Durante la inspección, los equipos técnicos junto a dirigentes sociales identificaron las áreas donde estos cables representan un peligro y obstaculizan el desarrollo urbanístico.

Además, se detectaron 21 locales comerciales que intentaban vender dichos productos, por lo que el organismo llamó a comprar artefactos que estén certificados.

Fiscalizadores han desarrollado un plan de revisión a lo largo del país, para verificar que se estén vendiendo solo productos con el distintivo, el cual acredita que los artículos cuentan con un mayor estándar de seguridad.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, felicitó el trabajo conjunto y explicó que las bandas criminales ya no se dedican sólo al narcotráfico, sino que a todo tipo de negocios, como el robo de cables.

Desde la SEC y el ministerio de Energía plantean una serie de consejos prácticos con el fin de prevenir situaciones como las fugas de gas o la presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

Instancia público-privada promueve que la ciudadanía denuncie este tipo de ilícitos, que solo este año se han traducido en hurtos de más de 5 km de tendido eléctrico en la zona y pérdidas por $200 millones.

La seremi de Energía, Cecilia Sánchez Valenzuela, destacó que esta iniciativa público-privada apunta a garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico para los habitantes de la región.

Las seremis del Trabajo, Pilar Sazo, y de Salud, Marlenne Durán, estuvieron en la zona y esperan un informe preliminar de la empresa para esclarecer los hechos tras la fiscalización de rigor.

Con respecto a 2017 hubo un alza de 9,85% en inversión en este ámbito.