(Pulso) Ad portas de que la Presidenta Bachelet anuncie el proyecto que modifica el sistema de Libre Competencia en el país, el Ministerio de Economía hará público en marzo un nuevo informe con recomendaciones de la OCDE, el cual recomienda que la agencia antimonopolio chilena tenga la atribución de solicitar información a las empresas sin la necesidad de existir una investigación en curso.
El informe recomienda que el Fiscal Nacional Económico, en su rol de promoción de la libre competencia, pueda solicitar los marketshare y otro tipo de cifras a las compañías.
Esta recomendación fue recogida por el Ministerio encabezado por Luis Felipe Céspedes en su proyecto, el cuál sería informado a fines de marzo, y dotaría al fiscal de facultades para de exigir información a las compañías, bajo criterios de estricta privacidad, sin la necesidad de una investigación, y con el único fin de realizar estudios de mercado para establecer políticas públicas.
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Según fuentes conocedoras del proyecto, el gobierno analizó la legislación comparada de países como Estados Unidos, Brasil y algunas economías de la Unión Europea, e introdujo esta nueva facultad.
De acuerdo a conocedores del proyecto, esta facultad podría ser útil para diversas funciones: realizar estudios de mercado para conocer con mayor detalle las industrias que se fiscalizan y también para la elaboración de políticas públicas en momentos críticos como, por ejemplo, desastres naturales, establecer los precios de mercado y detectar posibles alzas.
“Por ejemplo, en Estados Unidos, durante el episodio del Huracán Katrina se pudo detectar la evolución de los precios debido a que la agencia antimonopolio estadounidense tenía una completa información sobre los precios de mercado”, apunta un conocedor del proyecto.
La duda de los expertos es si existirá un “cortafuegos” que impida a la FNE a utilizar información destinada y solicitada para fines de promoción, para posteriormente levantar cargos en caso de irregularidades.
Irarrázabal promete confidencialidad
A fines del año pasado, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, afirmó que este tipo de potestad optimizaría la labor de la FNE para desarrollar estudios de mercado de mejor calidad, pero comprometiendo la confidencialidad de la información requerida a las empresas.
Frente a los eventuales resquemores de los regulados en cuanto a entregar información estratégica, el fiscal Irarrázabal, ha expresado que la FNE está preparada para el desafío.
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“Es delicado, se tienen que establecer sistemas que protejan ese nivel de confidencialidad (…) La FNE, es una institución que maneja información confidencial; yo creo que la fiscalía ha sido hasta ahora bastante exitosa en la forma de manejarlo. Entiendo que desde el punto de vista de las empresas puede haber un cierto riesgo y que ellos pueden advertir la necesidad de contar con sistemas que sean seguros”, expresó Irarrázabal a PULSO en noviembre pasado.
En promedio, la Fiscalía Nacional Económica realiza un estudio de mercado por año y con información de origen público. A la fecha se han realizado levantamiento de datos sobre el sector de la construcción, banca, telecomunicaciones, forestal, industria de la salud y el último se enfocó en el mercado energético.
Los otros cambios
Según fuentes del Ejecutivo, el proyecto se encuentra totalmente terminado e incluirá una definición sobre acciones penales posteriores a la investigación administrativa para el caso de colusión. También se propondrá el control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración, que seguirá las recomendaciones que formuló la Ocde en un informe reciente, donde advirtió sobre las deficiencias que tiene nuestro país.
El proyecto contemplará umbrales económicos a partir de los cuáles será obligatorio informar previamente sobre estas operaciones. Pero se tomará en consideración una serie de variables económicas que brinden certeza a los actores del mercado y no generen trabas a los procesos de fusión.
En cuanto a las multas también habrá novedades, ya que la iniciativa que será anunciada prontamente por La Moneda define un aumento en las multas, las que actualmente llegan a las 30 mil UTA. La iniciativa generaría una escala de multas para los responsables de colusión o abuso de posición dominante, con montos proporcionales a las ventas de la empresa o el beneficio obtenido.
“Esta es la mejor fórmula, ya que si las multas son por utilidades existiría una distorsión tributaria”, explica un conocedor del proyecto.
Adicionalmente a este proyecto, en el Congreso se tramita una modificación a la Ley de Libre Competencia, la cual propone penalizar la colusión y se encuentra en estudio en particular.