En un fallo dividido, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los reclamos de ilegalidad presentados por los integrantes del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), dejando sin efecto las multas monetarias que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) les había impuesto tras apagón del 25 de febrero de 2025.
La decisión judicial beneficia a los cinco consejeros que fueron sancionados por el ente regulador: Juan Carlos Olmedo, Bernardita Espinoza, Jaime Peralta, Humberto Espejo y Carlos Finat, abarcando tanto a quienes se mantienen en sus cargos como a aquellos cuyos periodos ya concluyeron.
El conflicto legal se originó a raíz de la Resolución Exenta Electrónica N° 37765, emitida por la SEC el 20 de febrero de 2026, la cual calificó la infracción como gravísima y sancionó a cada consejero con una multa individual de 300 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que es equivalente a un poco más de $21 millones. Para el regulador, los directivos habrían incumplido su deber de vigilancia sobre las acciones del Coordinador, al permitir que el sistema operara en condiciones consideradas inseguras durante el evento que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país durante varias horas.
Sin embargo, los afectados recurrieron de ilegalidad ante el tribunal de alzada argumentando graves vicios en el procedimiento administrativo y una alteración en los estándares de responsabilidad.
Tras analizar los antecedentes, la mayoría de la Novena Sala determinó que la formulación de cargos de la SEC fue inaceptablemente vaga, genérica y difusa, lo que impidió que los consejeros pudieran ejercer de forma eficaz su derecho a defensa.
Fallo
El fallo enfatizó que la administración pública tiene la obligación ineludible de describir con precisión meridiana la conducta, acción u omisión concreta que se le reprocha al fiscalizado, en lugar de obligar al administrado a adivinar los fundamentos de la falta. De este modo, al no haberse especificado el reproche exacto, la resolución quedó irremediablemente teñida de arbitrariedad e ilegalidad.
Asimismo, el tribunal abordó el estatuto de responsabilidad aplicable, recordando que la ley fija para los consejeros un estándar de culpa leve, equivalente al cuidado ordinario que las personas emplean en sus propios negocios.
La Corte advirtió que la autoridad reguladora incurrió en un error metodológico fundamental al “razonar desde el resultado”, es decir, utilizar la ocurrencia misma del apagón como prueba automática de culpabilidad, lo que en la práctica equivalía a imponer una responsabilidad de carácter objetivo, político y colectivo ajena al marco normativo vigente.
En la misma línea argumentativa, la sentencia destacó la ruptura del nexo causal, mencionando que el origen directo y eficiente del corte de suministro fue la intervención no informada por parte del personal de una empresa privada en las protecciones de una línea de transmisión de alta tensión.
Los magistrados recalcaron que los consejeros cumplen funciones colegiadas de gobierno corporativo y fiscalización macro, sin operar de manera directa en el Centro de Despacho de Carga en tiempo real ni controlar las maniobras específicas de las empresas coordinadas. Por último, el tribunal criticó la falta de motivación adecuada en el acto administrativo al omitir pronunciamiento sobre defensas clave y extralimitarse al revisar decisiones técnicas que competen al Panel de Expertos.
Voto en contra
La decisión, sin embargo, no fue unánime y contó con el voto en contra de la ministra Jenny Book. La magistrada disidente estimó que el procedimiento administrativo cumplió con las normas del debido proceso y que la SEC actuó en estricto apego a sus facultades legales.
Según su perspectiva, el Coordinador tenía conocimiento previo de los riesgos asociados a operar el sistema transmitiendo un flujo superior a los 1.600 MW, registrándose transferencias del orden de 1.800 MW en el corredor de la zona norte el día del evento, lo que evidenciaba vulnerabilidades ante contingencias extremas y justificaba, a su juicio, la mantención de las sanciones para cautelar la seguridad del servicio eléctrico nacional.