La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados inició la discusión, en general, del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a las concesionarias de servicio público de distribución, la obligación de instalar medición inteligente (MI), sin costo para sus clientes (boletín 17850).
El proyecto busca modernizar la red eléctrica mediante medidores inteligentes para optimizar el monitoreo, reducir los tiempos de interrupción y otorgar un control preciso del consumo.
Además, su uso permitiría tarifas más eficientes, eliminando costos operativos para los usuarios, junto con fortalecer su fiscalización y coordinación en el mercado.
El diputado Marco Antonio Sulantay, autor del proyecto, recalcó que la iniciativa busca que sean las empresas distribuidoras las que instalen y financien estos dispositivos.
En ese sentido, los equipos serán de propiedad y responsabilidad exclusiva de la concesionaria, cumpliendo con las exigencias reglamentarias. De esta forma, se podrá modernizar la red eléctrica sin traspasar los costos de adquisición o mantenimiento a los usuarios.
Modernización del sistema eléctrico
La instancia legislativa recibió la exposición online del director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Meriches. El personero reconoció que la medición inteligente es una tendencia y una necesidad global.
Pero, recalcó que a nivel internacional estos sistemas de medición inteligente se han desplegado como parte de procesos más amplios de modernización de redes eléctricas, digitalización y empoderamiento de los consumidores.
“En todos los casos exitosos la medición inteligente se ha integrado dentro de modelos regulatorios coherentes, con reglas claras de financiamiento, remuneración y asignación de riesgos”, agregó.
Beneficios
Meriches afirmó que, efectivamente, los beneficios para los clientes están en una mayor información y capacidad de gestión sobre su consumo eléctrico. También, en la posibilidad de acceder a tarifas horarias y programas de gestión de demanda. Adicionalmente, en la reducción de tiempos de reposición de servicios.
En cuanto a las operaciones, expresó que entrega una mejor detección y localización de fallas. Asimismo, una reducción de pérdidas y mayor eficiencia operativa, a lo que se suman datos más precisos para planificación y fiscalización.
“Para la política pública es un habilitador clave de la transición energética, pues permite la integración de generación distribuida, electromovilidad y almacenamiento”, enfatizó el directivo.
Sin embargo, aseveró que “el proyecto de ley, tal como está planteado, no es consistente con el modelo regulatorio de la distribución eléctrica”. Por ello, a su juicio, para poder avanzar en esta materia se requiere “una modificación regulatoria acotada, alineada con una reforma a la distribución eléctrica”, puntualizó.
Ante esta propuesta, los integrantes de la Comisión de Minería mostraron interés en conocer cuáles son los factores claves para mejorar la calidad del servicio y qué componentes debería tener una reforma corta a la distribución. Igualmente, conocer con información técnica si el cambio de tipo de medidor podría generar o no alzas en las cuentas de la luz de las familias.