El último boletín mensual de Valgesta Nueva Energía abordó el tema de las tarifas eléctricas y la importancia de transparentar los costos reales, en el marco del inminente agotamiento del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía para clientes regulados, donde el análisis estima «un aumento en las tarifas de los clientes del orden 16 $/kWh durante el segundo semestre de 2022, lo que corresponde a un alza de entre un 11% a 15% de la tarifa del cliente final, dependiendo de la comuna en que se encuentre cada cliente».
«Adicionalmente, nuestros resultados muestran que este aumento permanecerá durante todo el año 2023 y se
reduciría sólo una vez que entren en operación los contratos de la licitación 2017/01 en enero de 2024. Por otro lado, el modelo muestra que el PEC debería ser ajustado en el período 2025-2027 para poder pagar
la totalidad de los saldos adeudados. Dicho aumento correspondería a un 2-3% de la tarifa residencial final», precisó el documento.
Según la consultora, las soluciones para este problema deben considerarse en el mediano y largo plazo: «A modo de ejemplo, si se optara sólo por aumentar el monto total de la deuda (o eliminar el actual límite), esto en implicaría “trasladar” el alza tarifaria esperada del segundo semestre de este año y la del primer semestre de 2023 al período 2025-2027».
Y se afirma: «En efecto, asumiendo un tipo de cambio constante de 800 CLP/USD y liberando el límite del fondo de estabilización se obtiene una acumulación de saldos que llega a 2.071,7 MM USD. Se observa también que el aumento de las tarifas se ve retrasado y empieza el segundo semestre de 2023. Por último, el aumento en las tarifas finales de los clientes residenciales pasaría de ser un 2-3% a 6-9% en el período 2025-2027, para poder pagar la totalidad de los saldos adeudados».
En su conclusión, el boletín señala que el nuevo gobierno «tendrá que tomar decisiones complejas, que por una parte minimicen o eviten el alza inminente en las tarifas de las familias del país, en especial para aquellas familias que requieren protección, pero que también comience gradual y progresivamente a regularizar y transparentar el costo real de suministro eléctrico en el país. Es por esto que el problema debe ser estudiado en profundidad, las soluciones deben ser consensuadas para tomar el camino que logre beneficiar a la población en el corto plazo y reduzca los impactos negativos que se puedan generar en el mediano y largo plazo».