La incorporación de la figura del comercializador en el mercado de la distribución eléctrica podría generar ahorros anuales de $6.314 hasta $37.883 en las cuentas de luz de los clientes regulados, según las estimaciones realizadas por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, a partir de la experiencia de Dinamarca en esta materia, donde los usuarios residenciales registran una reducción anual de hasta $87.600.
Así lo señaló el director del DIE de esta casa de estudios, Humberto Verdejo, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde analizó el proyecto de ley de portabilidad eléctrica, que propone incorporar la figura del comercializador.
Según el académico, la mayor competencia a causa del comercializador, generaría ahorros en las tarifas finales al consumidor residencial supone «un proceso largo en el tiempo», pues explicó que debe considerar el recambio de los medidores mecánicos a los bidireccionales de tecnología inteligente, además de avanzar en el cambio de cultura para los que los clientes efectivamente busquen cambiarse de proveedores.
Verdejo dijo que la evolución de tarifas residenciales, según las estimaciones realizadas por la unidad académica, indican aumentos en las cuentas debido al efecto de las últimas regulaciones, como el Precio Estabilizado al Cliente (PEC) y la Ley de Servicios Básicos, que podrían mantenerse hasta mediados de 2023.
A su juicio, es necesario introducir algunas modificaciones al proyecto, como «dejar explícito la separación estructural entre una empresa distribuidora y el comercializador, como lo señala la literatura internacional».
Además, planteó la necesidad de entregar certezas financieras para que el cambio de proveedor que elija el cliente «no afecte la cadena de pagos» en el segmento, por lo que sugirió fijar plazos que permitan reducir el riesgo que pudiese tener el comercializador por el ingreso y salida de clientes.
Dentro de sus conclusiones, el académico sostuvo que «la liberalización del mercado minorista no debe ser implementada de forma apresurada. La evidencia y experiencia internacional muestra que el proceso debe ser programado y evaluado constantemente».