La Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN) planteó la necesidad de establecer una separación estructural entre los segmentos de distribución y la comercialización de la energía, en el contexto de la discusión que se impulsará con el proyecto de ley larga que el gobierno enviará próximamente al Congreso, con el objetivo de permitir una competencia real en el mercado.
«Las actividades de distribución y comercialización son intrínsecamente distintas en su naturaleza, siendo la primera un monopolio natural y la segunda apta para un mercado competitivo. “Al reunir ambas dentro de una sola función, se generan múltiples ineficiencias y fallas de mercado. Bajo este mismo razonamiento, es que se optó por imponer la separación estructural de los segmentos de transmisión y generación, lo que resultó ser una experiencia exitosa que permitió el desarrollo de ambos mercados», señaló el presidente de ACEN, Eduardo Andrade.
Diagnóstico
De acuerdo con el análisis de la asociación gremial, «una separación estructural contribuye a eliminar barreras de entrada o de contratación y asimetrías en la información, entre otras, como también facilitar la fiscalización de este mercado. Lo anterior permitirá evitar la incorrecta utilización de los recursos y equipos de personas destinados a realizar una actividad con remuneración regulada».
«En este escenario, la consecuencia natural de la división de ambos segmentos es que la distribuidora sea la encargada de la lectura y medición de los consumos de los clientes, y de centralizar el traspaso de la información a los comercializadores u otros agentes del mercado de aquellos clientes que lo hayan autorizado expresamente. Si esto último no lo asumiera la distribuidora, sería necesario la creación de un ente independiente, que ha sido denominado Gestor de la Información, que debería realizar esta tarea», se indicó.
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Propuestas
Por otro lado, la asociación gremial considera primordial que se establezcan normas y procedimientos que permitan implementar sistemas de información que protejan la privacidad de los clientes y que les conceda acceso directo y en tiempo real a sus datos de consumo eléctrico.
Según Andrade, estos sistemas de información deberán permitir el acceso a terceros que cuenten con la debida autorización, «de forma tal de generar mayor competencia y mayor oferta de servicios de valor agregado al cliente, así como la fiscalización y auditoría de las cuentas eléctricas».
Si bien, comentan desde ACEN, existirían aquellos consumidores que, por distintas razones, no puedan o no quieran contratar su suministro con el comercializador, deberían ser igualmente resguardados y, en ese sentido, alientan que se establezcan dos categorías.
La primera es el denominado minorista, cuya potencia conectada debería ser igual o inferior a 10 kW y que contrata con el comercializador a una tarifa regulada (Tarifa de Último Recurso). La segunda es el mayorista cuya potencia conectada es superior a 10 kW y que acepta una contratación libre y voluntaria en consideración a distintas variables de interés del consumidor como curvas de consumo o fuente de generación, entre otros.
Andrade explica que la competencia equitativa entre comercializadores, y con otros terceros operando en el mismo mercado, «debe incorporar prácticas como la estandarización de procesos y tarifas de los servicios regulados que prestan las empresas distribuidoras; hacer exigible el cumplimiento de los plazos y fiscalizar los cobros que realizan las empresas distribuidoras en razón de obras y proyectos en empalmes o aumentos de capacidad; la capacidad de hacer efectivo un corte de suministro cuando se registren montos impagos en cualquier cargo de las facturas y; no permitir el cambio de comercializador existiendo deudas pendientes, entre otros».
Además, consideran importante «la creación de un call center único nacional para la atención de los reclamos asociados a los asuntos técnicos de las distribuidoras, que permita a la autoridad mayor eficacia en el análisis de datos y reducir los costos a los clientes finales».