(Diario Financiero) Un 48% de avance en materia legislativa alcanza la administración de Michelle Bachelet con respecto a las promesas que se hicieron en campaña. Así lo revela la Fundación Ciudadano Inteligente en su informe anual «Del Dicho al Hecho», lo que guarda relación con que el gobierno alcanza una nota de 2,5 (en una escala de 4) de coherencia entre lo que se prometió y lo que finalmente se realizó.
Para el tercer año, considerando las fechas entre el 11 de marzo de 2016 y los 12 meses posteriores, la administración de la actual mandataria avanzó solamente un 8% en su agenda legislativa.
A modo de comparación, al tercer año de gestión el gobierno de Sebastián Piñera alcanzaba un 37% de avance de cumplimiento legislativo.
Imagen foto_00000009La composición del parlamento sería uno de los factores al momento de contrastar el actual gobierno con su predecesor. «El gobierno de la presidenta cuenta con mayoría parlamentaria más amplias que las con que contaba Piñera en su momento», explica el coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, Octavio Del Favero, a lo que añade que «este gobierno también abordó un número de reformas más ambiciosas».
Separado por áreas, energía figura como el campo en el que más se ha avanzado hasta la fecha, con un 95% de avance y 3,2 (en escala de 4) en coherencia. Lo que se explica por los proyectos realizados en el fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), el fomento del uso de energía solar en subsidios habitacionales y fortalecimiento del rol regulador de la comisión nacional de energía, todos proyectos que cumplen con el 100% de ejecución y acompañado del fortalecimiento del rol de ENAP en la estrategia energética de Chile que cumple con un 70%.
Respecto al avance en Energía, Del Favero explica que «son varios elementos, el primero es que este gobierno tuvo la visión de generar una agenda energética, que dio una visión de largo plazo de las necesidades del sector y en el fondo le dio claridad a muchos actores que les permitió avanzar», sin embargo aclara que «es un área de la política que es un poco más técnica que otras, entonces genera más consensos y menos divisiones ideológicas entre los distintos sectores».
Este ranking de promesas cumplidas le sigue educación que figura con un 73% de avance en materia legislativa y 3,3 (en una escala de 4) en nivel de coherencia. Que se reflejó en la creación de centros de formación técnica estatales en todas las regiones, cuyo desarrollo se encuentra cumplido en un 100% con unImagen foto_00000010 máximo nivel de coherencia, la creación del Servicio Nacional de Educación Pública y Servicios Locales que cumple a un 70% y con una escala de 3 (en una escala de 4) en la escala de coherencia, y sumado a las promesas cumplidas en temas de educación superior que fueron receptadas con el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, la Agencia de la Calidad de la Educación Superior y el Nuevo Sistema de Acreditación de Instituciones de Educación Superior; estas cuatro promesas tienen un 40% de cumplimiento, ya que se encuentran en primer trámite y con una máxima escala de coherencia.
En el nivel de porcentaje de aprobación, el área de transporte y telecomunicaciones se ubica en el nivel más bajo, con un 8% de avance y una coherencia de 1,6 (en una escala de 4).
«Yo creo que transporte tiene la particularidad de no solamente haber avanzado menos, sino que también tiene pocas promesas de carácter legislativo», afirma Del Favero, a lo que añade que «hay muchos elementos en esta área que pueden ser resueltos a nivel administrativo o a través de otros instrumentos. La autoridad tiene herramientas importantes para introducir soluciones sin necesariamente modificar la ley».
Con respecto a cómo terminará el gobierno de la presidenta Bachelet, estiman que -según las mismas prioridades que el gobierno definió-, el porcentaje de cumplimiento va a estar cerca del 55% o 60% máximo.
En contraste, el estudio del «Dicho al Hecho» definió en 60% el cumplimiento legislativo total de todo el gobierno de Sebastián Piñera.
«Este número nos parece que, en términos relativos, no está tan mal. Pero en términos generales o términos absolutos, nos parece un número insuficiente. Lo que nosotros estamos tratando de promover con este estudio es ser incentivo a las autoridades a cumplir en mayor medida, porque entendemos que los procesos electorales son acuerdos entre la ciudadanía y los representantes. Creemos que estas cifras pueden mejorar si la ciudadanía suma un rol activo en la fiscalización y en la exigencia del cumplimiento de las promesas», sostiene Del Favero.