Tras su promulgación en 1982, existe acuerdo en que la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) fue definitivamente concebida como una nueva normativa que a grandes rasgos permitió el desarrollo y modernización del sector energético chileno, el que de paso mutó en esos años desde una energía en manos del Estado hacia un mercado netamente liberalizado, de propiedad de empresas privadas y con responsabilidades compartidas al ser la regulación materia estatal y la infraestructura y el negocio de preocupación del empresariado. Así, Endesa –por ejemplo– se transformó en una empresa más del sector, con instalaciones de generación y transmisión, mientras comenzaron a aparecer otro tipo de sociedades, entre ellas Colbún y Chilectra.
A más de 30 años de la promulgación de esa ley y tras algunos ajustes a la normativa, hoy existen voces que claman por cambiar las reglas del mercado. Y lo hacen en base al convencimiento de que lo que inspiraba originalmente a la ley apuntaba al precio del mercado, premisa que hoy sencillamente no está operando. Expertos estiman que hoy hay distorsiones. Manifiestan que es extraño que, por una parte, el país presente positivas cifras de crecimiento, incremento en los índices de empleo, baja y controlada inflación, y por otro lado se vea un Chile donde es prácticamente imposible llevar a cabo un proyecto, de cualquier índole, sin pasar primero por las complicaciones de los procesos y la burocracia.
Hace algunos meses un grupo interdisciplinario y transversal de 12 expertos se juntó para trabajar en algunas ideas en torno al futuro del país. Las reuniones de Res Pública se llevaron a cabo en un periodo de alrededor de un año y medio, las que produjeron un documento que arrojó 95 propuestas para nuestro país (http://95propuestas.cl/), proposiciones para avanzar y acercar a Chile a soluciones en temas tan complejos en materia social, económica y política, entre otros. Uno de los temas abordados es el de la energía, capítulo desarrollado por los economistas Andrea Tokman y Jorge Quiroz, quienes realizaron un acabado análisis del actual momento energético, evaluando el comportamiento del sector y entregando un conjunto de propuestas para destrabar nudos que están dificultando su desarrollo.
Al leer este documento, que actualmente está en manos de las autoridades y los líderes de opinión, queda la sensación de ser un trabajo con propuestas serias y con miradas provenientes de personas con distintas sensibilidades y posiciones políticas. En el capítulo sobre energía llama la atención el planteamiento de contribuir con ideas que permitan llevar a cabo un inmediato plan de emergencia con un horizonte de cinco años, y de que en forma paralela se trabaje en nuevas reglas que rijan el mercado. Ello permitiría que el sector viviera una especie de periodo de transición, para ganar tiempo corrigiendo momentáneamente lo que hoy no está funcionando, y, paralelamente, trabajar en una nueva normativa que mejore y actualice definitivamente un mercado que ha experimentado una indudable alza en importancia como tema de desarrollo a nivel de país y de interés para la opinión pública.