(Pulso) En no más de 10 días. Ese es el nuevo plazo que se autoimpuso la Contraloría General de la República para determinar si hubo irregularidades en el tiempo que tardó el Comité de Ministros en revisar las reclamaciones contra el proyecto HidroAysén.
Así lo confirmó a Pulso el mismo contralor, Ramiro Mendoza, quien sostuvo que, como el Comité de Ministros decidió reunirse el 30 de enero pasado y analizar las mencionadas reclamaciones, «el asunto volvió a reestudio». Más aún considerando que el Comité sólo resolvió algunas reclamaciones, dejando pendiente la definición final, a la espera de la realización de dos estudios.
El análisis de la Contraloría tiene su origen en un oficio enviado por el diputado radical, Alberto Robles, poco menos de un año atrás. En concreto Robles solicitó a la Contraloría su pronunciamiento «sobre la eventual existencia de irregularidades administrativas o incumplimiento legal, en la ausencia de la convocatoria a la reunión del Comité de Ministros que debe resolver las reclamaciones respecto del proyecto hidroeléctrico HidroAysén».
La acción del diputado Robles y las indagatorias de la Contraloría se basan en que, hasta que el comité se reunió, el 30 de enero, el proyecto hidroeléctrico llevaba más de dos años en la instancia ministerial, en circunstancias en que la ley señala que el comité tiene un plazo de 60 días para conocer y resolver los recursos.
Pero esta vez la investigación de la contraloría va más allá, porque a juicio del contralor la resolución del Comité de Ministros de fines de enero cambia el foco de la indagatoria.
En definitiva, dijo el mismo Mendoza, más allá del cuestionamiento sobre los plazos, lo que investiga ahora la entidad que dirige son las competencias de la entidad ministerial, es decir, si podía resolver de la manera en que lo hizo. «En estricto rigor nosotros tenemos dudas respecto a la competencia del Comité de Ministros», dijo Mendoza.
Y añadió: «Si hay ya un dictamen del Comité de Ministros lo que nosotros estamos viendo es que a estas alturas es inapropiado que dictaminemos respecto al contenido de la petición hecha por el parlamentario (referente solo a los plazos)», aseguró.
Notificaciones y plazos
En tanto, para fines de esta semana se espera que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) notifique a una parte de las 35 instituciones o personas que reclamaron ante el Comité de Ministros, solicitando modificaciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que recibió el proyecto HidroAysén.
Los mencionados reclamantes recibirán la resolución con el detalle de lo decidido por el Comité de Ministros respecto de dicho proyecto hidroeléctrico, instancia que a fines de enero decidió dejar pendiente la definición final respecto de si lo aprueba o no.
De hecho, sólo 17 de las 35 reclamantes recibirán resolución, mientras que quedarán pendientes todas aquellas que, entre sus alegaciones, contengan temas de hidrología y salud pública, aspectos sobre los cuales el comité ordenó solicitar dos nuevos estudios para conocer el real impacto de la construcción de las centrales. De esta forma el comité postergaba la definición final sobre el proyecto para que sea resuelto por el próximo gobierno.
Foto: www.contraloria.cl