mayo 12, 2014 | Industria
(Pulso) Hoy se apunta a la judicialización. En el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se hablaba de “lomos de toro”. Lo claro es que este 2014 serán contados con la mano los grandes proyectos de inversión de energía o minería que comenzarán a desarrollarse.
Todo por los diversos obstáculos directos e indirectos que han debido enfrentar grandes proyectos de inversión en el país, lo que ha generado la paralización, postergación y, en algunos casos, hasta el desistimiento de obras por más de US$ 70.000 millones, lo que equivale a alrededor de 60 grandes iniciativas, considerando el último catastro de la Sofofa y actualizado con información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a mayo de este año. De la suma total, unos US$10 mil millones debieron parar el último año tras toparse con algún obstáculo.
Las barreras que han encontrado las empresas para cumplir con el cronograma original de sus proyectos se han expresado y canalizado de distintas maneras. “Esto surge por falta de certeza jurídica, mayor judicialización de proyectos, alza de costos asociados a la escasez de energía, incumplimientos a la normativa ambiental y, excesiva demora o alta exigencia de la autoridad ambiental”, ha señalado la Sofofa.
Pero a esto se suma la oposición de comunidades y ambientalistas, que han logrado frenar varias iniciativas.
PwC apunta a la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y a la ausencia de un reglamento específico para su aplicación.
Al identificar las causas de la judicialización de proyectos es posible indicar que, de acuerdo con los datos del Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del INDH (junio 2012), los temas relacionados a comunidades indígenas y la correcta aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son los motivos más recurrentes, destaca un reciente estudio de PwC.
“El empoderamiento de las comunidades ha cambiado radicalmente en la última década, por lo cual no podemos seguir desarrollando proyectos como se acostumbraba hacer. Urge la modernización de los instrumentos de gestión social de las compañías y el reforzamiento de las estructuras organizacional para internalizar esta gestión”, destaca Mathieu Vallart, socio de PwC Chile.
No sólo grandes obras
Clemente Pérez, abogado jefe de Recursos Naturales e Infraestructura de Guerrero Olivos, destaca que la judicialización de proyectos -“o más bien una burocratización en algunos ámbitos”, dice- se da particularmente en los ámbitos de generación eléctrica, minería y residuos, porque “hay una obstaculización” en el Sistema de Evaluación Ambiental en el que es habitual encontrar muchos estudios e informes que no son tan indispensables. “Hay una ralentización en conseguir aprobaciones ambientales en la línea administrativa, que es evidente, y luego también en el ámbito judicial”, afirma el abogado.
Pero destaca que en materia de generación eléctrica, no sólo el proyecto HidroAysén, que buscan sacar adelante Endesa y Colbún, ha sufrido con la judicialización.
“Proyectos eólicos o a gas también han tenido dificultad. Uno podría pensar que en estos últimos no hay trabas, pero también hay dificultades. Se produjo una judicialización de los proyectos, porque hay una mayor inclinación al litigio”, remarca.
Pedro Pablo Vergara, socio del estudio Rodríguez, Vergara y Cía. y miembro de la Comisión Medio Ambiente del Colegio de Abogados, es más categórico aún: “La judicialización de los proyectos llegó para quedarse, es un fenómeno que ha afectado por igual a todas las empresas”.
Para el jurista, “existe gran responsabilidad del parte del legislador en dejar espacios abiertos en este tema”. Además, afirma que hay muchos grupos que sienten que tiene el derecho a paralizar proyectos y tomarse caminos.
La legislación
Ambos abogados coinciden en que falta madurez en el sistema, luego de cambios como la introducción de los Tribunales Ambientales.
“Los Tribunales Ambientales son relativamente nuevos, por eso en materia jurídica, en general, los avances son muy lentos. Con todo esto, esperar que estos tribunales terminarán con la judicialización es apresurado. Aún hay un choque de roles con otros tribunales”, dice Pablo Vergara, en relación a las competencias que tiene también la justicia ordinaria.
“De lo que yo he visto, el límite de los tribunales ordinarios y ambientales aún no está definido. Por eso creo que la jurisprudencia puede decir mucho. Cuando hay jurisprudencia, cuando existe uno o varios fallos sobre una misma materia de temas similares se va a comenzar a zanjar todo este tema”, añade el socio del estudio Rodríguez, Vergara y Cía..
Clemente Pérez, abogado de Guerrero Olivos, complementa: “Cuando comenzaron a funcionar los tribunales ambientales tuvimos que comenzara con un ‘vitrineo judicial’, es decir, que los opositores de un proyecto en las instancias administrativas podrían acudir a tribunales por medio de un recurso de protección, dependiendo de los distintos instrumentos. Pero esto, en el último tiempo, se ha estado ordenando, porque la Corte Suprema ha dictado varios fallos relevantes, en el que toma la definición de que en materia ambiental los recursos de protección deben dejar de ser sobre utilizados”.
Añade que si bien en el pasado hubo un control estricto de las Resoluciones de Calificación Ambiental por parte del poder judicial, ahora existe una nueva institucionalidad que debe velar por esas instancias.
“En los últimos meses existe una jurisprudencia en el que la Corte Suprema está acotando el uso del recurso de protección, como una instancia excepcional”, remata Clemente Pérez.
Hidroaysén espera al Comité de Ministros
Es el proyecto emblemático entre aquellos que, pese a la intención del titular, no se han podido desarrollar.
HidroAysén, un enorme complejo de generación hidroeléctrica en la zona sur de la Región de Aysén, viene siendo trabajado desde la década del 70’ e incluso antes, pero fue recién en 2008 cuando fue presentado a evaluación ambiental. Tres años después, y luego de un complejo proceso de tramitación ambiental, obtuvo su autorización.
Pero ese trámite fue apenas un hito menor, pues el proyecto todavía no puede iniciar obras.
Actualmente, la empresa a cargo de este complejo hidroeléctrico está a la espera de que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad dé a conocer su decisión sobre las reclamaciones, proceso que demorará sesenta días.
La instancia interministerial deberá resolver 35 reclamaciones en contra de la iniciativa, luego de que las actuales autoridades decidieran invalidar la decisión de la anterior administración que dio su veredicto sobre 17 de las 35 inquietudes y requirió estudios adicionales para completar la tarea.
¿Qué debiera determinar el Comité de Ministros? Se espera que modifique en parte la iniciativa, o bien, declare inviable su construcción. Esto, atendiendo a la posición de la Presidenta durante la campaña, que señaló que HidroAysén, tal como está, es inviable.
Andina 244 enfrenta rechazo político
Es el más costoso de la ambiciosa agenda de proyectos estructurales de Codelco, y debería implicar un desembolso cercano a los US$6.800 millones para la estatal.
Andina 244, una de las pocas iniciativas que agregará producción a la minera -350 mil toneladas anuales- está todavía en las primeras etapas de su evaluación ambiental, y se espera que en las próximas semanas recién entregue sus descargos al Icsara N° 1, que incluyó casi 1.000 cuestionamientos de parte de los servicios públicos.
La principal barrera que enfrenta este proyecto es la oposición existente y que ha sido liderada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y a la que recientemente se sumaron los senadores RN por Santiago Andrés Allamand y Manuel José Ossandón.
Por ello, más que en la Justicia, por ahora la batalla se está dando a nivel político. La mayor reclamación es la supuesta afectación a glaciares que produciría Andina 244, situación que ha sido descartada por Codelco. “Los legisladores repiten conceptos inexactos, sacan conclusiones sin fundamentos y hacen comparaciones que no corresponden”, respondió la estatal al emplazamiento de los parlamentarios.
Bocamina II sigue sin poder despachar
El 17 de diciembre del año pasado, la Justicia propinó un duro golpe a Endesa. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción decretó la paralización de la central termoeléctrica Bocamina II, cuya inversión alcanzó los US$460 millones.
Según lo establecido por el tribunal de alzada, la planta no contaría con una resolución de calificación ambiental. La corte revisó un recurso de reposición presentado por el abogado Sebastián Inostroza, representante de los pescadores artesanales y las algueras de Coronel.
Anteriormente ya se habría presentado por parte de la abogada Paula Villegas, quien representa a pescadores artesanales y vecinos de coronel, una segunda solicitud de paralización de la planta.
La petición se fundamentaba en la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente que confirma que la termoeléctrica funcionaba sin un estudio de impacto ambiental.
La compañía ha tenido que luchar en tribunales con una serie de recursos que buscan paralizar la unidad principal de la generadora.
La solicitud para paralizar la central en Coronel la presentó el abogado David Vargas en representación de pescadores artesanales con el argumento de la falta de un desulfurizador en la primera unidad de la termoeléctrica. Dicho recurso fue presentado la semana pasada y es estudiado por la corte.
Pascua Lama: ¿millones a la basura?
La paralización de Pascua Lama sentó un precedente para empresas, gremios y fundamentalmente abogados. Un proyecto no sólo puede ser detenido antes de su construcción e incluso en etapas tempranas. Su paralización, en caso de detectarse algún error, puede darse incluso en medio de la construcción.
Pascua Lama estaba en pleno desarrollo cuando actuó la Superintendencia de Medioambiente, que interpuso una millonaria multa y ordenó la realización de un plan de reparación del daño ambiental. Posteriormente la Justicia paralizó las obras.
Eso se sumó a un escalamiento histórico en los costos de Pascua Lama. Su desarrollo, que cuando se anunció rondaba los US$1.000 millones, se había empinado sobre los US$9.000 millones, un alza que, además, no tenía freno.
El punto en conflicto es la contaminación de las aguas que desde la alta cordillera, lugar en que se emplaza Pascua Lama, bajan hasta los valles. Los opositores al proyecto creen que la operación de la primera mina binacional termine por secar los ríos, mientras que la empresa está convencida de que mejorando los estándares esto puede evitarse.
abril 28, 2014 | Industria
(Pulso) Mientras el Comité de Ministros alista su decisión final sobre las reclamaciones del proyecto HidroAysén -luego que la actual administración invalidara lo decidido por sus antecesores- la sociedad cuya propiedad integran Endesa y Colbún ya alista su estrategia para hacer frente al veredicto final.
Ello, teniendo en cuenta que a nivel político el actual gobierno ha planteado que el proyecto HidroAysén le parece inviable “tal como está”, lo que sólo abriría una puerta a su concreción en caso de que haya modificaciones sustanciales.
Por esto, lo previsible es que la postura de HidroAysén no sea acogida, al menos, no totalmente.
Dado este diagnóstico, se espera que el gobierno impulse los cambios que cree necesarios o, derechamente, le ponga la lápida, aunque esta idea es más improbable.
Sea como sea, la instancia que aparece más viable para hacer estos cambios es el Comité de Ministros. Si bien se trata de una entidad más técnica, en el sector privado hay quienes creen que será allí donde el Ejecutivo intentará rayar la cancha.
En la empresa hay expectación sobre lo que decidirá finalmente el Comité de Ministros. Y si bien están a la espera, ya han sido tomadas algunas definiciones.
Según fuentes cercanas al proyecto, un análisis que se ha hecho es que en caso de que no haya un pronunciamiento positivo, se acuda al Tribunal Ambiental, instancia que por mandato es la encargada de revisar las decisiones del Comité de Ministros en caso de alguna discrepancia.
Eventualmente, al Tercer Tribunal Ambiental -que tiene sede en Valdivia- pueden acudir no sólo los representantes de la compañía, sino que también los opositores a HidroAysén.
Esto no impediría que el caso termine siendo analizado por la Corte Suprema, pues los fallos del Tribunal Ambiental pueden ser apelados ante el máximo tribunal.
Pero sí se aseguraría un trámite más expedito que en las Cortes de Apelaciones, que acumulan más procesos y que por lo mismo demoran más en fallar.
“No presentaremos un recurso de protección porque creemos que el Tribunal Ambiental es la instancia natural en este caso”, explica una fuente cercana a la compañía.
“Lo que hemos hecho son los análisis sobre posibles alternativas. Ante esos posibles caminos se ha definido las vías de acción que podamos implementar. Esto ya sea tanto de estudios como relaciones con la comunidad. Y también las visiones judiciales. Esas son las tres variantes: estudios, comunidad y judicial”, añade la fuente.
Costo del proyecto
La decisión del Comité de Ministros -que se proyecta para el mes de junio- permitirá a la compañía además actualizar el costo definitivo que tendrá la mega obra hidroeléctrica.
Pese a ello, hay algunas estimaciones dando vuelta. Una de las más duras estima el costo total de la inversión en cerca de US$15.000 millones, considerando la construcción de las represas, máquinas, el sistema de recolección y la línea de conexión al SIC, además de las tareas de mitigación que deberá cumplir HidroAysén para poder concretar la construcción del complejo.
No obstante, ello dependerá -tal como lo reconocen al interior de la compañía- de las condiciones que imponga la autoridad de manera definitiva. En la industria eléctrica hay quienes creen que HidroAysén podría concretarse reduciendo su potencia, de una manera similar a lo que hizo Energía Austral, que bajó el tamaño de su proyecto en casi 40%. Todo eso quedará claro una vez que se pronuncie el Comité de Ministros.
abril 17, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Origin sufrió un nuevo traspié en sus planes en Chile, pues al fracaso en la compra del 50% de GasAtacama, esta vez la australiana decidió frenar su inversión en Energía Austral y se quedó con una participación minoritaria en esta firma que impulsa en Aysén el proyecto hidroeléctrico Cuervo (640 MW) la primero de tres centrales de este tipo.
La judicialización de esta iniciativa y la amenaza que representa para el futuro de la compañía, originalmente propiedad de la suiza Glencore, explican esta decisión.
“Consideramos que a la fecha no estaban las condiciones para incrementar la inversión, debido a la incertidumbre sobre la mejor manera de avanzar con el proyecto dado el proceso de judicialización en curso”, dijo un vocero de Origin Energy.
La Corte de Apelaciones de Aysén ratificó la aprobación ambiental de Cuervo, pero la semana pasada ese pronunciamiento fue impugnado ante la Corte Suprema.
A fines de febrero se realizó la modificación de la sociedad Energía Austral y de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial en dicho acto, junto con reducir en casi US$ 75 millones el capital social, se fijó la nueva estructura societaria donde Origin posee sólo el 34,2% de la propiedad y la minera tiene el 65,7%.
Lo que hizo Origin fue no ejercer la opción para alcanzar el 51% de Energía Austral, según acordó en 2012 con la entonces Xstrata. Entonces pagó US$ 75 millones y dejó pendiente un pago similar que ya no realizará. En Glencore dijeron que esta situación estaba considerada en el pacto de accionistas. “El equipo está trabajando para cumplir la RCA de la central Cuervo. Enfocados en estas tareas, Energía Austral está implementando ajustes a la organización para alinearla a las necesidades de la etapa actual de desarrollo del proyecto”, añadió Glencore.
La suiza habría ordenado desvincular a 11 trabajadores de un total cercano a 50. Consultados por esto en Energía Austral dijeron que no hablan sobre las decisiones de sus accionistas.
Glencore y Origin insistieron en su convicción del aporte que implica este proyecto y siguen analizando la línea de transmisión mayormente submarina para el complejo.
abril 16, 2014 | Industria
(Diario Financiero) CAP está revaluando la instalación en una de las chimeneas de la planta de Pellet de Huasco de un equipo de abatimiento de emisiones, que Endesa Chile ofreció como medida de mitigación para destrabar el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde (740 MW), emplazado en la misma comuna de la Región de Atacama.
“Estamos revaluando ahora este proyecto y aún no tenemos una respuesta ante las nuevas variables que surgieron en el proceso y que son distintas a lo que se planteó inicialmente”, dijo ayer el gerente general del grupo, Fernando Reitich, durante la junta de accionistas.
Posteriormente, el ejecutivo explicó que esta revisión responde al fallo de la Corte Suprema que en enero ratificó la aprobación de la iniciativa de la filial de Enersis por parte del Comité de Ministros, que amparado en las mitigaciones adicionales propuestas por la eléctrica revirtió el rechazo inicial de la autoridad ambiental.
Reitich aseguró que el pronunciamiento de la Justicia incluyó condiciones adicionales que representan “un cambio total” de dicho proyecto, cuyos términos de materialización estaban siendo negociados por la acerera y la generadora.
“Este negocio de Punta Alcalde empezó hace muchos años y fue rechazado por la comunidad, después fue aprobado por el Comité de Ministros y después, hace poco, fue ratificado por la Corte Suprema, con una cantidad de nuevas condiciones que no tienen nada que ver con el proyecto que se pensó hace cuatro años, entonces, lo que hay que hacer es evaluar estas nuevas condiciones”, precisó.
El ejecutivo del grupo CAP añadió que uno de los requerimientos de la Suprema consiste en medir el aire en un zona diferente a la de la chimenea (donde, dijo, CAP emite la mitad de lo que fue autorizado por la autoridad) y en la cual confluyen las descargas de las distintas fuentes existentes en esa ciudad.“Eso supone que ahora ya casi se desliga el asunto de si es el precipitador electrostático la condición para que Punta Alcalde funcione y, además de eso, lo que la corte quiere es que por allá pase tal cosa. Además, este no es un problema nuestro, es de Endesa”, puntualizó el ejecutivo.
Reitich señaló que en este momento aún están entendiendo lo que implican las exigencias planteadas por la Suprema y a partir de ello estudiando el proyecto, “porque antes evaluamos con reglas del juego que eran distintas y que implicaban que pusiéramos un número de fichas y ahora podría implicar hacer el proyecto de otra forma, poner menos fichas o incluso no jugar”, ejemplificó Reitich.
Ampliar desaladora
CAP está conversando con cuatro mineras, entre ellas Pucobre, para firmar contratos de abastecimiento de agua que gatillen la tercera fase de la planta de desalinización que la firma construyó en Atacama y que tiene una capacidad total de 600 litros por segundo (lt./seg).
Por estos días la empresa está realizando la marcha blanca de esta instalación que desarrolló a través de la filial Cleanairtech Sudamérica, donde la acerera tiene el 51% de la propiedad y la japonesa Mitsubishi tiene el 49% restante. Las dos primeras fases de la planta, que representan una producción de unos 400 lt./seg, demandaron una inversión de US$ 400 millones para abastecer los requerimientos de su planta de magnetita y del proyecto Cerro Negro Norte, así como de la mina Caserones, de Lumina Copper.
Plan de inversión
El plan de inversión de grupo CAP para este año alcanzará los US$ 650 millones, buena parte de los cuales serán destinados a finalizar el proyecto Cerro Negro Norte, que en mayo comenzaría la etapa de puesta en marcha, la que podría extenderse unos seis meses, según las estimaciones del gerente general, Fernando Reitich.
Esta iniciativa minera permitirá a la firma sumar 4 millones de toneladas anuales de pellet feed de hierro.
En tanto, la intención de la administración de la acerera es definir hacia fines de 2014 el próximo gran proyecto minero que acometerán en los próximos años, para lo cual disponen de una serie de alternativas compuestas por yacimientos de hierro, cobre y otros que mezclan ambos metales.
Las iniciativas podrían ir desde los US$ 100 millones hasta los US$ 5.000 millones, dijo.
Acero: bajar pérdidas
La expectativa que tienen en Grupo CAP es que la readecuación productiva y operacional, así como el «brutal» ajuste de costos que implementaron durante 2013 en su filial siderúrgica permitirá reducir las pérdidas de ésta.
El gerente general de la firma, Fernando Reitich, explicó que el ideal sería bajar a cero este indicador hacia el final del ejercicio.
En lo relativo a los ajustes, que implicaron suspender la fabricación de productos planos para privilegiar las líneas de largos (que tienen mejores perspectivas de mercado), con la consiguiente reducción de personal, el ejecutivo precisó que lo grueso de ese proceso ya concluyó, aunque no descartó la posibilidad de realizar nuevas adecuaciones menores que pudieran implicar desvinculaciones de personal.
Reforma Tributaria
Consultado por el impacto de la reforma tributaria, el gerente general de CAP expresó preocupación por este proceso ya que «ciertamente nos cambian los parámetros en nuestra evaluación, inevitablemente».
El ejecutivo añadió que hay varios factores del proyecto que inciden directamente en sus actividades, aunque precisó que por el estado de la iniciativa, aún en trámite legislativo, aún no saben cuál será su alcance.
«Espero y confío que la autoridad escuche a todos los actores y eventualmente, saque una reforma tributaria que sea capaz de equilibrar el crecimiento del país con el decrecimiento de la desigualdad», dijo ayer tras la junta de accionistas.
También planteó que la autoridad podría evaluar medidas para proteger la producción de acero local de las importaciones chinas que amenazan a la industria.
abril 14, 2014 | Industria
(El Mercurio) En una compleja madeja de millonarias facturas sin cobrar, obras de traslado que por años esperan el visto bueno y acusaciones mutuas entre Estado y privados se ha convertido el problema de la red de cableado urbano.
El tema, del que nadie accede a hablar con nombre y apellido, mantiene sumidos en un conflicto al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las principales compañías de servicios eléctricos y de telecomunicaciones, que hasta la fecha ha generado demandas cruzadas por más de US$ 300 millones.
Todo comenzó en la década de los 80 cuando se estableció por ley que «los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a tender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público, solo para los fines específicos del servicio respectivo». Desde entonces las compañías aprovechan el vacío legal que le impide al Estado obligarlas a catastrar, mantener o remover dichas líneas cada vez que se deba intervenir una vía.
Solo en el área urbana de Santiago existen más de 15 mil km de cables suspendidos sobre más de 30 mil postes de tendido eléctrico, que por norma no pueden cargar más de tres cables de baja o mediana tensión, pero en la práctica soportan unos 12.
Según un catastro que levantó en 2011 el área de inspección fiscal del MOP, del total de cables, el 40% está en desuso.
Si bien el área de Concesiones del MOP y Telecomunicaciones han hecho esfuerzos por ordenar el asunto, topan con el problema de que no existe un catastro formal. Desde entonces, el fisco ha tenido que financiar -junto con los municipios- estudios particulares cada vez que se emprende un nuevo proyecto vial o remodelación que implique mover postes.
La situación se agudizó a partir de 2002, cuando se inició la construcción de las cuatro mayores autopistas urbanas de Santiago. Como las empresas se negaron a financiar los cambios de servicio aduciendo que las vías eran parte del bien de uso público fiscal, el MOP debió encargar a las concesionarias más de 4.000 proyectos para mover los postes, lo que le demandó gastos por alrededor de US$ 300 millones.
Tanto el MOP como el CDE iniciaron una ofensiva legal para recuperar los gastos, pero hasta ahora solo una pequeña fracción se ha recuperado.
Desde el CDE explicaron que ese organismo maneja 289 causas por postes por un total de casi $35 mil millones. Hasta ahora «se ha obtenido a favor del fisco la suma de $7.115 millones», comentan.
Consultado respecto de los acuerdos alcanzados sin juicio y por qué no se demandó la restitución total de los fondos adeudados, la entidad afirmó que está facultada por ley «para transigir cuando los intereses fiscales así lo aconsejan. La utilización de este mecanismo ha permitido al fisco recuperar con prontitud montos muy significativos y evitar juicios de larga duración».
Según la fiscalía del MOP, de un total de $17 mil millones resumidos en 140 juicios, a la fecha se ha ganado en la Corte Suprema un total de $2.183 millones, quedando pendientes pagos por otras 87 demandas.
La cartera añadió que ante la gravedad de la situación, en los últimos meses se han logrado acuerdos con Chilectra, Entel y VTR. «Se han comprometido al pago extrajudicial de facturas pendientes por cambios de servicio por el 80% de los costos y la mitad del IVA», afirman.
Además, en forma inédita, dicen en el MOP que «las empresas mencionadas se han comprometido, a contar de la vigencia de estos acuerdos judiciales, a ejecutar todas las obras de cambios de servicio que correspondan a su entero costo».
