Un escenario complejo es el que enfrenta hoy Chile, con un inminente déficit energético, que hace cada vez más necesario consensuar una matriz energética sólida y un plan a largo plazo, que enfrente de la mejor forma posible el escenario negativo que se prevé. Una de las claves para resolver esta situación está en la agilización de los proyectos de desarrollo. Para seguir avanzando es fundamental acelerar los pasos de tramitación de los proyectos energéticos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), pues hoy constituye una de las principales trabas en esta materia.
Las cifras hablan por sí solas. Analizados los proyectos del sector energía ingresados al sistema entre 1994 y marzo de 2013, y que presentaron una Declaración de Impacto Ambiental, las iniciativas de tecnología térmica a carbón tardaron 259 días promedio en aprobarse. Le siguen los parques eólicos (250 días promedio) y, en tercer lugar, los hidroeléctricos (225 días promedio). Es decir, una evaluación promedio en el SEA transita entre 7,5 y 8,6 meses antes de lograr una resolución. Mientras que los que requieren un Estudio de Impacto Ambiental, pueden extenderse entre 16,5 y 17 meses. Esto nos sirve para apreciar el tiempo que toma actualmente la evaluación ambiental de proyectos energéticos.
Un factor determinante en el retraso de estos está asociado al conflicto que pueden provocar en sus vecinos. Cuando los proyectos se encuentran en o son próximos a áreas protegidas, se amplía el foco de evaluación. Lo mismo ocurre cuando existe más de una iniciativa hidroeléctrica sobre la misma cuenca o más de una termoeléctrica en un sector determinado.
Ocurre, por ejemplo, con zonas como Coronel, donde el factor de concentración de muchos proyectos, tanto energéticos como otro tipo de industrias en una misma área geográfica dificulta la aprobación de los mismos e incrementa el cuestionamiento local y, luego, el de buena parte de la opinión pública. Lo mismo ocurre con los que son cercanos a comunidades indígenas, donde existe la obligación de consultarles, trabajar juntos y llegar a acuerdos.
Para viabilizar los proyectos y evitar, en lo posible, la judicialización de los mismos, las empresas deben anticipar la relación y las etapas de sociabilización con las comunidades, lo que contribuiría no solo a enfrentar la evaluación de estos de mejor manera, sino que ayudaría a determinar las eventuales compensaciones que se pudieran dar en el marco de la tramitación ambiental. Además, es recomendable que los titulares establezcan mesas de trabajo para determinar la forma cooperativa de relacionar el proyecto con la comunidad. Incluso, ir más allá, y establecer una estrategia comunitaria que permita recoger expectativas, identificar actores y delinear escenarios posibles en torno al proyecto.
Por otra parte, en materia de impactos sobre las comunidades indígenas, se debería generar una instancia de análisis de conflicto donde la variable indígena esté considerada y que permita establecer un estándar operativo para complementar y agilizar los procesos de consulta indígena para proyectos de energía. Así también, se podría georreferenciar el espacio territorial de las Áreas de Desarrollo Indígena con el objeto de evitar discusiones recurrentes respecto de sus límites.