La seguridad operativa del Sistema Eléctrico Nacional es un eje central que aborda Pedro Lagos, abogado de Arteaga Gorziglia, especialista en derecho regulatorio, ambiental y eléctrico, al analizar el actual proceso de descarbonización, mediante la salida de centrales a carbón, poniendo especial atención en el proyecto de ley que busca el cierre de este parque termoeléctrico desde 2025, conocido también como descarbonización acelerada.
A su juicio, se deben considerar algunos aspectos regulatorios en el contenido de la iniciativa legal que actualmente se encuentra en el Senado.
Alcances
¿Cómo analiza el proceso de retiro de centrales a carbón desde la perspectiva regulatoria y cuáles son los aspectos jurídicos en los que se deba poner atención en este proceso?
La descarbonización de la matriz eléctrica es un gran desafío que debe contemplar distintos elementos, como el social, el ambiental, la seguridad del sistema, el laboral y el económico, entre otros. Por esto se hace necesario que la mesa de trabajo creada por el Ministerio de Energía deba, entre otras tareas, analizar periódicamente la regulación energética y ambiental vigente, y la aplicación de esta para cada caso en particular.
Es así como, por ejemplo, de todas las unidades a carbón existentes, algunas, dada su antigüedad, no tienen Resolución de Calificación Ambiental (RCA) asociada al proyecto original, hay otras en que su respectiva RCA les exige un plan de cierre, y hay también aquellas que, contando con una RCA, en ellas se indica que probablemente éstas se reconviertan a otra tecnología de generación. Es decir, al menos desde el punto de vista jurídico-ambiental, hay aspectos importantes que se deben revisar en cada caso en particular, definiendo también la necesidad de someter un eventual desmantelamiento de estas plantas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Otro aspecto importante tiene que ver con la infraestructura de transmisión necesaria para que el Sistema Eléctrico Nacional pueda seguir operando, manteniendo los requerimientos de seguridad de servicio, lo cual también podría implicar cambios legales y ajustes regulatorios
¿Cómo analiza el tema del Estado de Reserva Estratégico y la discusión que se ha producido entre generadores a carbón y ERNC?
Conceptualmente, el Estado de Reserva Estratégico (“ERE”) es positivo por varias razones. Una de ellas es que en un contexto sin unidades a carbón, el ERE constituye una especie de “seguro” frente a escenarios críticos no esperados (fallas, sequías extremas, atrasos en obras de expansión, etc.), pues permitirá utilizar estas unidades en estos casos extremos. Otra razón es que el ERE, en forma indirecta, es un mecanismo que promueve la descarbonización de la matriz eléctrica. Por otro lado, son también atendibles las críticas que estiman que el pago reducido por concepto de potencia de suficiencia, sin estar operando una unidad determinada (o ya retirada del sistema), es algo injustificado y poco eficiente. Ahora bien, es importante recordar que las unidades “retiradas” que queden bajo el estado operativo “ERE”, deben seguir siendo mantenidas, tener suministro de carbón, y estar listas para operar si así lo requiere el Coordinador Eléctrico, por lo que debieran obtener algún tipo de remuneración que sea justa, eficiente, realista y fundamentada. Por ello es importante la discusión respecto al monto a remunerar, y requerir la mayor cantidad de estudios que sean necesarios para llegar a una solución equitativa, no discriminatoria ni arbitraria, de manera que el ERE sea un mecanismo adecuado en el marco del proceso de descarbonización.
¿Qué le parece el proyecto de ley de descarbonización acelerada desde el punto de vista jurídico?
Un proyecto de ley de esta naturaleza e importancia debe tomar en consideración la seguridad operativa y la eficiencia económica del Sistema Eléctrico Nacional. Al respecto, el Coordinador Eléctrico Nacional ya ha señalado, entre otros temas que, para un cambio de esta envergadura en la matriz eléctrica es indispensable contar con nueva estructura en la transmisión eléctrica (por ejemplo, la línea HVDC Kimal -Lo Aguirre), la cual, no estaría operativa antes de los plazos establecidos en el proyecto de ley de descarbonización acelerada. Otro tema relevante, que no ha sido analizado en detalle en el Congreso, es el impacto que este proyecto tendría en los precios medios de los contratos de suministro, lo que podría significar un alza de un 26% en las cuentas de clientes regulados, conforme lo ha indicado el ministro de Energía.