(Diario Financiero) Pese a los intentos del empresariado por mantener esta prerrogativa, ya es un hecho que la reforma laboral contemplará la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga en los procesos de negociación colectiva.
La propuesta de gobierno que ha sido consensuada con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contempla un mecanismo para definir los denominados servicios mínimos que requiere la empresa en casos de paro legal.
El Código del Trabajo hoy permite el reemplazo de los trabajadores en paro legal desde el día 15 de iniciada la huelga y con un bono de 4 UF (unos $ 98.000) por cada persona reemplazada.
La eliminación de esta norma está contemplada en el programa de gobierno de Michelle Bachelet y ha sido una de las demandas históricas del mundo sindical, desde que el Plan Laboral de 1979 impulsado por José Piñera decretó el actual procedimiento de negociación colectiva con posibilidad de sustitución de trabajadores.
«El reemplazo en huelga ya está acordado, no va a haber sustitución al puesto de trabajo, ni con trabajadores externos ni internos, sólo estamos tratando de ponernos de acuerdo en la redacción para los servicios mínimos y turnos de emergencia», dice una fuente que ha particidado del proceso de redacción de la iniciativa.
El mismo informante señala que dicho punto fue zanjado hace un par de semanas por el equipo técnico del Ministerio del Trabajo con la comisión laboral de la CUT. Asimismo, en la reunión del jueves pasado en Teatinos 120, las autoridades de gobierno reforzaron al comité ejecutivo de la multisindical que la propuesta sobre fin del reemplazo irá en los términos ya pactados, en el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la negociación colectiva y sindicalización.
La fórmula
Trascendió que los turnos mínimos no tendrán relación con el tamaño ni el nivel de ventas de una empresa, sino que apuntarán a mantener la operación de faenas críticas dentro de una unidad productiva.
El articulado legal establecerá que los servicios deberán ser acordados entre la empresa y el o los sindicatos en un período previo al inicio del proceso de negociación colectiva. También considera la opción de que el mecanismo se zanje durante los primeros días de presentación de la propuesta de contrato colectivo.
En caso de que no haya acuerdo entre las partes, la nueva norma creará una especie de intervención forzosa por parte de la Dirección del Trabajo (DT) mediante una unidad especializada que creará la ley, la cual dirimirá la forma del turno especial.
Como última instancia, si uno de los actores no queda conforme con la resolución del organismo fiscalizador, se puede reclamar ante la justicia laboral, por la vía de un juicio monitorio, proceso que apunta a la resolución rápida de conflictos en esta materia.
La CUT apoya el mecanismo jurídico para determinar los servicios, pero mantiene diferencias con el gobierno respecto de las situaciones o casos en los que se permitirá esta nueva figura.
«Cuando se trata de la salud de las personas o de servicios básicos para la comunidad como la luz y el agua potable, estamos por los turnos de emergencia, pero no para casos donde la empresa o el empresario pierda dinero por la paralización ante una huelga», reclama un personero del mundo sindical.
La idea del gobierno es que el proyecto considere servicios mínimos dentro de una fábrica que opera con una caldera y para el personal a cargo del control aéreo, de la alimentación de salmones o de pollos en una planta avícola.
El tema del fin del reemplazo volverá a ser tocado en la nueva reunión que sostendrán el viernes los ministros de Hacienda y del Trabajo con la directiva de la CUT.
CPC pone sobre la mesa esquema para aplazar reemplazo de trabajadores en huelga
A menos de una semana de que el gobierno envíe el proyecto de reforma laboral al Congreso, las críticas por la falta de diálogo y dudas sobre el proyecto han sido reforzadas en los últimos días por el empresariado.
Fue el propio presidente de la comisión laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, quien en entrevista con DF dijo que «tengo la impresión de que el diálogo no ha sido suficiente y no creo que vaya a haber un acuerdo con el gobierno en esta materia».
Precisamente, los reclamos apuntan a que el proyecto que el Ejecutivo presentará el próximo lunes en La Moneda incorporará la mayoría de los planteamiento que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre la materia, como la titularidad sindical, pero no contempla las propuestas del sector corporativo.
La multigremial en reuniones con el Ministerio del Trabajo planteó avanzar dentro de esta reforma en flexibilidad laboral y puso sobre la mesa la opción de aplazar el reemplazo en caso de huelga. Una de las fórmulas es postergar la posibilidad de la sustitución de trabajadores al vigésimo día del paro legal.
Actualmente, el Código Laboral permite que las empresas reemplacen a sus trabajadores en dos circunstancias. Desde el primer día de huelga, si es que la empresa ofreció los mismos beneficios del contrato colectivo vigente reajustado al 100% de la variación de la inflación por toda la vigencia del nuevo contrato -excluidos los últimos 12 meses- más un bono por trabajador reemplazado de 4 UF. Si la compañía, en cambio, ofrece al sindicato menos beneficios, puede hacerlo desde el décimo quinto, aunque de todas maneras debe pagarles un bono de 4 UF.
Este punto ya fue debatido hace unos meses entre la CPC y la CUT en jornadas de diálogo en la OIT, tras la firma de la Declaración de Voluntades. La multisindical no se abrió a llegar a un acuerdo para aplazar el reemplazo en huelga.
En los diálogos con el empresariado el Ejecutivo ha transmitido que se avanzará en el término expreso de la sustitución de trabajadores en paros legales, con la excepción de los servicios mínimos.
Otro punto que para los privados es clave son las sanciones a los dirigentes sindicales o trabajadores que participen en huelgas ilegales. De acuerdo a uno de los dirigentes empresariales que ha participado en las reuniones con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, este tema será incluido en la reforma laboral por medio de una fórmula que aún se está definiendo.
Todas estas propuestas serán abordadas en la reunión que sostendrán hoy al mediodía el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, y Rafael Guilisasti con los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y del Trabajo, Javiera Blanco.
e ha anticipado a los privados que el texto final del proyecto será zanjado entre el viernes y el sábado, luego de las últimas bilaterales que sostenga la ministra Blanco con la presidenta Michelle Bachelet.
Reuniones pre legislativas
Hoy a primera hora se convocó a un comité extraordinario de ministros en La Moneda para abordar la puesta en escena de la presentación del proyecto de ley el próximo lunes 29 de diciembre.
Hasta ahora, la idea es que la iniciativa se presente ese día a las once de la mañana en una ceremonia en el palacio de gobierno, con la presencia de parlamentarios de la comisiones de Trabajo.
Asimismo, el viernes está contemplado que Blanco se reúna con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría para avanzar en el trabajo pre legislativo de la reforma y dar detalles sobre la sede por donde ingresará el texto.
Oficialismo insiste en críticas al empresariado
Una defensa cerrada de la reforma laboral realizaron tanto la Democracia Cristiana (DC) como el Partido Socialista (PS), luego de las críticas de la Sofofa y de la CPC a la posibilidad de que la afiliación a los sindicatos sea obligatoria.
El diputado del PS, Osvaldo Andrade, señaló que la reforma pondrá al país al alero de los estándares internacionales en términos de derechos colectivos. En este sentido, deslizó duras críticas a los dirigentes gremiales: «Extrañan estas reacciones tan histéricas y descontroladas». El parlamentario atribuyó la reacción del empresariado a intereses políticos: «Nunca la CPC estuvo en disposición de llegar a acuerdos simplemente por un problema interno. Ellos están en elecciones y en los empresarios ganan los que hablan con más dureza, por eso jamás va haber voluntad de llegar a acuerdo por parte de los empresarios».
Postura menos confrontacional tuvo el jefe de bancada de la DC, Matías Walker: «Rechazamos tanto las presiones que existen para dilatar el envío de este proyecto de ley, por parte de la Sofofa y la CPC. La ministra Blanco ha hecho lo correcto, escuchar a todos los sectores, escuchar a la CUT, a la Sofofa, a la CPC, a los 7 gremios de las PYMES agrupados en Conapyme».
Construcción: era preferible conocer el proyecto antes de envío al Congreso
Se acerca el plazo autoimpuesto por el gobierno para presentar el proyecto de agenda laboral y por esta razón el Ejecutivo ha intensificado las reuniones con el empresariado. Si bien la cita entre Hacienda y la directiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChc), encabezada por su presidente, Jorge Mas, tenía por objetivo hablar de medidas para reactivar el sector, durante el encuentro también se abordó la temática laboral.
En este punto, Mas indicó que si bien los gremios han tenido la posibilidad de hacer sus planteamientos «no sabemos cuál ha sido la aceptación ni tampoco sabemos si nuestras propuestas han sido consideradas o no. Era preferible conocer algo antes del ingreso del proyecto, porque la verdad hoy día estamos preocupados, ya que no podemos ponderar nuestra preocupación de lo que realmente dice el proyecto de ley, pero confiamos en que se dará el equilibrio».
El máximo representante de la construcción indicó que «al gobierno ya se le hizo saber la preocupación de aquellos aspectos que puedan rigidizar el mercado laboral afectando a nuestro sector que requiere de una alta flexibilidad, porque nuestras obras son territorialmente variables, donde un día tenemos obras en Santiago, otro en el norte o en el sur y además son acotadas en el tiempo».
Medidas reactivadoras
En cuanto a las medidas para dinamizar el sector, el gremio entregó 10 propuestas que apuntan a agilizar los procesos de inversión, especialmente, en el área de infraestructura, vivienda y construcción.
«Para el sector construcción proyectamos un crecimiento de 0,6% para 2015. Es una expansión bastante moderada y por ello le presentamos medidas específicas para poder incrementar este crecimiento», afirmó Mas.
Las ideas presentadas apuntan a flexibilizar determinados requisitos para ejecutar proyectos de inversión en Viviendas y Obras Públicas. Son medidas bien específicas tanto del área privada como pública.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sostuvo que «las propuestas del gremio van en una dirección absolutamente coincidente con la que el Ejecutivo está planteando en términos de agilizar las decisiones del Estado y de agilizar todos los mecanismos que ayuden a promover la inversión promover en el área de la construcción», comentó.
Manifestó que «las materias que la Cámara planteó en la reunión serán evaluadas todas en su mérito».
El jefe de las finanzas públicas acotó que lo relevante es que el Decreto Supremo número 16 del Ministerio de Vivienda -que reúne las iniciativas pro inversión- se llevará adelante para reactivar la economía.
Arenas agregó que «lo importante es generar las condiciones para que haya actividad, especialmente en el área de la construcción». Y valoró que «terminando el año estemos viendo cómo nos ponemos de acuerdo para que 2015 sea mejor que 2014».
Para seguir trabajando en estas medidas se acordó una mesa técnica que se reunirá en enero para comenzar a materializar las propuestas.