(La Tercera) Las encrucijadas ambientales y el rechazo social que han enfrentado proyectos como Bocamina II, HidroAysén y Central Castilla mantienen preocupada a la industria energética.
En medio de la búsqueda por destrabar los conflictos, el presidente de Endesa Chile, Jorge Rosenblut, llamó ayer al gobierno a desarrollar un proyecto de ley que ordene o regule las compensaciones que una compañía puede entregar a la comunidad, medida que ya había sido estudiada, sin éxito, por la administración Piñera.
“Central Bocamina va por seis meses detenida. Hemos podido aprender que, técnicamente, al sentarse una empresa con 11 o 12 grupos distintos de interés, no resulta. Es indispensable que la autoridad saque una ley para compartir beneficios con las comunidades”, dijo.
Rosenblut añadió que lo ideal sería que el gobierno defina un ordenamiento territorial, de modo que se determine en qué localidades sí se pueden instalar proyectos y “se compartan beneficios con la comunidad de forma ordenada”. Para ello, señaló que sería importante que la propia comunidad defina sus prioridades, de modo que no sea la empresa titular la que determine la construcción de hospitales y escuelas, por ejemplo.
Al ser consultado sobre esta opción, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, definió la idea como “interesante”.