El ministro de Energía, Claudio Huepe, señaló que el nuevo mecanismo de precios que propone el proyecto de ley que ingresó al Congreso, evitará un alza en las tarifas eléctricas, calculadas arriba de 40%, además de crear un fondo que permita enfrentar situaciones de emergencia imprevistas, siendo una de sus principales novedades el que diferencia tramos, según el nivel de consumo de cada cliente.
Se considera que el fondo de estabilización tenga «criterios de solidaridad y proporcionalidad de acuerdo a tramos de consumo de kWh mensuales, fijando un tramo exento del cargo para clientes que registren consumos inferiores a 250 kWh».
La autoridad formuló sus dichos en la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde detalló la iniciativa legal, afirmando que la idea es que los grandes consumidores de energía «subsidien a los pequeños consumidores».
Añadió que lo que se busca es que los clientes libres aporten al sistema «como un todo», basado en un principio de «tratamiento diferenciado y aporte según capacidad», estableciendo un Cargo por Servicio Público (CSP), el cual -según indica el proyecto- «debe ser soportado por la totalidad de los usuarios -libres y sujetos a regulación-.
La proyección es que, a 2023, el alza de tarifas para clientes con consumos menores a 250 kWh sea de hasta 5% sobre la variación del IPC en cada fijación tarifaria, mientras que aquellos con consumos entre 250 y 500 kWh tendrían un ajuste máximo de 15%, en tanto que los que consuman por sobre este rango pagarán el precio nudo promedio de la energía que se fije cuando corresponda.
Más adelante, Huepe precisó que, hacia 2024, el saldo de la deuda pasará de los actuales US$1.479 millones a US$2.536 millones, de los cuales US$2.073 millones serán a cargo de los grandes clientes del sistema eléctrico.
De acuerdo con Huepe, la idea es proteger a los clientes regulados, especialmente a los de menores consumos.
Energías renovables
También explicó que el objetivo de la iniciativa legal es contener la acumulación de los saldos adeudados por la estabilización de 2019 y entregar una señal de estabilidad regulatoria para el sector de las energías renovables.
Según Huepe, este último punto es relevante, por cuanto para las empresas de energía renovable de menor tamaño se ven afectadas en su riesgo financiero a causa del actual mecanismo. «Al asegurarnos de que se va a pagar este fondo de corto plazo, damos una señal de estabilidad para estas empresas que, o si no, podrían tener problemas de liquidez».
A su juicio, el fondo de largo plazo también «es una señal muy fuerte para el desarrollo del sistema», desde el punto de vista de la transición de energía fósil a renovable, pues el mecanismo pretende garantizar que estos actores vayan a buscar financiamiento con el respaldo de que la regulación los avalará en caso de contingencias, sin ponerlos en riesgo.