(La Segunda) A pesar de que la línea de transmisión Cardones-Polpaico lucha por estar operativa a fines de año, aún continúan apareciendo obstáculos de último minuto para el tendido eléctrico más grande del país, que superará los 750 kilómetros de extensión y es clave para la interconexión de los dos sistemas actuales: SIC y SING, lo que está previsto para 2018.
La línea perteneciente a la empresa Interchile mantiene un flanco judicial abierto con el grupo CAP, luego que una compañía vinculada al grupo, Sociedad Minera El Águila, presentó en febrero pasado una demanda en el Juzgado de Letras de Vallenar contra la eléctrica por la supuesta construcción sin permiso de torres de alta tensión en un predio de su propiedad en la comuna de Vallenar.
En un escrito presentado por los abogados Marcelo Mardones y Martín Gubbins, la empresa minera pide a la justicia que «se decrete la inmediata suspensión provisional de las obras ilegales», y eventualmente que «se ordene la demolición de las obras a costa de la denunciada».
El predio en disputa se encuentra específicamente en un terreno de la Compañía Minera del Pacífico (brazo minero de CAP), llamado Estancia Higuera Las Minillas, el que después fue dividido.
Según explican fuentes legales conocedoras del caso, para instalar una línea como la de Interchile se debe contar con un derecho de servidumbre, previo pago de una indemnización, y si bien la empresa tiene una concesión respecto de este predio, no tiene una servidumbre que la habilite, ya que una buena parte del terreno cambió de dueños cuando Interchile tramitaba el permiso para sus torres.
Según la firma ligada a CAP, existe un terreno que no fue cubierto por la indemnización y que igualmente fue usado por la firma energética sin su permiso.
Acusan ingreso ilegal
«Interchile ha estado ingresando de manera ilegal y no autorizada al predio, con vehículos, herramientas de trabajo, instalando campamentos y realizando movimientos de tierra», apunta la minera, quien no sólo recurrió a la justicia civil, sino que fue a Carabineros de Vallenar a dejar constancia de «existencia de las obras «, apunta el documento.
Para no retrasar sus obras, Interchile, mediante su abogada Ingrid Piñonez, pagó una caución (garantía) de $100 millones, posibilidad que contempla la ley para proseguir con las faenas.Según la eléctrica, «Interchile no hace otra cosa que ejercer su derecho de construir sobre el predio del propietario denunciante», amparándose en decretos del Ministerio de Energía.
Por lo pronto, ambas empresas esperan que se defina el fondo del caso para saber si es pertinente la presencia de un tasador y el pago de una indemnización.
El duro camino del proyecto, de Bofill hasta Girardi
La iniciativa de la filial energética del grupo colombiano ISA (Interchile) , que obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental en 2015, ha enfrentado una dura oposición entre algunos vecinos de la zona de Zapallar y representantes de otras comunas.
Algunos opositores ilustres han sido la sociedad Agrovivo, perteneciente al empresario Gonzalo Bofill, de Carozzi, y también el senador PPD Guido Girardi, quien rechazó que la línea pasara por la cuesta La Dormida, donde tiene un campo de su propiedad.
La iniciativa cruzará las regiones de Atacama, Coquimbo Valparaíso y llegará a la Región Metropolitana.
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