Mediante una carta pública, titulada «Sentido de realidad en el sector eléctrico», Mónica Gazmuri, gerenta general de Anesco Chile; Eugenio Evans, socio de Cubillos Evans Abogados, y Ramón Galaz, gerente general de Valgesta Nueva Energía, plantearon «acordar una agenda de corto plazo en la que, junto a la autoridad y representantes de los consumidores, se encuentre una solución que evite mayor daño a las personas y restablezca la estabilidad regulatoria del sector que tanto se ha perdido».
Y es que el diagnóstico en el que concuerdan estos actores de la industria señalan la necesidad de «evaluar si la industria eléctrica se encuentra preparada para enfrentar las condiciones que nos presenta la crisis climática y si estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios para adaptarnos y mitigar sus consecuencias, como también, si estamos capacitados para modernizar y mejorar el servicio eléctrico, si puede ser más limpio y más barato, o hasta cómo se financia y en qué plazo».
«Este análisis no sólo es prudente hoy de cara a un cambio de gobierno, sino que también porque vivimos un cambio generacional donde -al menos en el discurso- pareciera tener más conciencia y compromiso con el medio ambiente y la relevancia de esta industria para aportar a su cuidado», señala la misiva.
Se indica que recientemente se ha producido una tormenta perfecta «que no sólo ha hecho extremar una situación de estrés del sistema eléctrico sino que, además, acortó el espacio de maniobra. La realidad es que dado que no se implementó eficiencia energética durante años, el consumo eléctrico se mantiene y sigue subiendo (3% por año), lo que implica que todo lo que se produce y distribuye no siempre da abasto a la demanda».
«Adicionalmente, la planificación del segmento de transmisión no se ha realizado al mismo ritmo que la generación, ni se ha modernizado la distribución, provocando que hoy no tengamos la cobertura ad-hoc ni la capacidad para inyectar (transportar) más energía limpia a lo largo del territorio, aunque la produzcamos. Sumado a lo anterior, la sequía obligó a retroceder al uso de combustibles fósiles para no quedar a oscuras, boicoteando la agenda de carbono neutralidad para el año 2050 y la aceleración del proceso de descarbonización», sostiene la carta.
Los especialista también coinciden en la existencia de regulaciones sectoriales, que pueden traer «graves consecuencias», como la ley PEC, o Ley N° 21.185, «que creó un mecanismo transitorio de estabilización de precios durante el estallido social, basado en un tipo de cambio de 720 CLP/USD y un techo de MMUSD 1.350, fondo que se consumiría antes de lo estimado si consideramos que el dólar está en torno a los 775 CLP/USD, presionando con ello al alza las cuentas eléctricas».
«También está vigente la Ley 21.249 o Ley de Servicios Básicos, una ley ideada para mitigar efectos de la pandemia en la búsqueda de apoyar a las familias más vulnerables, que estableció que las empresas de servicios domiciliarios no podrán cortar el suministro por mora en el pago de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin duda, una ley que tiene un trasfondo social relevante en apoyo a las familias chilenas, pero que en la práctica implicará la acumulación de una deuda tan alta que no será viable sea soportada por todas las familias a partir de 2022», se agrega.
A su juicio, la solución a este escenario «dependerá de todos los actores, incluido y con mayor protagonismo, del consumidor o usuario de energía como también, y sin duda, del Estado y de la industria energética, pues el sentido de realidad y de urgencia nos llama a pensar con una nueva lógica, salir del encierro, evaluar con criterios de sostenibilidad, con la mirada puesta en el futuro pero, mejor aún, avanzar en un círculo virtuoso donde todos seamos parte de la solución».
«Lo anterior, por lo mismo, deberá provenir del esfuerzo compartido entre el Estado, los consumidores y las empresas del sector, en una fórmula equilibrada que no implique adoptar decisiones de política pública financiadas solo por particulares, de lo contrario, Chile dejará de ser el país serio y atractivo que ha sido los últimos 30 años para quienes han invertido en su industria eléctrica», concluyen.