(Revista ELECTRICIDAD 192) Una serie de objeciones al actual funcionamiento de la industria hidroeléctrica realiza Sara Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, a partir del documento “Crítica a la Hidroelectricidad en Chile y Propuestas Ciudadanas”, elaborado junto a otras organizaciones ambientalistas, en donde plantea la inexistencia de un marco regulatorio que incorpore estándares internacionales sustentables y de participación social.
Larraín indica a Revista ELECTRICIDAD que las empresas que operan en el mercado local de hidroelectricidad “están lejos de utilizar” estándares internacionales al momento de instalar sus proyectos de generación, ya sea de embalse o de pasada, además de cuestionar el uso de los recursos hídricos que se estipulan en el Código de Aguas por considerar que priorizan “los usos productivos con fines de lucro”.
¿Cuál es la situación que advierte del actual marco regulatorio de la hidroelectricidad en Chile?
Actualmente no existe regulación suficiente para el desarrollo hidroeléctrico. Hoy el único criterio es donde el inversionista tiene los derechos de agua, sin ninguna guía de ordenamiento territorial y tampoco se toma en cuenta los usos prioritarios del río por las comunidades y empresas locales.
¿Por qué cree que sucede esta situación, según su punto de vista?
La ley eléctrica favorece los derechos del inversionista propietario de los derechos de agua por sobre los derechos a la tierra de los de los agricultores, los emprendimientos de turismo, comunidades locales, comunidades indígenas, e incluso contra los planes de desarrollo regional y comunal. Tampoco se evalúan los impactos aguas abajo que provoca la operación de los proyectos y se promueve el trasvasije entre distintas cuencas, lo cual está prohibido o muy estrictamente regulado en muchos países. Esto explica la alta conflictividad en los territorios frente a las hidroeléctricas, porque las personas han visto sistemáticamente cómo sus derechos son pasados a llevar y no se ha dejado a las regiones decidir cuál será su vocación más allá de los usos del agua para generación eléctrica.
A su juicio, ¿qué rol juega el Código de Aguas en el desarrollo de la hidroelectricidad?
El Código de Aguas y la Constitución instituyen un régimen exclusivamente propietarista sobre las aguas, y el acceso principal hoy es el mercado de aguas generado por este régimen. El Código no establece prioridades de uso para necesidades esenciales como agua potable y saneamiento por ejemplo, solo prioriza los usos productivos con fines de lucro.
¿Piensa que las empresas del mercado usan estándares internacionales para construir sus proyectos de generación hidroeléctrica?
No. Y están lejos de utilizarlos. Considerar estándares internacionales implica decidir sobre los proyectos a través de un enfoque basado en el respeto de los derechos de comunidades y territorios y tomando en cuenta la participación local, la fiscalización y el reparto de beneficios. Ello ya se determinó el año 2000 por la Comisión Mundial de Represas, cuyos principios y estándares fueron publicados por el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estos estándares incluyen la consideración de alternativas a la hora de realizar un proyecto.
¿Qué elementos se toman en cuenta fuera de Chile?
Establecen que antes de tomar la decisión de construir un nuevo proyecto, deben tratarse los temas sociales y ambientales pendientes de las represas existentes. Además, todos los interesados y afectados deben tener la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisión. La aceptación pública debe ser demostrada. Las decisiones que afecten a pueblos indígenas deben ser tomadas con su consentimiento libre, previo e informado. Otro aspecto clave es que el proyecto debe proveer derechos a las personas afectadas para mejorar sus condiciones de vida. Nada de esto sucede actualmente en Chile ni está garantizado por nuestro marco regulatorio.
Actualmente la mayoría de los proyectos hidroeléctricos son centrales de pasada, ¿piensa que son más sustentables que los de embalse?
No, porque en Chile, cuando se realiza trasvasije de cuencas, no se evalúan los impactos acumulativos en el conjunto de los ríos, la estructura de su cauce, la recarga de acuíferos, la discontinuidad del caudal, el incremento de temperaturas y la desertificación provocada en las cuencas que son vaciadas. Mientras no exista una evaluación ambiental que garantice la efectiva estimación de los impactos de un proyecto −que incluya el trasvasije de cuencas− este no debiese ser permitido, pues los impactos son casi irreversibles. De hecho en países como España, entre otros, se prohibió el trasvasije.
[Cara a cara: ¿Es adecuada la regulación para hidroelectricidad?]