El rápido crecimiento de la electromovilidad en América Latina está impulsando un nuevo desafío para la región: cómo gestionar las baterías de iones de litio una vez que terminen su vida útil. Si bien estos componentes son fundamentales para la transición hacia un transporte más limpio, en los próximos años también se convertirán en un residuo de alto valor económico e impacto ambiental, lo que exige marcos regulatorios capaces de asegurar su reutilización, reciclaje y disposición segura.
Con ese objetivo, Stefano Sacco, líder de Baterías y Minerales del Centro de Movilidad Sostenible (CMS) realizó un análisis comparativo del ecosistema regulatorio de las baterías de litio en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, evaluando el estado de sus políticas públicas, el desarrollo de infraestructura de reciclaje y los avances en Responsabilidad Extendida del Productor (REP), trazabilidad, segunda vida y transporte de estos residuos.
Mercado en crecimiento y regulación en desarrollo
El estudio mostró que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos en la región hace cada vez más urgente preparar la gestión de las baterías fuera de uso.
“Sólo durante 2025, Brasil comercializó 224 mil vehículos eléctricos, un 26% más que el año anterior. En Uruguay, estos vehículos alcanzaron una participación de mercado del 28%, equivalente a 13.500 unidades, mientras que en Costa Rica representaron el 18% de las ventas de automóviles durante el primer semestre del año”, apuntó Sacco.
Este crecimiento implica que, en los próximos años, miles de baterías de litio deberán ingresar a sistemas de reciclaje, reutilización o valorización, un escenario para el cual la mayoría de los países aún no cuenta con regulaciones específicas.
Uno de los principales hallazgos del análisis es que América Latina se encuentra todavía en una etapa inicial en materia de regulación de baterías de litio. En la mayoría de los casos, estas se gestionan bajo marcos generales de residuos o de economía circular, utilizando el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pero sin normas específicas para baterías provenientes de vehículos eléctricos.
En este contexto, el estudio identificó distintos niveles de avance entre los países analizados. “Uruguay lidera la región al ser el primer país de la región en contar con un decreto específico para la gestión de baterías de litio provenientes de la electromovilidad. Chile avanza en la elaboración de su normativa particular tras el proceso de consulta pública realizado en 2026, mientras que Colombia regula actualmente estas baterías mediante la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), aunque desarrolla estudios para contar con una regulación especializada”, dijo el investigador.
Por su parte, Brasil tramita proyectos de ley vinculados a logística inversa y trazabilidad, y México incorporó este año la Responsabilidad Extendida del Productor en su nueva Ley General de Economía Circular, aunque aún debe desarrollar su reglamentación. Ambos países son líderes en ventas de autos eléctricos en la región.
De igual manera, Costa Rica y Ecuador continúan trabajando principalmente bajo normas generales sobre residuos y hojas de ruta técnicas.
Reciclaje y segunda vida
El análisis también identificó avances en infraestructura para el reciclaje y valorización de baterías. Colombia, Costa Rica y México ya cuentan con capacidades para procesar estos residuos utilizando estándares internacionales, lo que representa una base sobre la cual desarrollar una industria regional.
Sin embargo, el estudio advirtió que persisten importantes brechas en materia de trazabilidad, certificación de segunda vida y armonización de requisitos técnicos entre países.
Para Stefano Sacco, el momento actual representa una oportunidad estratégica: “Antes de que el volumen de baterías fuera de uso aumente significativamente, la región puede avanzar hacia regulaciones compatibles que unifiquen definiciones, estándares técnicos y sistemas de registro, facilitando el transporte transfronterizo, el reciclaje y el desarrollo de cadenas de valor circulares para estos materiales”.
Entre las principales recomendaciones del estudio, se planteó avanzar hacia normativas específicas para baterías de litio, desarrollar infraestructura regional de reciclaje y valorización, implementar sistemas obligatorios de trazabilidad y etiquetado, regular la certificación de la segunda vida de las baterías y armonizar los requisitos técnicos utilizando estándares internacionales.
Trabajo cooperativo
Asimismo, se destacó la importancia de la cooperación entre los países de la región para consolidar una cadena de valor circular que permita aprovechar el potencial económico de estos materiales y reducir los impactos ambientales asociados a su disposición.
El análisis concluyó que el crecimiento sostenido de la electromovilidad convierte la gestión de baterías en un desafío compartido para América Latina. “Contar con regulaciones coordinadas y compatibles permitirá no solo responder al aumento de estos residuos, sino también impulsar una nueva industria vinculada al reciclaje, la reutilización y la economía circular de baterías”, advirtió Stefano Sacco.
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