(El Mercurio de Valparaíso) Haber funcionado como una supuesta asociación ilícita para llevar a cabo la operación y manipulación del crudo iraní (Iranian Heavy), no haber estimado el riesgo de las personas en Talcahuano y la bahía de Quintero y operar por una presunta intención monetaria, fueron algunas de las justificaciones que estimaron cuatro querellantes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano para solicitar la prisión preventiva de los seis ejecutivos de Enap por delito ambiental.
Sentados en la parte de los imputados, Edmundo Piraino Suez, gerente de Enap Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinerías Bío Bío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Enap Refinerías Bío Bío, y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua, tuvieron que escuchar la justificación de los querellantes que los declararon «un peligro para la sociedad».
Esto, porque los abogados que representan a víctimas de la bahía de Quintero y Talcahuano, principalmente, argumentaron que tras la lectura de los cargos del Ministerio Público del Biobío, realizada el jueves, quedó establecido que los altos ejecutivos de la empresa estatal mintieron, ocultaron y falsearon información que, finalmente, incidió en la propagación de gases tóxicos que afectaron a la comunidad.
Precisaron que más de 60 mil personas fueron evacuadas el 4 de agosto del año pasado en las inmediaciones del mall de Talcahuano, tras las fugas que se produjeron por el alije (trasvasije) de crudo iraní, que tiene altas concentraciones ácido sulfhídrico (H2S), desde el buque «Monte Toledo» al «Cabo Victoria», situación que se volvió a repetir en la bahía de Quintero el 21 de agosto, cuando el combustible fue depositado en las piscinas decantadoras de Enap.
Más de mil afectados
Los abogados argumentaron que en el episodio en Quintero y Puchuncaví, más de mil personas -principalmente niños y ancianos- sufrieron síntomas de intoxicación e incluso en algunos casos presentaron reacciones cutáneas complejas o parestesia, situaciones que aún se mantienen, según precisó la abogada querellante Muriel Hang.
Ante la sala, la jurista argumentó que «aquí no ha existido ningún afán de colaborar en esta investigación, de proteger la salud de nuestros representados en Quintero, quienes han sufrido consecuencias en la salud por lo vivido» y recalcó que «los niños allá, en Quintero, tienen temor después de lo que ocurrió en agosto del 2018, tienen miedo de jugar en su casa, de ir al colegio».
El querellante Jorge Ríos, que representa a 30 personas, recalcó que la solicitud de prisión preventiva se hace porque los ejecutivos sabían la toxicidad del compuesto y llevaron igual la acción a cabo sin todos los resguardos y adulterando la información a la autoridad marítima para conseguir los permisos de alije.
Ríos dijo que «atendido que los seis imputados han tenido conocimiento del crudo iraní y la toxicidad y realizaron la importación y medidas de continuar con los riesgos de la población. En el alije falsearon los datos a la Armada, todo hace parecer que existe una asociación ilícita para cometer un delito».
Subrayó que «existe una concatenación de mails donde los imputados sabían la toxicidad del crudo iraní y siguieron. (…) Actuaron inclusive de espalda a sus mismos trabajadores y decidieron continuar con las maniobras con el objeto de obtener un crédito económico».
«No les importó»
La tesis del rédito económico fue respaldada por el querellante Remberto Valdés, quien representa a más de mil personas damnificadas por los episodios de contaminación en la bahía de Quintero. Valdés, quien también solicitó la prisión preventiva o en su defecto arresto domiciliario parcial o total, postuló que «no les importó ni la salud de las personas ni la protección del medioambiente, no les importó nada. Lo hicieron por un precio, lo hicieron por una recompensa que constituye una agravante en el Código penal. (…) En peso chileno, $ 55 mil millones aproximadamente. Acá han obrado con premeditación y las fiscales (Ana María Aldana y Marcela Cartagena) dijeron que los negocios estaban preparados».
Menos crítica fue la abogada Gisele Inostroza, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien fue la única querellante que estimó las cautelares de arraigo nacional y firma para los imputados, solicitud que en el primer día de audiencia fue requerida por la Fiscalía.
La abogada Inostroza aclaró que, tras la exposición de los querellantes y la defensa de Enap, «he visto en la defensa algo orientado al juicio oral y esta es una formalización», Añadió que «la existencia del hecho punible sí se encuentra acreditado. El CDE ha pedido medidas cautelares por los antecedentes y faltan diligencias pendientes.
Defensa de enap
En la audiencia, la defensa de los ejecutivos de Enap desechó la tesis de los querellantes y, por ende, la prisión preventiva. El defensor Cristián Muga fue claro en argumentar que «me parece gravísima la pretensión de solicitar prisión preventiva en base a un hecho falso», dando a conocer que no había intereses económicos ni menos una asociación ilícita.
Respecto a la peligrosidad del compuesto, Muga aclaró que «Enap no compró ningún veneno, ninguna bomba. Enap compró un crudo refinable, altamente comercializable a nivel mundial. Por eso es irresponsable la petición de medidas cautelares de la parte querellante».
El defensor, junto a los demás abogados de Enap que intervinieron en la defensa de los seis imputados, argumentó que la empresa estatal no falseó información e incluso entregaron todos los antecedentes al Ministerio Público cuando fueron requeridos.
«Cada vez que un crudo se refina, cada vez que de un crudo se obtenga un combustible, cualquiera que sea -desde el kerosene de aviación hasta el combustible de un auto- supone que los ejecutivos y trabajadores que han intervenido en esa faena conocen y saben perfectamente manejar tanto el H2s, como los compuestos de los crudos. Por tanto, plantear que esta es una empresa que no sabe comportarse con un crudo de esta naturaleza, simplemente es una irresponsabilidad», dijo Muga.
Cuestionan colaboración
El abogado destacó que es imposible atribuir a la estatal la intoxicación de más de mil personas en Quintero porque, después del evento del 21 agosto, las operaciones de las instalaciones de Enap fueron detenidas. En ese tiempo, dijo, se registraron en la bahía peak de SO2 (dióxido de azufre) atribuibles a Codelco Ventanas, situación que fue refutada por la fiscal Aldana, quien informó que recibió un informe de Codelco, del 19 al 22 de septiembre del año pasado, donde indica que la refinería estuvo sin funcionamiento.
Además, la fiscal desechó el argumento de la colaboración de la defensa y dijo que la situación se logró dilucidar tras los allanamientos en las refinerías Aconcagua y Biobío.