(El Mercurio de Calama) En Calama el 34% del valor de un litro de bencina de 95 octanos corresponde al impuesto específico a los combustibles, gravamen que fue instaurado en 1985 con el objetivo de financiar la reconstrucción después del terremoto de ese año, que el senador Pedro Araya propone extender a la gran minería, naviera, aérea, forestal y energética que hoy gozan de franquicias tributarias.
«Hoy no hay razón de ser para que los ciudadanos de clase media tengan gravado el impuesto específico a los combustibles y las compañías mineras, navieras que tienen grandes utilidades y que muchas veces ni siquiera son empresas nacionales, estén exentos de este impuesto. Esto constituye una verdadera distorsión y un perjuicio a las personas», consideró el parlamentario independiente.