(Pulso) El martes pasado la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó a discutir y votar de manera particular el proyecto de reforma laboral.
Esto, luego que el lunes 13 de abril se venciera el plazo para el ingreso de indicaciones, donde las más relevantes estaban relacionadas con las que impulsó el Ejecutivo.
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En ese contexto, desde el Gobierno se patrocinaron cambios en la definición de servicios mínimos; se eliminó el concepto de “pacífica” en la huelga y las sanciones en materia sindical; se redujo el período de implementación de la reforma de un año a seis meses; y se derogaron atribuciones de la Dirección del Trabajo (DT), para hacer más eficiente el diálogo entre el sindicato y las empresas.
Estos y otros detalles más específicos de las indicaciones del Gobierno fueron analizadas por expertos que asesoran a empresas y a sindicatos, con el objetivo de evaluar los avances y retrocesos respecto al proyecto original ingresado el 29 de diciembre pasado al Congreso.
Por una parte, los abogados Héctor Humeres y Diego Messen, que trabajan con empresas, señalan que entre los retrocesos están la reposición de los sindicatos del día después, y la posibilidad que se le otorga de negociar a Federaciones y Confederaciones. Mientras que en los avances está el retiro de facultades de la DT.
A su vez, los asesores sindicales Juan Vergara y Felipe Ossandón, ven de manera positiva todo lo que elimina la criminalización del movimiento sindical. Como paso atrás ven los pocos esfuerzos por acotar los servicios mínimos, y la eliminación de reparos por despidos como consecuencia de una práctica antisindical.
Visión pro sindical: Hay que revisar procesos de despidos
Un análisis realizado por el asesor sindical Juan Vergara para Prosindical, señala que uno de los retrocesos en las indicaciones tiene que ver con el despido antisindical. Según explica, en la actualidad si un trabajador sin fuero es despedido como consecuencia de una práctica antisindical, tiene derecho a optar por su reincorporación o por el pago de indemnizaciones por término de contrato con recargo legal y adicional entre 6 a 11 remuneraciones.
“Sin embargo, de manera inexplicable, la indicación del Gobierno elimina este derecho de opción, dejando sin sanción específica el despido antisindical (sustituye todo el artículo 294 incorporando un sólo inciso, olvidando los demás)”, dice.
También indica que hay retrocesos en el derecho de información en las medianas empresas.“Se retrocede en la propuesta original de solicitar información sobre remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones en la empresa, circunscribiéndolo únicamente a las empresas grandes”, sostiene.
Otro punto está en el sistema de arbitraje. Si bien se eliminó el arbitraje forzoso, se replicó su modelo a los abitrajes que se mantienen.
“Se les obliga (a las empresas estratégicas) a ir a un arbitraje obligatorio en que el tribunal debe escoger entre la propuesta de la empresa o la del sindicato, modificando el proyecto original que al menos permitía al tribunal “integrar” ambas propuestas, y con lo cual contraviene expresamente el cuestionamiento formulado por la Corte Suprema”, señala.
Felipe Ossandón , quien también es asesor sindical, más que de retrocesos prefiere hablar de elementos en los que se puede avanzar, como el caso de los servicios mínimos. “Se necesita mayor claridad para zanjar el tema de los servicios mínimos. El Gobierno debe garantizar que la huelga implique detener la producción, porque ese es su fin”, indica Ossandón, y acusa que el concepto aún es muy general.
Entre los avances, Ossandón señala que está la despenalización de las acciones del movimiento sindical, la eliminación de la intervención forzosa de la DT y el retorno de los notarios como ministros de fe. “Es importante haberlos repuesto. No creo en el monopolio del Estado, porque es peligroso. Me parece importante que los sindicatos decidan cómo designan a sus delegados, que hoy también retornan”, señala Ossandón. Algo que comparte Prosindical, que también destaca la disminución del período de entrada en vigencia del proyecto.
Visión pro empresarial: Critican reposición del sindicato del día después
Para el abogado y socio de Arthur, Pizarro, Humeres & CIA, Héctor Humeres, quien asesora a empresas, las indicaciones del Ejecutivo acentúan el carácter prosindical de la reforma y los retrocesos están marcados por el hecho de dejar abierta la puerta para considerar huelga no pacífica como una herramienta legítima.
“Deberían manejarse ciertos parámetros para evitar el abuso de la fuerza. Desde ese punto de vista no me gusta para nada que hayan sacado la definición de “pacífica” en la huelga, porque estaríamos validando que en este proceso se puedan quemar camiones con celulosa; eso es un retroceso”, sostiene.
Además critica que se hayan eliminado las sanciones en materia sindical por acciones donde se utilice la fuerza física o moral en las cosas y en las personas.
Al mismo tiempo, Humeres señala que “me parece muy mal que se haya eliminado la norma que impedía el sindicato del día después”.
Esto, porque en las indicaciones del Gobierno se volvió a la norma actual de fuero en la constitución de sindicatos, que norma 10 días de fuero a todos los trabajadores antes de la constitución del sindicato. Dicha normativa en el proyecto original señalaba que el fuero comenzaba una vez solicitado el ministro de fe para su creación.
En esta misma línea, Diego Messen, abogado y socio de Moraga y Cía. Abogados, quien también asesora a empresas -en su mayoría medianas-, manifiesta que entre los principales retrocesos está la facultad de negociar de las Federaciones y Confederaciones.
Si bien el experto reconoce que el proceso es voluntario, dentro de las indicaciones, ve que esto abre una puerta para avanzar hacia la negociación por rama, lo que a su juicio, sería perjudicial para el desarrollo de las empresas.
También califica como un paso atrás la reducción del período de implementación de la reforma de 12 a 6 meses: “Todas estas materias de acomodo o acostumbramiento de las empresas con sus trabajadores, que fuera un año era algo razonable, pero al acortarlo implica una posición bastante violenta”.
En cuanto a los avances, Messen destaca que se haya acotado la definición de servicios mínimos y que se hayan proporcionado las sanciones y multas por prácticas antisindicales por tamaño de empresa, número de trabajadores y gravedad de los hechos.
Humeres también subraya la importancia de que el empresariado pueda impugnar la nómina de trabajadores. “Eso está en el Código del Trabajo actual y en el proyecto original lo habían eliminado, ahora lo repusieron y me parece bien, porque es lógico que un empleador pueda impugnar a gente que no es parte de la negociación”, señala.