(Pulso) Hasta el Ministerio de Energía acudieron en junio pasado los máximos ejecutivos de Energía Llaima, empresa ligada a los empresarios Juan Claro y las familias Said Somavía, Said Handal y Garcés, para exponer el conflicto que mantienen con la lechería Ancali -propiedad del grupo Bethia- por el proyecto hidroeléctrico Frontera.
La disputa se remonta a febrero de este año, cuando la sociedad ligada al empresario Carlos Heller interpuso un recurso ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que se invalidara la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico que busca emplazarse en el río Biobío, en el límite de las comunas de Los Ángeles y Mulchén.
Desde la lechera acusan errores metodológicos durante la tramitación ambiental y el no haber incluido los impactos del proyecto sobre la hidrología y la calidad de las aguas subterráneas. Según indican, tales vicios afectarían directamente en la actividad de la lechera.
“Ancali es titular de derechos e intereses afectados por la errónea evaluación del proyecto Frontera”, indica el escrito.
La acusación se realiza pese a que Ancali no intervino en la etapa de participación ciudadana. Sin embargo, aseguran que aquello “no la deslegitima para poder solicitar ante este órgano la invalidación de la RCA”.
Dicho recurso -aún en trámite- habría significado un perjuicio relevante para Llaima, ya que logró retrasar el inicio de la construcción del proyecto de US$300 millones.
Esta problemática fue expuesta al titular de Energía, Andrés Rebolledo, a través del gerente general de Central Frontera, Jaime Pino Cox, y el gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la eléctrica, Alejandro Enrique Donoso en junio pasado a través de una audiencia pedida vía la plataforma del Lobby.
El objetivo de la reunión, dicen desde la eléctrica, fue presentarle al ministro Rebolledo el proyecto hidroeléctrico de pasada Frontera, el cual tiene su RCA desde hace un año y medio, después de “un proceso de evaluación impecable de 13 meses”. Sin embargo, acusan, que “un tercero presentó una solicitud de invalidación de la RCA a través de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.880, cosa excepcional en estos casos. Esto puede generar un precedente importante que perjudicaría las bases del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, señalaron. Al tiempo que agregaron que la iniciativa “estaba a punto de comenzar la construcción y esta solicitud logró atrasar su inicio”.
El proyecto Frontera fue aprobado ambientalmente en enero de 2016 y consta de una central de pasada de bajo desnivel del tipo Run of River que genera un área de inundación. Esta tendrá una potencia instalada de 109 MW y una generación anual de 449 GW por hora, lo que permitirá abastecer a más de 170 mil hogares.
La central, que considera una inversión de US$300 millones es un proyecto de Energía Llaima en conjunto con inversionistas locales de la región del Biobío.