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Presidente Piñera destacó efectos de Ley que obliga al retiro de cables en desuso

Ago 12, 2019

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., aclaró que "tanto la ley como los escombros aéreos se refieren a cables de telecomunicaciones y no a cables eléctricos". Multas por no cumplir la normativa oscilan entre $4,9 y $49 millones.

El Presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes la ley que ordena el retiro de los cables aéreos en desuso, que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades, eliminando estos objetos que generan inseguridad y contaminación visual.

«Es para tener ciudades más hermosas, más humanas, más gratas, más seguras», dijo el Presidente en un acto realizado en la comuna de La Reina, acompañado de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; el ministro de Energía Juan Carlos Jobet; parlamentarios, vecinos y representantes de empresas de telecomunicaciones.

La nueva ley establece que las compañías serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de líneas aéreas o subterráneas de cables.

[VEA TAMBIÉN: Regulación de retiro de tendido de cables aéreos en desuso pasa a ser Ley]

Al respecto Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., aclaró que «tanto la ley como los escombros aéreos se refieren a cables de telecomunicaciones y no a cables eléctricos».

De acuerdo a lo mencionado por Piñera, a marzo de 2019 ya se han retirado 647 kilómetros de cables en desuso, lo que equivale a la distancia entre Santiago y Temuco, y se estima que para 2022 se hayan retirado 2.000 kilómetros de escombros aéreos.

Plazos

El plazo para retirar los cables no podrá superar los cinco meses desde que son calificados como desecho por la municipalidad correspondiente. Cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la compañía.

En caso de que la compañía no retire los cables dentro del plazo, los municipios podrán retirar estos elementos con costo a las empresas. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (entre $4,9 millones y $49 millones).

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