(La Tercera) La creciente judicialización de los proyectos de generación y transmisión eléctrica es una de las principales preocupaciones del sector. Casos como Castilla, HidroAysén o el parque eólico en Chiloé complican el desarrollo de futuros proyectos energéticos.
Según René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras, gremio que reúne a las principales empresas del sector, esto pasa por un problema de gestión en la evaluación ambiental de las iniciativas. “Muchas veces llegamos a la judicialización porque en la fase de evaluación de los proyectos hay problemas en la gestión, carencias de diálogo informado, incapacidad de las partes para tratar el tema de manera constructiva, y eso termina en tribunales. Hay que tratar de que esos déficit desaparezcan; eso se hace mejorando el modo en que se gestiona el proceso”, señaló.
Indicó que si bien los ciudadanos tienen el derecho de acudir a la justicia, esta no debe ser la que defina la política energética del país
“Nadie está hablando de conculcar los derechos, pero creo que no es razonable que la Corte Suprema sea la que resuelva la calidad de los proyectos y la que haga la política pública en energía en este país. Y eso requiere un mejoramiento y perfeccionamiento en el sistema que hace que los proyectos se evalúen”, dijo.
En este escenario, señaló, falta certeza para que en el futuro proyectos de gran envergadura de tecnologías de base, como el carbón y la hidroelectricidad de embalse, puedan concretarse.
“Se ve complicado un escenario donde otros grandes proyectos de ese tamaño puedan pasar por la aprobación ambiental y desarrollarse de una manera que puedan realmente generar certezas de que se van a hacer. Se requiere una convivencia de proyectos de todo tamaño”, dijo.
Respecto de las críticas de ambientalistas que señalan que hay suficientes proyectos energéticos aprobados para cubrir la demanda al 2020, Muga indica que, sacando de la cartera iniciativas como Castilla, HidroAysén, Barrancones y Energía Minera de Codelco, los proyectos del Sing y considerando la variabilidad de energías como la eólica y solar, no se llega a la meta de incorporar al menos 700 MW anuales a la matriz energética para satisfacer el crecimiento de la demanda, sino que sólo se sumarían entre 400 MW y 500 MW anuales, lo que sería insuficiente.
Según cálculos del gobierno, al 2020 se requiere incorporar en ambos sistemas unos 7.500 MW adicionales.
Fuente / La Tercera