enero 8, 2014 | Industria
(Pulso) Hasta ahora desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) no han querido referirse a los desafíos que tendrá la nueva administración de Michelle Bachelet. Pese a que ya han pasado más de 3 semanas de las elecciones presidenciales, en la cúpula empresarial han optado por el silencio a la espera de un encuentro formal con la futura mandataria.
En agosto de 2013, cuando Bachelet aún era candidata de la Nueva Mayoría, se concretó el primer encuentro público entre ambas partes, instancia en que Bachelet escuchó las inquietudes del empresariado y les presentó su programa de gobierno.
Ese no había sido el único acercamiento de los empresarios con la entonces candidata a la presidencia. La CPC mantenía líneas abiertas con el comando de Bachelet, sobre todo con su jefe programático, Alberto Arenas, con quien, en diversas oportunidades, se habían reunido para analizar el programa de la futura administración.
Tras las elecciones, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, solicitó a la Presidenta una reunión con el objetivo de hacer un saludo formal entre las partes, y poder nuevamente analizar los puntos más relevantes para el empresariado.
Si bien, esta solicitud se realizó inmediatamente después del triunfo de Bachelet, recién esta semana, tras el regreso de vacaciones de la mandataria, se fijaría fecha y hora. En la CPC esperan que la reunión se pueda realizar la próxima semana.
Entre tanto, la Confederación ha estado activamente analizando las propuestas de Bachelet y prueba de ello es la convocatoria a un grupo de seis especialistas -liderado por el director del SII, Ricardo Escobar- para evaluar la futura reforma tributaria (eleva de 20% a 25% impuestos a las empresas y elimina el FUT) y determinar sus efectos macroeconómicos Una vez que culmine dicha labor, la CPC entregará el informe a Bachelet, con el objetivo de participar activamente en el debate de esa y otras reformas.
La Haya
Ayer el comité ejecutivo de la CPC sostuvo un encuentro reservado con el canciller, Alfredo Moreno, para abordar los escenarios y las decisiones del gobierno luego del próximo 27 de enero, cuando se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, respecto a la demanda de Perú.
Y si bien al finalizar la cita Andrés Santa Cruz señaló que «no hay preocupación, hay tranquilidad respecto de lo que pueda ocurrir, porque creemos que aquí hay una mirada de Estado, Chile lo ha hecho siempre mirando el bien del país, siendo respetuoso de todos los compromisos internacionales. En ese sentido Chile es un ejemplo en el mundo de un país que respeta la legislación bajo el estado de derecho», no dejó admitir que «podría haber efectos en el sector pesquero», en caso de que el fallo fuese adverso a nuestro país.
Esta visión fue compartida por el presidente de la Sofofa Hermann Von Mühlenbrock, quien dijo que «evidentemente que si nos va mal podemos perder zonas de pesca cercanas a la costa donde realmente está el recurso. Si nos va más o menos se pueden perder zonas alejadas a la costa de las 200 millas donde hay menos recursos. El impacto económico básicamente va a depender del efecto en las aguas cercanas a la costa».
El presidente de la CPC también se refirió a la decisión de Endesa de retirar de su cartera de proyectos de inversión a HidroAysén: «falta un compromiso de todas las autoridades, de todos los actores, incluidos nosotros, en orden a que todos los proyectos que cumplan con la normativa deben sacarse adelante. Preocupémonos de la buena normativa, pero cuando se cumple con esa normativa, los proyectos deben ejecutarse».
noviembre 20, 2013 | Industria
(El Mercurio) El Decreto Ley 600 fue creado en 1974 y es responsable de la mayor parte de la entrada de inversión extranjera al país: en los últimos 38 años se han acogido a este mecanismo proyectos por US$ 90.444 millones, lo que representa 60,2% del ingreso bruto de capitales a Chile, según cifras del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE).
En las últimas semanas, el decreto ha estado en el centro de la discusión política y económica, debido a la propuesta de la candidata a la presidencia, Michelle Bachelet, de eliminar este mecanismo. Alejandro Micco, uno de los asesores económicos de la ex Presidenta, dijo que el decreto se gestó en un período de alta incertidumbre económica, como fue la nacionalización del cobre durante los setenta, razón por la cual las autoridades necesitaban otorgar certeza jurídica a los capitales extranjeros. Pero Chile actualmente tiene una estabilidad que ya no hace necesaria la mantención de esta herramienta, agregó.
Sin embargo, la parte poco recordada es que dicha normativa sufrió cambios significativos y fue respaldada por parlamentarios de la Alianza y de la Concertación, y por expertos en, por lo menos, dos oportunidades.
El 31 de marzo de 1993 la Ley 19.207 fue publicada en el Diario Oficial y modificó el DL 600. El cambio en la normativa tuvo un apoyo trasversal y fue impulsado por la administración del Presidente Patricio Aylwin.
Los ex ministros de Economía Carlos Ominami y Jorge Marshall respaldaron la normativa y trabajaron en los cambios para mejorarla y hacerla más atractiva a los ojos del inversionista extranjero. Mientras que en la comisión de Economía del Senado participaron los parlamentarios Francisco Prat, Sebastián Piñera, Jorge Lavanderos, Ricardo Hormazábal, Olga Feliú y Bruno Siebert.
Entre las modificaciones al DL se concretaron la reducción del plazo de repatriación de capitales de tres a un año. También se aprobó no someter a plazo de remesa a las utilidades que hayan sido capitalizadas, siempre que hayan cumplido las obligaciones tributarias correspondientes. Además, se redujo la tasa de invariabilidad tributaria por diez años para el inversionista de 49,5% a 42%.
Comisión de expertos
En 2010, una comisión transversal de expertos, conformada por Mahmud Aleuy, José Pablo Arellano, Cristián Eyzaguirre, David Gallagher, Roberto Guerrero del Río, Fernando Larraín, Gonzalo Rivas, Guillermo Vásquez, Rodrigo Vergara, Matías Mori y Carolina Fuensalida, elaboró un informe que proponía una serie de modernizaciones al DL 600. Finalmente, esta comisión concluyó que el Estatuto de Inversión Extranjera es útil y necesario para el país.
«Dicho cuerpo normativo entrega una clara señal de compromiso a nivel país con la inversión extranjera, además de constituir un mecanismo que proporciona seguridad y certeza a este tipo de inversión. Nuestro sistema legal en esta materia, el cual fue implementado hace más de 50 años, ha sido exitoso y ha favorecido nuestra capacidad de atraer inversión extranjera», concluye el documento.
octubre 24, 2013 | Industria, Sociedad
(Diario Financiero) El Tercer Congreso Nacional de Concesiones: Infraestructura para el 2018, organizado por la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) fue el escenario para que los representantes de las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei, Jorge Quiroz, y Michelle Bachelet, Aldo González, expusieran su visión y propuesta en materia de infraestructura y concesiones.
Al inicio del encuentro, Rodrigo Alvarez, presidente de Copsa, enfatizó que la industria de concesiones “tiene toda la capacidad de seguir avanzando y está disponible para perfeccionar el modelo y seguir aportando” y para que ello ocurra, es necesario avanzar en una serie de desafíos pendientes que han puesto al país en una situación menos competitiva durante los últimos años.
Las propuestas
Por su parte, Aldo González, del comando de Michelle Bachelet, señaló la importancia de fortalecer la infraestructura de portuaria. “Valparaíso y San Antonio crecen a tasas del 10% al año, eso implica que hay que duplicar la capacidad cada siete años y hay que tomar una decisión respecto a cómo se cubre ese futuro déficit de infraestructura que se proyecta”, señaló y agregó que además hay que solucionar el problema de traslado de contenedores el que podría pensar en el uso del ferrocarril como una manera complementaria a los camiones de carga.
Además, explicó respecto de Américo Vespucio Oriente que si bien “nuestra solución ideal es que haya una licitación de un solo tramo”, agregó que se respetará lo que el actual gobierno haya avanzado en relación al proyecto. En materia de aeropuertos, indicó que darán continuidad a la cartera. En tanto, en materia de infraestructura social señaló que “el compromiso de esta candidatura es decir que se van a construir hospitales, se ampliará la capacidad penitenciaria pero no vamos a prometer necesariamente concesiones en estos servicios”. Además, dentro de las propuestas está la posibilidad de concesionar recintos deportivos y de espectáculos. Y la generación de una agencia de concesiones, que tenga personalidad jurídica, atribuciones y presupuesto y que sea transversal a todos los ministerios y organismos públicos.
En tanto, Jorge Quiroz, representante del comando de Evelyn Matthei, reforzó la necesidad de fortalecer la actual unidad de concesiones del MOP y darle un enfoque desde las demandas ciudadanas, señaló que hay que tener un nuevo ángulo respecto de éstas, pero al mismo tiempo indicó “tenemos una propuesta en el sentido de encarecer el litigio de mala fe (…) “se debe tener algún elemento en el caso de que alguien detenga una obra que vale cientos de millones de dólares, basado en un supuesto y al final la obra sigue igual porque se ve que no había ninguna razón para litigar,esa persona tiene que pagar un costo”, sostuvo.
En financiamiento, propuso el modelo Tifia (The Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act) que se utiliza en Estados Unidos. Además, propuso una red troncal de ciclovías en todas las ciudades con más de 500 mil habitantes.
Cartera de inversiones
Carlos Plass, coordinador de concesiones del MOP, destacó en el congreso que «además de lo que estamos ejecutando, tenemos un portafolio importante de proyectos estimado en cerca de US$4.500 millones que se podrían adjudicar en los próximos 3 a 4 años y, si incluso ponemos otros proyectos que están en etapa primaria de estudios, hay un banco de proyectos entre US$8.000 y US$9.000 millones».
En tanto, la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, señaló que la licitación en varios tramos del proyecto Américo Vespucio Oriente, «es una discusión zanjada hace ya bastante tiempo» y que la licitación estará dentro de lo que resta del año.
Fuente / Diario Financiero
