(El Mercurio) En el cuerpo de Bomberos de Curepto (Región del Maule) se realizó ayer la audiencia en la que se acordó la suspensión condicional del procedimiento iniciado contra Juan Ortega, Pablo Loyola, Leonardo Sazo y Guillermo Gutiérrez, ejecutivos de la empresa eléctrica CGE, imputados por su presunta responsabilidad en los incendios forestales de enero de 2017, que afectaron a cerca de 200 personas en Curepto, Licantén y Vichuquén.
La condición propuesta por la fiscalía fue la cancelación de los daños. En total, CGE pagará $9.500 millones en indemnizaciones.
«Desde un primer momento, las víctimas nos manifestaron que querían una reparación de los daños», señaló José Alcaíno, fiscal a cargo del caso. Según el persecutor, los ejecutivos de CGE incumplieron la obligación legal y reglamentaria de prevenir los incendios forestales.
«Es difícil establecer un monto total, porque se tiene que determinar con peritajes, pero sí se trata de un plan compensatorio serio y muy significativo», afirmó Cristián Muga, abogado de CGE.