La Nación El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley de hidrocarburos que crea un ente autárquico para promover y regular la actividad de exploración, explotación, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de petróleo, gas y carbón en territorio bonaerense.
Así está previsto en la iniciativa girada al Senado provincial, que, si bien busca que las áreas de exploración y explotación sean otorgadas a inversores privados, contempla la posibilidad de crear una empresa estatal en caso de «necesidad estratégica», según explicaron fuentes del gobierno bonaerense.
El proyecto estipula que todos los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración «estarán sometidos al pago de la regalía»
Ciertos datos positivos sobre exploraciones carboníferas en el sudoeste de la provincia dieron impulso a esta iniciativa, de la que el gobernador dio cuenta en marzo pasado, al abrir las sesiones ordinarias. Entonces Scioli auguró que la explotación de hidrocarburos podría «cambiar la matriz productiva de la provincia».
Paralelamente, el gobierno bonaerense firmó hace poco más de dos meses un convenio marco para la exploración de hidrocarburos con la empresa Repsol YPF.
Aunque la perspectiva del proyecto no es sencilla, ya que en el ámbito legislativo el oficialismo no tiene mayoría propia, se inició un trabajo de contactos y reuniones para intentar reunir los consensos necesarios para sancionar la ley.
De aprobarse, el proyecto dará vida a un ente autárquico, el Organismo Provincial de Hidrocarburos y Minerales Afines, que será autoridad de aplicación y dependerá simultáneamente de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios de Producción y de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
El nuevo ente estará «dirigido y administrado por un directorio integrado por cinco miembros», que serán designados por el gobierno provincial, en representación del Ejecutivo. Tendrá bajo su competencia estudiar la solicitud de permisos de explotación, exigir el cumplimiento y aplicar sanciones a los permisionarios. Además de, entre otras cosas, «reglamentar el procedimiento para el cálculo y liquidación de las regalías» y convocar a licitaciones para el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación; almacenaje y transporte de hidrocarburos».
Los adjudicatarios no podrán acumular más de cinco licencias de explotación según la propuesta. Y se establece que los permisos de exploración se den en forma directa, mientras que las de explotación lo serán por concurso público.
Según el proyecto, las concesiones tendrán una vigencia de 35 años y comprenden una superficie de hasta 250 kilómetros cuadrados. Además, las compañías que encaren la exploración tendrán prioridad a la hora de resultar adjudicatarias de la explotación ante ofertas equivalentes.
La provincia quedará comprometida a destinar parte de lo obtenido por esta vía a los municipios.
Empresa estatal
Se faculta a la provincia a constituir «una empresa estatal para el logro de los objetivos propuestos en esta ley», indica el proyecto sin mayores especificaciones. «Nosotros impulsamos la inversión privada, pero dejamos abierta la posibilidad de crear una empresa estatal o mixta para casos en que estratégicamente beneficie a la provincia», explicó un alto funcionario.
La propuesta también habilita al Estado provincial a realizar las expropiaciones necesarias en el ámbito de la geografía provincial.
Asimismo, el Estado otorgará beneficios en materia impositiva con el fin de incentivar a las empresas para que desarrollen la actividad, garantizándoles que «gozarán de estabilidad fiscal por el término que establezca» la autoridad de aplicación en el correspondiente decreto de reglamentación de la misma.
El titular del derecho de explotación deberá «pagar mensualmente al Estado provincial, como contraprestación económica por la explotación de sus recursos naturales no renovables, y a título de «regalía» un porcentaje promedio mensual de lo producido».
Con ese fin, y para administrar esos fondos, la norma prevé la creación de un Fondo Especial de Regalías de la Provincia que plantea «distribuir un porcentaje» de ellas «a los municipios», aunque según lo determine «el Poder Ejecutivo» a partir de variables como «la participación en la producción, el establecimiento de las instalaciones terrestres y el destino de la producción, entre otros».
Fuente / La Nación