Los principales retos normativos que enfrenta el desarrollo del hidrógeno verde fueron abordados durante el panel “Los desafíos regulatorios del hidrógeno verde y sus derivados: cómo destrabar proyectos de escala comercial”, realizado en el marco de Hyvolution Chile 2026.
La instancia fue moderada por Ricardo Rodríguez, director de Estudios de H2 Chile, y contó con la participación de Clemente Pérez, socio de Guerrero y Olivos; María de los Ángeles Valenzuela, manager de Hinicio; Glenda Giménez, encargada de la Unidad Técnica de Hidrógeno de la SEC; Paula Ortiz, sector Lead Energy & Resources de Arcadis Chile; Nick Barilo, executive director del Centro para la Seguridad del Hidrógeno; y Pablo del Canto, jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía.
Normativa existente
Uno de los principales puntos de coincidencia fue que Chile no necesariamente requiere una nueva legislación específica para el hidrógeno verde, sino que debe adaptar y coordinar las normativas existentes que regulan las distintas actividades que forman parte de su cadena de valor.
Pablo del Canto dijo que los proyectos de hidrógeno y sus derivados involucran componentes como generación eléctrica, almacenamiento, transporte, instalaciones industriales, trazabilidad y certificación, varios de los cuales ya cuentan con marcos regulatorios.
En este sentido, planteó que el desafío está en identificar las áreas que aún presentan vacíos o requieren modernización, evitando generar duplicidades o regular materias que ya cuentan con disposiciones vigentes.
Desde la SEC, Glenda Giménez coincidió en la importancia de que las distintas normativas sean complementarias y no generen contradicciones entre organismos. Según explicó, existen regulaciones relacionadas con sustancias peligrosas, transporte y seguridad de instalaciones que pueden servir como base, pero que deben ser revisadas y adecuadas cuando sea necesario.
Clemente Pérez, en tanto, sostuvo que crear una nueva ley o institucionalidad podría traducirse en mayor burocracia para una industria que ya se encuentra desarrollando proyectos de gran escala.
RCA
El abogado destacó dos aspectos que, a su juicio, requieren atención: los plazos asociados a la caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), considerando que algunos proyectos pueden requerir varios años antes de iniciar su construcción, y la regulación sobre el fraccionamiento de proyectos.
Sobre este último punto, planteó que Chile debería avanzar hacia modelos de clústeres industriales, similares a los existentes en otros mercados, donde distintos proyectos puedan compartir infraestructura como plantas desaladoras, instalaciones de generación y otras obras necesarias para la cadena de valor.
Por su parte, Paula Ortiz, de Arcadis Chile, planteó que los requerimientos regulatorios deberían considerar la escala de los proyectos, mientras que también propuso avanzar hacia mecanismos de ventanilla única que permitan coordinar la tramitación de permisos entre los distintos organismos involucrados.
Desde Estados Unidos, Nick Barilo compartió la experiencia de ese país, donde los proyectos enfrentan regulaciones a distintos niveles. El ejecutivo destacó que, más que crear un nuevo conjunto de normas, se requiere adaptar las existentes y fortalecer las capacidades técnicas para evaluar los nuevos usos del hidrógeno.
Derivados
Además, María de los Ángeles Valenzuela, manager de Hinicio, agregó que uno de los desafíos pendientes está en definir con mayor claridad el tratamiento regulatorio de los derivados del hidrógeno, debido a que algunos pueden quedar sujetos a distintas clasificaciones y competencias institucionales.
La ejecutiva también destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los organismos que participan en las distintas etapas de la cadena de valor, además de avanzar en materias vinculadas a la generación de demanda.
De esta manera, el panel puso de relieve que el desarrollo de proyectos de escala comercial requerirá no solo contar con una normativa adecuada, sino también reducir incertidumbres, mejorar la coordinación institucional y adaptar los requerimientos a las características y escala de cada iniciativa.