(El Mercurio) Una serie de cambios experimentó el Proyecto de Ley de Generación Distribuida en su paso por la Cámara de Diputados, donde la principal indicación es aumentar desde 100 a 300 kW el límite de la potencia máxima de conexión permitida a los generadores residenciales. Además de descuentos y compensaciones a raíz de los excedentes que se puedan provocar.
Las medidas fueron aprobadas la semana pasada por la sala de la Cámara de Diputados, lo que fue valorado por la ministra de Energía, Susana Jiménez, quien indicó: «Más allá de sus aspectos y bondades regulatorias, esta iniciativa tiene la virtud de enfocarse principalmente en las personas, en los clientes residenciales que deciden invertir en fuentes limpias de generación».
Según los expertos, estas iniciativas le darán un impulso al mercado de la generación residencial, que a la fecha representa menos de 3 mil instalaciones en la Región Metropolitana, producto de los bajos beneficios que resulta de este tipo de operaciones.
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El gerente general de Ecom Energía, Sebastián Novoa, explica que además estos cambios permitirán el ingreso de pequeñas y medianas empresas. «Al aumentar la capacidad, se incluyen a las medianas industrias, bodegas, pequeñas agrícolas, contrapartes que pueden ser clientes de este tipo de proyectos, porque cuando es muy pequeño, hay que tratar con una casa directamente, donde es difícil firmar un acuerdo a 10 años, no así con este tipo de empresas, a las que atrae el beneficio del ahorro», señala el ejecutivo.
Otra de las virtudes del proyecto tiene que ver con que se permite el compensar consumos a generadores ubicados en sectores muy densos, como las farmacias que están dentro de la ciudad, con las instalaciones que tienen, por ejemplo, en sus bodegas, revirtiendo excedentes con el mismo RUT.
Mientras que para el académico de la Universidad Católica y fundador de Breves de Energía, Cristián Muñoz, la posibilidad de que los clientes puedan agruparse y vender en conjunto sus excedentes lo considera un importante avance. Sin embargo, advierte que «el llevar a un reglamento las condiciones mínimas de esta asociación podría terminar entorpeciendo la variedad de acuerdos que puedan generarse».
Muñoz agrega que se requiere de un buen diseño tarifario, que permita a los consumidores elegir si les conviene instalar su propia generación, o bien comprarla desde la red, consiguiendo que se instale solo la generación residencial eficiente.