(Emol) Desde una central hidroeléctrica a metros del Salto Itata a una huerta solar en el desierto de Antofagasta. Así es el mapa para llevar la electricidad a lo largo de Chile, en un plan desarollado entre organismos públicos y privados.
Por una parte, el Estado funciona como subsidiario y regulador de la industria eléctrica local a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE) «con el objetivo de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica».
Junto a ésta, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) vigila la regulación y distribución de los recursos, mientras que el Ministerio de Energía los coordina.
Existe además un tercer organismo conocido como el Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, compuesto por cinco ingenieros y dos abogados.
La tarea de este «tribunal» es dirimir ante cualquier discrepancia o conflicto entre las entidades públicas y los protagonistas privados que finalmente son los que invierten en estas iniciativas.
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