Los 31 proyectos corresponden a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y un 65% proviene del sector energético, con US$ 4.530 millones de inversión. En segundo lugar viene la industria minera, que representa el 23% del total, con US$ 8.854 millones.

Representantes de dichas comunidades resaltaron que los proyectos en trámite (creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, en el Senado; y del Consejo Nacional y Consejos de Pueblos Indígenas, en la Cámara) son una base para avanzar en una relación de iguales.

El nuevo reglamento que hoy se encuentra en revisión por parte de Contraloría tiene una visión de evaluación estratégica y no de proyecto, lo que permite poner énfasis en una evaluación integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa, destaca el Ministerio del Medio Ambiente.

Señala que sólo 16% de iniciativas ha terminado en tribunales en últimos cinco años.

Algunas empresas de asesorías comunicacionales vienen trabajando desde hace más de 15 años en esta área, y otro grupo en los últimos años comenzó a formar equipos especializados. En las compañías, especialmente de energía y minería, se ha empezado a asentar la figura de los encargados de relaciones institucionales y con el entorno.

El senador Eugenio Tuma indicó que “no basta con cumplir con un trámite que mandata el Convenio 169, sino que se trata de respetar sus intereses entendiendo la importancia que ello tiene”.

Los especialistas hicieron énfasis en la necesidad de dar participación a las comunidades indígenas dentro de la toma de decisiones.

A 25 años de la creación del convenio indígena, en la actividad hubo concordancia en que se necesita más apoyo de la OIT.

Documento propone posibilitar un cambio de paradigma, que implique aproximarse en forma positiva a las relaciones entre unas y otras, trasladando este tema desde la matriz de riesgos hacia una ventana de oportunidades.