Por múltiples estados emocionales atravesaron los millones de chilenos que el 25 de febrero pasado, a partir de las 15:16 horas, fueron afectados por un corte imprevisto de electricidad de gran extensión en superficie (entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos) y tiempo (cerca de 8 horas en promedio para la mayoría de los usuarios).
¿Qué lo causó?
Una presunta falla en la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, operada por ISA Interchile. Para esclarecerla, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) solicitó a la consultora estadounidense Electric Power Research Institute (EPRI) que realice un estudio técnico independiente. A la par, se investiga el rol de Transelec en la lenta recuperación del servicio.
Sobre las potenciales fallas que pueden generar eventos de esta magnitud, Christian Scholz, director de Desarrollo de Energie, sostiene que, en general, “son muy pocas, ya que el sistema eléctrico está diseñado y construido para tener redundancias y garantizar así su estabilidad. No obstante, para preservar la seguridad operacional es fundamental aplicar criterios de seguridad acordes, los cuales se encuentran definidos en las normas técnicas y reglamentación vigente”.
En relación al último punto, Daniel Olivares, director de la carrera de Ingeniería Civil en Energía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, expone que en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Chile, como en muchos otros de su tipo en el mundo, se aplica un criterio de seguridad denominado N-1. “Esto implica que el sistema debe operarse de forma tal que una falla simple (por ejemplo, de una unidad generadora o un circuito de transmisión) no debe provocar la salida en cascada de otros elementos del SEN ni el cese de suministro de clientes eléctricos. En consecuencia, fallas del sistema que impliquen la pérdida de 2 o más elementos, dependiendo de su criticidad, podrían provocar cortes de suministro a clientes eléctricos, y eventualmente apagones parciales o totales”.
Agrega que la Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio establece una clasificación de severidad de las fallas, identificando un conjunto de contingencias extremas por las que el CEN podría recurrir a medidas especiales como el desmembramiento del sistema en islas y pérdida parcial de carga. Lo anterior, para evitar un apagón total, a través de la acción del llamado Plan de Defensa contra Contingencias Extremas (PDCE).
Lecciones y brechas
Aportando otra mirada, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor), plantea que eventos como el ocurrido “ponen de manifiesto los efectos que tiene una falla de tal magnitud sobre los clientes. Estamos estimando que la pérdida para el país es cercana a los 500 millones de dólares, dado que muchas industrias no pudieron recuperar su producción normal después de 24 o 48 horas de restablecido el suministro”.
Señala también que el mega corte dejó al descubierto que los clientes eléctricos han pagado “más de 3 millones de dólares al año por infraestructura para contingencias extremas y reposición del servicio. Estos pagos deberían ser revisados si se determina que no hubo cumplimiento adecuado del servicio que se estaba remunerando”.
A juicio del representante de Acenor, para evitar imprevistos como el del 25 de febrero y sus consecuencias, “se necesita focalizarse en hacer ejercicios de prueba, visitas técnicas, auditorías y que se fiscalice la operación de las instalaciones que brindan servicios para la gestión de contingencias y la recuperación del servicio. Es que no es posible que, ocurrida una falla de este tipo, no funcione el SCADA, la central telefónica ni los respaldos de ninguna instalación esencial para el sistema”.