Un reciente estudio liderado por Rodrigo Moreno, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Energía Enlace, y líder del Grupo Energía del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), analiza los desafíos regulatorios, económicos y técnicos de este sector, dado que Brasil se encuentra en una etapa de redefinición de su estrategia energética. El informe fue elaborado junto a Juliana Pontes de Lima, consultora de energía para el Instituto E+ y experta en renovables; Luiz Barroso, miembro del Consejo Nacional de Política Energética y CEO de PSR Energy Consulting and Analytics, e investigadores del ISCI y de Brasil.
Históricamente sustentado en grandes centrales hidroeléctricas —que llegaron a representar más del 80% de su capacidad instalada—, el país busca mitigar las vulnerabilidades asociadas a las crisis hídricas. En este escenario, la energía eólica offshore (mar adentro) aparece como una posibilidad estratégica para diversificar la matriz y fortalecer la seguridad del sistema brasileño de cara a las próximas décadas.
Con un potencial estimado en cerca de 700 GW, concentrado principalmente en las regiones Nordeste, Sudeste y Sur, el interés comercial ha crecido aceleradamente. Actualmente, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) mantiene bajo análisis ambiental más de 100 proyectos que superan los 240 GW.
Necesidad de marco regulatorio
No obstante, la proliferación de propuestas ha evidenciado la necesidad de un marco regulatorio definitivo. La dificultad radica en que muchos de estos proyectos se superponen entre sí debido a la falta de un mecanismo claro para definir las condiciones de uso de las áreas marítimas.
Los primeros lineamientos se establecieron en 2022 con el Decreto 10.946, complementado por las Ordenanzas N.º 52 y N.º 03. Estas normas otorgaron facultades de gestión al Ministerio de Minas y Energía (MME) y delinearon la creación del portal PUG-Offshore. Esta ventanilla única está diseñada para centralizar permisos y reducir la fragmentación burocrática del sector.
Ante la necesidad de contar con mayor seguridad jurídica de largo plazo para inversiones que toman entre ocho y diez años, en 2025 se aprobó la Ley 15.097. Esta legislación introdujo dos modalidades para la asignación de espacios marinos: las ofertas planificadas, mediante subastas estatales sobre áreas delimitadas, y las ofertas permanentes, que permiten a empresas privadas proponer zonas específicas sujetas a evaluación técnica y consulta pública.
Asimismo, la normativa implementó el concepto de «prismas», que son polígonos georreferenciados que delimitan oficialmente el espacio marítimo autorizado para cada parque energético. A pesar de este avance, aún restan definir aspectos operativos sobre el funcionamiento de las concesiones y las exigencias ambientales.
Coexistencia marina
Diversos grupos de trabajo liderados por el MME y el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) evalúan los criterios de coexistencia con la pesca, las rutas navieras y la biodiversidad marina. Estos aspectos fueron sometidos a discusión en la Consulta Pública N.º 191/2025 mediante una metodología para seleccionar áreas utilizando filtros socioeconómicos y logísticos.
Por otro lado, la integración de la energía generada mar adentro al Sistema Interconectado Nacional plantea retos técnicos significativos debido a las grandes distancias y los costos de instalación submarina. Para resolver esto, se analiza la implementación de «colectores compartidos», un modelo utilizado por Brasil en 2008 para conectar proyectos de biomasa. Este sistema permite que múltiples parques compartan una infraestructura conjunta de transmisión, reduciendo costos e impactos ambientales.
La competitividad económica representa otro de los grandes desafíos del sector, dado que el costo nivelado de la energía eólica offshore en Brasil se sitúa actualmente por encima de la energía solar y de la eólica terrestre. Aunque las proyecciones globales estiman una reducción de costos hacia el año 2040, el debate doméstico se centra en cómo hacer viable esta tecnología sin trasladar sobrecostos excesivos a los consumidores finales.
Experiencia internacional
Ante este panorama, el regulador brasileño observa la experiencia del Reino Unido, mercado que consolidó la inversión mediante planificación estatal y los llamados Contracts for Difference (CfD). Estos mecanismos financieros mitigan el riesgo de la volatilidad de precios, aunque su adaptación genera tensiones en Brasil debido al perfil ya altamente renovable de su matriz energética.
Para que el interés del sector privado se traduzca en proyectos efectivos, los investigadores mencionaron que el Estado requiere consolidar definiciones esenciales antes de la maduración de las propuestas. La agenda pendiente prioriza la rápida resolución de la regulación operativa de la Ley 15.097 y la coordinación de la planificación marítima con la transmisión eléctrica.
Asimismo, el informe destacó la importancia de fortalecer la capacidad técnica de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) y estructurar mecanismos de financiamiento que mitiguen riesgos. Además, será fundamental adecuar la infraestructura portuaria, evaluar la introducción de precios al carbono y clarificar el rol definitivo de la tecnología offshore como vector para la diversificación energética y el desarrollo del hidrógeno verde en el país.
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