(La Segunda) A dos meses de la entrada en vigencia del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), uno de sus aspectos más polémicos, la consulta indígena homologada al Convenio 169 de la OIT, hará su debut con un proyecto eléctrico clave: la expansión del sistema de transmisión.
La iniciativa, que contempla una inversión de US$1.000 millones, corresponde a la construcción de una línea de transmisión de 753 kilómetros entre la subestación Cardones (cercana a Copiapó) y la subestación Polpaico (Santiago).
Con este proyecto se unifican las tres licitaciones realizadas por el Ministerio de Energía, adjudicadas a la empresa colombiana ISA, a través de su filial InterChile.
Si bien el viernes pasado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no admitió a trámite el proyecto al encontrar observaciones de forma en el estudio presentado, el informe sería ingresado otra vez esta semana y uno de sus grandes desafíos será enfrentar el nuevo proceso de consulta indígena.
Esto, porque en el trazado planteado por la compañía de capitales colombianos se afectarían terrenos de comunidades diaguitas en las cercanías de Huasco.
El gerente general de InterChile, Jorge Rodríguez, dijo que «esa consulta indígena estará reglada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros ya hemos hecho con las comunidades diaguitasalgunas aproximaciones, pero el funcionamiento oficial será hecho junto a la entidad evaluadora».
Para eso la empresa cuenta con la asesoría de Gestión Ambiental Consultores (GAC). «En el proceso estamos acompañados por una firma consultora chilena. También hemos contratado expertos. Estudiaremos cómo hacerlo de mejor manera», sostiene el ejecutivo
Añade que «oportunamente estaremos haciendo las consultas comunitarias que nos sean indicadas» para que se pueda llegar a buen puerto con el proyecto, calificado como fundamental para asegurar el suministro eléctrico en los próximos años en la zona norte del Sistema Interconectado Central (SIC).
«Es un tema que estamos solucionando en el día de hoy. Hubo algunas observaciones sobre la municipalidad a la que correspondía alguno de los trabajos. Creemos no tener errores en nuestro documento».
La fórmula para cumplir con la OIT
Polémica causó la aplicación del Convenio 169 de la OIT que obliga que toda medida administrativa de afecte a indígenas sea consultada a sus comunidades cuando la justicia justificó la revisión del proyecto minero El Morro al no haber efectuado este proceso a los pueblos originarios.
Por eso uno de los objetivos del nuevo reglamento del SEIA -que si bien en mayo de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el documento, recién desde diciembre pasado está operativo- era incluir la consulta indígena en la tramitación de proyectos de inversión.
El Convenio 169 mandata que todas las medidas administrativas que son susceptibles de afectar a los pueblos originarios deben ser consultados.
Ahora, con el nuevo reglamento en funcionamiento, no sólo se hace la consulta, sino que también se requiere que la evaluación ambiental se haga distinta, con énfasis en los pueblos originarios, focalizando medidas de mitigación o reparación para ellos, explicaron en su oportunidad desde el SEA.