos de 11,4% y 16,9% en 2012 y 2013, respectivamente, por sobre el 11% establecido en la ley.
El cuerpo legal en discusión también establece que las empresas podrían contabilizar esto como gasto en un plazo de cinco años, considerado por las firmas como exiguo, pues no permitiría recuperar la inversión.
Para Metrogas esta cuestión es clave, pues en 2013, el 30% de sus activos totales estaban relacionados con las conversiones, con un valor de unos US$ 700 millones.
Las empresas apuntan a que el plazo para recuperar estas inversiones sea cercano a 20 años.
Fuentes de GNF señalan que de estas definiciones dependerá la expansión de las redes de Metrogas hacia otras comunas de Santiago y a regiones. Hoy opera en las comunas de mayores ingresos de la capital, así como en Machalí y Rancagua. Ha sido una aspiración de Metrogas llegar al millón de clientes, aunque para esto no hay plazos.
GasValpo también están en medio de un plan de expansión, luego que el gobierno le entregara concesiones para operar en Talca, Coquimbo, La Serena y Los Andes.
Avances en trabajo pre-legislativo
La postura del Ministerio de Energía proclive a lograr consensos con la industria en este proyecto de ley tuvo sus primeras evidencias durante el trabajo pre-legislativo que llevó adelante la Comisión Nacional de Energía (CNE) con el gremio del sector, la Asociación de Distribuidoras de Gas Natural (AGN), como contraparte.
A partir del diálogo se lograron adecuaciones respecto de la idea inicial del proyecto de ley que tenía la autoridad, que quedaron plasmadas en el texto que ingresó al Congreso. En primer término, la apertura de las redes de distribución del hidrocarburo, que fue uno de los planteamientos del ministro Pacheco, finalmente no fue incluida en la iniciativa. Lo mismo que la medición de rentabilidad, que contrario a cómo funciona actualmente -por zona de concesión o como zona de distribución relevante-, se planteó por empresa.
Este cálculo, además, tomando promedios de varios años y no periodos anuales como sucede hoy, se realizaría en un proceso normado, donde las empresas puedan discrepar. En lo referido a la Tasa de Costo de Capital, se había planteado no establecer un piso, pero se mantuvo el rango de 6% vigente. También se incorporó la posibilidad de que una empresa regulada pueda salir posteriormente de este régimen, previa intervención del TDLC.