(El Mercurio) Casi como un guión cinematográfico, con varios capítulos, es el que desde hace casi dos semanas se está escribiendo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la V Región. Lo que comenzó el martes 21 de agosto reportado como una emergencia en el colegio Santa Filomena en Quintero -con alumnos presentando diversos malestares que atribuían a olores y emanaciones de gases a la atmósfera-, desembocó con el paso de los días en una verdadera crisis.
Desde luego, una de tipo ambiental, con unas 350 personas afectadas y atendidas en recintos asistenciales, y suspensión de clases en la zona. Pero también se instaló de lleno en el gobierno. La estatal Enap fue rápidamente sindicada por las autoridades ambientales como la presunta responsable de la nube tóxica en la zona, tal como quedó de manifiesto en el Acta de Notificación levantada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -que ordenó el sellado temporal de dos estanques de las instalaciones del Terminal Enap Quintero-, unido a las declaraciones de la ministra del ramo, Carolina Schmidt, aludiendo a la firma en sus primeras intervenciones públicas sobre el tema. Todo ello incendió la pradera.
El directorio de Enap evidenció su molestia, anunció estudios propios para demostrar que no era la responsable de los gases causantes de la crisis ambiental (ver nota relacionada), y el impasse , en uno de sus capítulos a mediados de semana, desembocó en una accidentada visita en terreno del Presidente Piñera anunciando la implementación de medidas de apoyo a la comuna, en medio de investigaciones técnicas y penales sobre un episodio del que aún no hay un responsable claro.
Pero lo cierto es que este evento es solo uno de varios episodios de contaminación ambiental que ya agotaron la paciencia de la población de la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, que desde los años 60 se ha convertido en un parque industrial con más de 14 empresas que conviven con una población cercana a las 18.000 personas en Puchuncaví y 28.500 personas en Quintero (ver nota relacionada).
Hay cerca de 30 mil expedientes en el sistema
Esta situación contrasta con los números oficiales disponibles en la SMA. Según el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, (SNIFA), dependiente de la SMA, solo desde 2013 a la fecha -no existen datos para períodos anteriores en dicho sistema-, se han realizado 132 fiscalizaciones a estas industrias, 27 en Quintero y 105 en Puchuncaví. Del total, solo nueve están con proceso sancionatorio en distintas etapas, todos en Puchuncaví. Y de estos, solo se aplicó una multa.
¿Pocas sanciones? Según Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente, hay un grupo de expedientes, que no son públicos, con evidencia de algún incumplimiento, que están derivados a la división de sanciones de la entidad para que investigue y, si hay mérito, formule cargos. «Hay procesos que pasaron la etapa de formulación de cargos y por eso son públicos», explica.
Además acota el ámbito de competencia de la SMA, en el sentido de que puede fiscalizar instrumentos de gestión ambiental (RCA, desde 1997), normas de emisión y calidad y los planes de descontaminación.
Pero además explica que existe una norma de emisión para la regulación de descarga de riles a cuerpos de agua, que obliga a las empresas a reportar a la SMA datos mensualmente y que generan expedientes. De todos los expedientes -unos 30 mil del SNIFA-, «cerca de 29.200 son de la norma de emisión de riles y los otros son de RCA, que es lo realmente importante», matiza.
En otras palabras, según Franz, de los 105 expedientes de Puchuncaví, «muchos» se generan por la normas de emisión de riles y no por transgresiones a las RCA.
Desde la SMA además agregan que son 66 las instalaciones que se norman bajo RCA. Estas pertenecen a las empresas (detalladas en la infografía) y serían posteriores a 1997. Las instalaciones previas, que no se norman por RCA, también pueden ser reguladas por otro organismo, como el Ministerio de Salud, si produjeran algún daño a la salud.
¿Por qué se realizan las fiscalizaciones? Para que la SMA efectúe una fiscalización, puede ser por iniciativa propia o por denuncias, tanto de autoridades como de particulares. Y para sancionar considera, según el manual de sanciones de 2017, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; la capacidad económica del infractor; el detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado, entre otros criterios.
Puerto Ventanas explica por qué no se acogió a PDC
Asimismo, las empresas que son identificadas como infractoras pueden acogerse al Programa de Cumplimiento (PDC), que las obliga a adoptar medidas con un plazo determinado para resolver el daño que provocaron a la zona, a cambio de no aplicarse la sanción económica. Tal fue el caso, por ejemplo, de AES Gener o Codelco Ventanas, que fueron parte de procesos sancionatorios en 2014 (completado satisfactoriamente) y 2016 (aún en cumplimiento), respectivamente.
Eso sí, de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, «el procedimiento sancionatorio se reiniciará, pudiendo aplicarse hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original», consigna el documento metodológico de sanciones de la SMA.
Puerto Ventanas es la única empresa multada en este período en la zona, por un monto que ascendió a 132 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 120.000 de 2013. Consultado al respecto, Puerto Ventanas respondió que las empresas solo pueden acogerse a un PDC cada cinco años. Fueron tres las infracciones, dos por la ausencia de ciertos equipos en la bodega y una por la falta de un procedimiento administrativo, «calificada como grave de acuerdo al procedimiento establecido. Debido a lo anterior y considerando que las desviaciones fueron corregidas en forma inmediata, se decidió no presentar un PDC y proceder a subsanar con la mayor celeridad las desviaciones detectadas, las que fueron corregidas en su totalidad en un breve plazo», dice la compañía.
Normativa permite contaminar más del doble que recomendación OMS
Tema aparte son los estándares de cumplimiento. Una ex autoridad ambiental explica que en Chile no hay estándares para la emisión o concentración en el aire de muchos gases, como el benceno, tolueno, arsénico, xileno, cadmio, vanadio y compuestos orgánicos volátiles (COV), «no hay norma de calidad del aire ni de emisión en Chile. Porque son una enorme cantidad y está normado su uso en algunas actividades. Ahora, tras este incidente, quizás se evalúe su regulación», indica la fuente. Algunos de estos (como el arsénico o el mercurio), eso sí, se encuentran presentes en el material particulado (MP) que sí tiene un límite determinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
En el informe Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví -publicado a fines del año pasado y que está en etapa de aplicación-, se evidencia que los estándares chilenos permiten contaminar más del doble que los estándares de la OMS. Por ejemplo, la norma de calidad del aire de SO {-2} (dióxido de azufre) de la OMS establece un valor de 20 µg/m {+3} (microgramos por metro cúbico) como concentración media en 24 horas. El estándar de Chile, en cambio, es de 250 µg/m {+3} N como media en 24 horas. Esto es el doble del estándar que recomienda la Unión Europea para sus países miembros, de 125µg/m {+3} N.
Desde el MMA consignaron que esta norma se encuentra en proceso de actualización, así como también la normativa de MP10 y que ambas debieran ser evaluadas el segundo semestre.
MMA revela que nuevo estándar se basará en Finlandia
El «Informe II: Evaluación y diseño de las redes de monitoreo de calidad del aire», realizado por el Centro Mario Molina en 2017-, revela que la medición de niveles de contaminantes en Chile puede no ser confiable, debido a que tanto la recolección de las muestras como la medición de estas son realizadas por las mismas empresas fiscalizadas.
«En Chile la información que entregan los laboratorios acerca del suelo, del agua, del aire y las emisiones de contaminantes es poco confiable. La mayor parte de la información es generada por laboratorios privados a solicitud de otras empresas privadas o de organismos estatales. La institucionalidad ambiental no cuenta con un laboratorio de excelencia. (…) No se debería permitir que empresas operadoras locales realicen funciones de auditoría a sus pares», se explica en el reporte. Sobre la validez del documento, el Ministerio del Medio Ambiente dijo a «El Mercurio» que este informe, como muchos otros solicitados por el organismo, «son utilizados como insumo para mejorar el sistema de monitoreo del aire en el país».
Consultado sobre la falta de confianza en la automedición de las empresas de sus niveles de contaminación y la necesidad de un nuevo sistema de redes de monitoreo, el ministerio reveló que está trabajando para acoger el modelo finlandés en el país. «El MMA, Sofofa y la Embajada de Finlandia en Chile firmaron una carta de intención consistente en elevar los estándares de confiabilidad de las mediciones ambientales. (…). Esta alianza pone el foco en el control y aseguramiento de la calidad de las mediciones que realizan los CEMS ( Continous Emissions Monitoring Systems). Esto se realizará con la colaboración del Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) -que es uno de los centros de investigación aplicada más importantes del norte de Europa-, quienes entregarán ayuda en el desarrollo de un diagnóstico de las capacidades de monitoreo de emisiones atmosféricas en instalaciones», dijo la entidad.
Los episodios tóxicos que han marcado la bahía de Quintero
Vertimientos de crudo al mar y nubes tóxicas han causado las principales crisis ambientales. Hay registros que datan de diciembre de 1988, abril de 1994, abril de 2000 y julio de 2003.
Pero el incidente de este tipo más bullado tuvo lugar el 24 de septiembre de 2014, cuando en una fallida maniobra de descarga en el terminal de Enap, desde el buque «Mimosa» cayeron 37.800 litros de crudo al mar. Un año después, en agosto de 2015, el recién certificado tanquero «Doña Carmela» arrojó 400 litros de combustible. En mayo de 2016, el desprendimiento de un flexible del terminal multicrudo de Enap derramó aceite decantado.
En cuanto a emanaciones tóxicas, la primera en causar mayor revuelo tuvo lugar en junio de 2008, cuando 25 niños sufrieron problemas respiratorios por el derrame de 180 toneladas de 2-etilhexanol de la empresa Panimex al estero Campiche.
El 2011 fue otro año de nubes tóxicas. Ese año ocurrieron cuatro eventos. El 23 de marzo, 12 niños y 8 adultos fueron intoxicados por una nube de SO {-2} . El 31 de agosto de 2011 resultaron afectados otros 26 niños de 4 escuelas de Quintero, entre ellos el colegio Alonso de Quintero. El 7 septiembre de 2011, 34 personas de la escuela rural General Velásquez de Puchuncaví. Y el 24 de noviembre, nuevamente en la escuela de La Greda, afectando a 41 personas.
Previo a la actual crisis, en el último año hubo varias intoxicaciones de gases de origen desconocido. En marzo de 2017 fueron intoxicados 17 niños de la escuela Sargento Aldea de Puchuncaví, que sufrieron cefalea, náuseas y dolor de estómago. Al mes siguiente, otros dos niños de la misma escuela se intoxicaron por olor a gas, pese a que la red de monitoreo no marcaba nada anormal.
Vecinos dicen ser víctimas de un Estado fallido en tema ambiental
Siete integrantes de una misma familia sufrieron los efectos de los gases tóxicos de hidrocarburos que la semana pasada llevaron al menos a 358 personas a pedir auxilio médico al Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Estaban en su domicilio del pasaje Ancud s/n, en el sector alto de Ventanas, Puchuncaví, cuando el olor nauseabundo inundó todos los rincones de la casa, pasadas las 9 AM del jueves 23.
Uno de ellos, Tamara Suazo (23), reposaba de sus 34 semanas de embarazo en su dormitorio. «Empecé con dolor de cabeza y mareos», relata. Su angustia creció al ver que su hijo Danilo (4) mostraba similares síntomas. Para peor, Tamara presentó contracciones y se desmayó. Como pudo, su marido -que también se sentía mal- los llevó al centro asistencial. Sus cuñadas Alejandrina y Débora y las sobrinas Milenka (17) y Catalina (2) también tuvieron que recibir asistencia sanitaria, detalla.
Se trata de la octava intoxicación respiratoria masiva registrada en la última década en la bahía de Quintero y resultó ser la más grave de ellas. Para sus residentes, muestra la inoperancia del mismo Estado que a partir de 1958 transformó en industrial una zona hasta entonces turística, agrícola y de pesca artesanal. «Queda una sensación de total vulnerabilidad que ni siquiera en tu propia casa, los que más amamos, estén a salvo», enfatiza Carlos Muñoz (45), apoderado del liceo Alonso de Quintero y vocero de los 15 establecimientos de la comuna de Quintero, al otro extremo de la bahía, cuyos 15 mil alumnos debieron dejar de ir a clases para no exponerse a la nueva nube tóxica. «Es imposible entender que el Estado en esta comuna sea ineficiente en proteger a la infancia», añade.
De los 60 hasta ahora
Todo partió en la década del 60, con una termoeloéctrica a carboncillo (hoy de AES Gener) y una fundición y refinería de cobre (hoy de Codelco Ventanas). El dirigente pesquero de caleta Ventanas, el buzo Carlos Vega (62), recuerda aún las expectativas de progreso que despertaba en las comunas. Pero las más de 49 mil toneladas al año de dióxido de azufre (SO {-2} ) y material particulado (MP) que lanzaban «terminó matando las vocaciones productivas locales».
El dirigente fue testigo de la pérdida de la calidad de balneario de Quintero, de agricultura de lentejas de Puchuncaví y de la abundancia de recursos del mar. «Lenguado, cojinova, corvina, ostiones había en mi infancia. Hoy, con suerte, jibia», reclama.
El primer y hasta ahora único plan descontaminador de la zona, obligó a la fundición de cobre y a la termoeléctrica a reducir drásticamente sus emisiones. Pero no limitó el ingreso de nuevas empresas que paulatinamente, en especial hasta 2002, fueron ampliando el área para industrias peligrosas.
Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a mayo de 2016, seis empresas en su conjunto arrojan al aire un peso anual de gases contaminantes de 3 mil toneladas de MP, 32 mil de SO {-2} y 14 mil de óxidos de nitrógeno (NOx).
En 2014, un estudio encargado por el MMA al Centro Nacional del Medio Ambiente de la. U. de Chile, Cenma, no descartaba, además el efecto contaminante de compuestos orgánicos volátiles detectados en el aire de la bahía, como los que causaron la crisis de esta semana. El estudio recomendaba ampliar la red de monitoreo con estaciones manejadas por organismos públicos y crear planes preventivos de episodios de intoxicación.
Pese a esas recomendaciones y a las efectuadas en 2012 por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la actual red de monitoreo de gases cuenta con seis estaciones (solo una más que cuando partió en 1991), a cargo de las propias empresas. Esas inconcordancias del propio Estado incrementan la irritación de los dirigentes locales.
«En la actual crisis de intoxicados, solo vemos suspensión de clases y parar faenas de limpieza de estanques. Ninguna medida clara y de información transparente que garantice a la comunidad que se está atacando el origen de la contaminación», dice el ambientalista asesor de dirigentes pesqueros Hernán Ramírez.
Ampliación de causa
También despierta alarma la «pasividad» frente a indicadores inquietantes sobre la presencia de arsénico en el ambiente: mariscos extraídos de la bahía que en 2015 arrojaban valores de ese metal por sobre el reglamento sanitario de alimentos y en el aire de Quintero y Puchuncaví por sobre la norma europea, hasta 23,3 veces en La Greda ese año.
El arsénico también apareció en los restos óseos de 20 ex trabajadores de Enami, que murieron de cáncer en los primeros años de este siglo, tras haberse desempeñado en la fundición de cobre de Ventanas, cuando pertenecía a esa empresa, según el abogado Raúl Meza. La exhumación fue realizada en el marco de la investigación penal por cuasidelitos de homicidios múltiple que lleva a cabo el fiscal de Quintero Mauricio Dunner, a raíz de la querella encabezada por el presidente de esos ex trabajadores, Eduardo Pino.
Aunque Dunner está tratando por segunda vez de cerrar la investigación, estimando que no se ha podido establecer una relación causal entre la contaminación y la enfermedad que mató a los trabajadores, Pino y Meza dijeron que esta semana pedirán al fiscal regional ampliar la causa a delitos de lesa humanidad por negligencia del Estado.