(El Mercurio) La guerra por el control de la distribuidora Eletropaulo por parte de Enel, a través de su filial Enel Américas, e Iberdrola, con Neoenergía, hizo caer la acción de la empresa chilena en 9,4%. Esto, considerando la presentación de las últimas ofertas, el 25 de abril, hasta el cierre de ayer, mermando la capitalización bursátil en US$ 1.719 millones.
Según la abogada Bárbara Salinas, que representa a socios minoritarios, «esta baja es coincidente desde que esta operación se comenzó a anunciar y muestra que es perjudicial para los accionistas minoritarios». Por lo mismo, anuncia que «vamos a utilizar todas las herramientas que el sistema jurídico chileno contempla para proteger sus intereses». Incluso si ello implica frenar la operación, que contempla como fecha de presentación de últimas ofertas el próximo 4 de junio.
Salinas considera «sumamente grave» que si Enel Italia ha tomado la decisión de adquirir el control de la eléctrica en Brasil «lo haga, comprometiendo el patrimonio de la empresa en Chile, sin siquiera informar a sus socios locales las condiciones en las que estaría comprometiendo sus inversiones».
«Lo que está en juego es el patrimonio de cerca del 49% de los accionistas que no son Enel SpA, porque se trata de una operación financiera de cerca de US$ 2 mil millones que la matriz de Italia ha decidido llevar adelante, comprometiendo el financiamiento de la empresa constituida en Chile sin transparentar los términos, condiciones y riesgos a los demás accionistas», señala Salinas.
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La abogada indica que «la estrategia que ha mostrado Enel en este proceso nos obliga a recordar el polémico aumento de capital de la entonces Enersis del año 2012-2013, en el que también se intentó vulnerar los derechos de los minoritarios». Añade que esto «se logró evitar gracias a la intervención de estos, de las AFP y de la autoridad reguladora (… ) lo de Eletropaulo no es muy distinto».
«Chile es un país moderno, cuyas instituciones ofrecen y garantizan seriedad, estabilidad y seguridad, no estamos dispuestos a ser víctimas de un colonialismo financiero en pleno siglo XXI», concluye la abogada.