enero 16, 2014 | Industria
(El País) El grupo ACS prevé que el almacén de gas Castor, en el que el grupo presidido por Florentino Pérez tiene un 66,67% del capital,podrá empezar a operar este año, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Ministerio de Industria decretó la suspensión de actividad del almacén subterráneo situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón) tras los seísmos registrados en la zona.
“El grupo ACS entiende que, tras los oportunos estudios técnicos, que actualmente están en curso, así como tras la correspondiente auditoría técnica y contable, que está terminada y entregada al Ministerio, dichos problemas serán solucionados satisfactoriamente por lo que la planta podrá entrar en funcionamiento comercial en 2014”, señala la empresa al supervisor en contestación a un requerimiento de explicaciones.
Además, explica que Escal, la sociedad del Castor, tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento durante un plazo de 25 años con derecho al cobro del valor neto contable (o del residual, muy similar, si se acreditara dolo o negligencia). El Gobierno intentó sin éxito liberarse de esa obligación.
A pesar de su participación del 66,67%, ACS considera que no tiene control sobre la sociedad porque tiene un compromiso de compraventa por el que Enagas le comprará la mitad de su participación una vez la instalación se incluya en el sistema gasista por la puesta en funcionamiento comercial de la planta e inicio de la explotación y acceso a la remuneración del sistema. El acuerdo establece que el precio de venta de dicha participación se fijará como el valor actual de los flujos de caja del plan de negocio con un mínimo del valor nominal de los fondos aportados por ACS al proyecto.
El grupo señala a la CNMV que además, en 2012, inició procesos de negociación para la venta total de su prticipación, con varios procesos de entrega de datos y negociaciones bilaterales que no culminaron. Fuentes del grupo señalan que no hay en este momento nuevas conversaciones de venta abiertas.
Dado el compromiso de compraventa con Enagas, el grupo constructor considera que es una inversión sin riesgo. Además, argumenta que no tendrá el control de la operación cuando entre en funcionamiento y que su papel es más bien el de una especie de contratista llave en mano. Enagas será quien supervise la operación y mantenimiento del almacenamiento.
En cuanto a la fase de construcción, ACS alega que al tratarse de «una instalación considerada de estrategia nacional» y formar parte de un sector fuertemente regulado, la sociedad no está regida realmente por sus accionistas, sino por el regulador, que revisa periódicamente el proyecto y lo somete a auditoria técnica y económica.
El grupo también recuerda que la concesión es por un periodo de 30 años, prorrogables en dos periodos sucesivos de 10 años cada uno. Señala que su participación en Escal estaba contabilizada por el método de la participación por un importe de 164 millones de euros en las cuentas de ACS, incluido un préstamo participativo de 184 millones. En 2013, el grupo que preside Florentino Pérez canceló la financiación inicial del proyecto con una emisión de bonos por 1.400 millones.
diciembre 23, 2013 | Industria
(El País) La decisión del Gobierno de anular la subasta trimestral que determinaba que la tarifa eléctrica subiría el 11% en enero ha levantado una sombra de sospecha sobre las compañías eléctricas que estas van a combatir con armas y bagajes. Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), a la que recurrió el Ejecutivo para apoyar sus actuaciones, existieron “circunstancias atípicas” en la subasta. Esto, en roman paladino, se traduce en que las empresas pudieron haber manipulado el mercado durante los días previos y durante la misma subasta para elevar el precio de la electricidad.
Esas acusaciones —alimentadas, además, por las realizadas por asociaciones de consumidores, grandes clientes y comercializadoras— han sido consideradas como una “declaración de guerra” por el sector, que se guarda la posibilidad de entablar acciones legales contra el Gobierno. De momento, van a esperar a los pasos que dé el Ejecutivo, que deberá determinar si fija el precio por decreto o adopta un nuevo sistema. Es probable que, de forma provisional, repita el aumento de septiembre (un 3,1%, si no cambia el precio de la parte regulada, que supone un 55% del total) para luego corregirlo si se producen desviaciones sobre esta estimación.
Mientras tanto, ha arreciado el cruce de acusaciones. Las eléctricas exigen al regulador “que se clarifique urgentemente y con la mayor transparencia el resultado del informe sobre el análisis de la subasta” y que publiquen los volúmenes registrados en la subasta, así como la lista de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo.
En opinión de las compañías, “se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y emplean alrededor de 180.000 personas”, según un comunicado de Unesa, patronal que junta a las eléctricas convencionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EON y EDP-Hidrocantábrico).
Los ánimos se encendieron todavía más este sábado con las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, al diarioAbc, en las que critica la “burda manipulación y actuaciones para modificar los precios” y ataca a las eléctricas porque “no saben como justificar que fue transparente”. Según Unesa, las acusaciones del ministro son “muy graves” y “un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados al haberse realizado en un tono y unos términos que sugieren que podría haber incurrido en algún género de responsabilidad”.
El presidente de Unesa, Eduardo Montes, salió al paso. “No es admisible que culpe a las eléctricas”, dijo. Las eléctricas subrayan que los supervisores de la CNMC no detectaron in situ ninguna irregularidad y que el informe del Boletín Oficial del Estado publicado este sábado no alude a esa manipulación de precios y sí a errores técnicos. El BOE publica la resolución de la Secretaría de Estado de la Energía, en la que se determina que la subasta fue anulada a todos los efectos y las “circunstancias atípicas” detectadas por la CNMC en las que se dice que se ofertó un volumen inferior del 11,5% a otras subastas, alcanzó diferencias superiores a un 7% en el precio (cuando la media ha sido del 2%) y se llevó a una “temprana finalización”, siendo la más rápida en cerrar (en la ronda siete cuando lo normal es en la 12).
Para las eléctricas llueve sobre mojado después de varios meses de lucha contra una reforma que no ha contentado tampoco a las firmas de renovables (porque les reduce drásticamente las subvenciones) ni a los consumidores. Esa reforma tenía como objetivos fundamentales acabar con el déficit a partir de 2013 y conseguir moderar los precios. Pues bien: el déficit va a aumentar al menos 3.600 millones de euros este año como consecuencia de que las enmiendas introducidas por el PP a última hora en el Senado impiden que se carguen sobre los Presupuestos. Y el precio de la tarifa anda lejos de moderarse.
Para arreglarlo, el Gobierno recurrió a titulizar la deuda para que no recayera sobre las empresas, a las que pidió que retiraran los recursos que tenían en marcha. Esa tregua pedida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión a la que no invitó a los responsables de Industria, duró hasta la decisión gubernamental tras la subasta del jueves, que venía precedida de una subida de precios en la fijación de precios diarios del pool.
Para las empresas, “el incremento de tarifas es la prueba definitiva de que la reforma ha muerto antes de nacer”. “Lo veníamos diciendo hace tiempo: la reforma no podía conseguir ninguno de sus objetivos porque está mal diseñada ab initio. No se puede acabar con el déficit ni con los precios altos si no se atacan los factores que causan el déficit”, subrayan. “Vuelve a someter al sector a una situación de incertidumbre insostenible”, rematan.
Las eléctricas esgrimen que tienen un papel “absolutamente marginal” en la subasta, en las que participan en torno al 10% de la oferta total. Las empresas recuerdan que, en contra de lo que pueda pensarse, los principales protagonistas no son las eléctricas. En la subasta del jueves, por ejemplo, hubo 36 operadores y más de la mitad fueron entidades financieras y brókers.
La presencia de estos en un mercado tan específico se explica porque no deja de ser un negocio, que funciona como el mercado de futuros, en el que evidentemente también asumen riesgos. En definitiva, la tarifa está sometida más a las reglas de un mercado financiero (y, por tanto, especulativo) que industrial, lo que entraña una situación anómala que ni el Gobierno socialista, antes, ni ahora el del PP han sabido corregir, pese a las evidencias de posibles movimientos irregulares y, lo que es más llamativo, de las advertencias de las propias eléctricas.
Asimismo, piden que se modifique el sistema de fijación de precios (la subasta supone un 45% de la tarifa y un 55% sale de los peajes regulados) porque consideran inadecuado que en una subasta de un día se decida el precio de un trimestre. Para ello, han presentado propuestas a Industria para que lo cambie y se establezca un sistema como el de las subastas del Tesoro, que combina precios a distintos plazos. También han barajado otras fórmulas como fijar los precios ex ante y corregirlos después o cruzar oferta y demanda real antes de la distribución, como ocurre en países vecinos. En ese sentido, la antigua Comisión Nacional de la Energía (ahora integrada en la CNMC), advirtió de que podría ocurrir que el precio de un día condicionara toda la demanda de un trimestre. Precisamente, esa Comisión no ha enmendado la plana a las 25 subastas anteriores.
Además, las eléctricas denuncian que casi el 50% de la tarifa se debe a cuestiones que “nada tienen que ver con los costes de producir y distribuir electricidad (subvenciones, déficit de tarifa, impuestos…) y sí con errores de política energética que, en lugar de sufragarse a través del Presupuestos, los pagan los consumidores”. “Por no afrontar los auténticos problemas del déficit y la evolución de precios, está conduciendo al sistema eléctrico a una situación insostenible en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores sirve para costear los errores políticos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico”, reseñan. En ese sentido, subrayan que la reforma sólo ha atacado los ingresos regulados, es decir, “la parte de la tarifa que ni crea déficit, ni crece”.
diciembre 20, 2013 | Industria
(El País) Hasta que llegó la crisis se tenía la certeza de que el precio de los pisos nunca bajaba. Pinchada la burbuja inmobiliaria, esa certeza se ha trasladado ahora a la luz que, pese a que la recesión ha erosionado las economías domésticas y el consumo, dispara su precio trimestre a trimestre. En 2014 batirá récords. Si el Gobierno no lo remedia, el próximo mes de enero los consumidores deberán afrontar un aumento récord del recibo de la luz de en torno al 11%, la mayor subida desde que se implantó el sistema actual en el que una parte de la tarifa la fija el Ministerio de Industria y otra depende de una subasta en la que pujan las compañías eléctricas.
El Gobierno parece dispuesto a frenar la incómoda subida, que ha suscitado críticas en todos los rincones, políticos y sociales. El presidente Mariano Rajoy, preguntado por el asunto del tarifazo en la cumbre de jefes de Estado europeos a la que asistía este jueves en Bruselas, señaló: «Eso vamos a intentar arreglarlo», informó Miguel González.
Esa subasta, celebrada este jueves, arrojó un inesperado aumento del 26,5%, que repercutirá en la factura final que paga el consumidor con un incremento del 10,5%. Si se suma el otro componente del recibo, la parte regulada que fija el Gobierno y cuyo aumento se estima en menos del 1%, la factura de la luz subirá a comienzos de 2014 en torno al 11%.
Esa subida desorbitada supone, en la práctica, un desafío al Ejecutivo del sector eléctrico, que ha visto frustrados sus deseos de que le reconocieran los 3.600 millones de euros del llamado déficit de tarifa. Y el Gobierno va a responder a ese reto, con un decreto para reformar el sistema de subasta e invalidar el resultado de la última puja para evitar que tenga esa repercusión desmesurada en el recibo, según señalaron en fuentes cercanas al Ejecutivo. El decreto, con carácter de urgencia, será aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros que se celebra este viernes.
Se trata de la cuarta subida consecutiva del precio de la luz tras las revisiones que tuvieron lugar en octubre (3,1%), agosto (3,2%) y julio (1,2%) y la quinta en un año, si se tiene en cuenta la de enero pasado (3%). En el conjunto de 2013, las tarifas moderaron su aumento hasta un 4,5% de media gracias a que en la revisión de abril hubo un descenso del 6,7%. Incluyendo la subida del próximo mes de enero, la electricidad se ha encarecido el 70% en los últimos cinco años, con la crisis de por medio que ha dejado maltrechas las economías domésticas.
El resultado de la subasta, que se conoció a media mañana, desató un enorme revuelo tanto en el plano social como político. Las organizaciones de consumidores clamaron contra este nuevo “atraco eléctrico”, que “convierte a la luz en un objeto de lujo”. En el Congreso de los Diputados, todos los partidos de la oposición firmaron un manifiesto comprometiéndose a derogar la reforma cuando tengan mayoría. Ante la trifulca parlamentaria y la alarma social, el Gobierno no tuvo más remedio que comparecer. El ministro de Industria, José Manuel Soria, no quiso hablar de manipulación pero tachó de “inaceptable” la subasta porque los resultados que han salido de la misma no se corresponden con los precios mayoristas de los últimos días.
diciembre 13, 2013 | Industria
(El Mercurio) Un total de 21 plantas industriales de España se vieron obligadas a detener su producción tras los «desorbitados» precios que alcanzó la energía que consumen y que es reajustada cada mes en el mercado mayorista eléctrico (Pool).
Los altos precios desataron la ira de los comercializadores y la gran industria que compra la energía en esta bolsa eléctrica. Según esta última, el sobrecosto de producción alcanzará sobre los US$ 34 millones mensuales y afecta la actividad de 15 mil empleos directos.
La mayoría de estas fábricas pertenece a Alcoa, Ferroatlántica, Cementos Portland, Nervacero, Carburo del Cinca, Siderúrgica Sevillana y Votarantin Cementos. Todas ellas, explica Eleconomista.es, son industrias electro-intensivas que han sido golpeadas por un diferencial de precios de hasta un 60% superiores a los registrados en Alemania, principal competidor de España en las exportaciones industriales hacia el Viejo Continente.
Según explicó ayer la patronal de los grandes consumidores de energía AEGE, «estos precios no se corresponden con los costes de generación, produciendo una pérdida de competitividad inmediata y en el medio plazo». «Esta situación nos aleja del añorado objetivo para el 2020 de que la industria española alcance el 20 por ciento del PIB», añadió la asociación.
En este sentido, los grandes consumidores de energía recuerdan al gobierno que la industria es «un sector fundamental y clave» para la salida de la crisis y dan un toque de atención al ministro de Industria, José Manuel Soria, ya que ese rubro «continúa esperando» los anunciados cambios que se pretendían a través de la reforma energética para alcanzar unos precios estables y similares a los de la UE, aunque parecen olvidar los bajos precios de abril y mayo.
Otros de los grandes afectados por este encarecimiento de la bolsa eléctrica son los comercializadores independientes, como Acciona, GDF Suez, Alpiq, Axpo y Enérgy del grupo Villar Mir, entre otros. A través de su patronal ACIE, estas empresas instaron a las autoridades competentes a investigar los comportamientos de oferta en el mercado, con el fin de aportar «una investigación técnica rigurosa» sobre las causas de esta alza de precios.
10% subiría el costo del consumo domiciliario en España en enero, según estudios de Eleconomista.es, a causa de las recientes alzas experimentadas y que mantienen en alerta al sector industrial del país ibérico.
diciembre 9, 2013 | Industria
(Diario Financiero) Las eléctricas españolas viven un verdadero calvario en la bolsa madrileña. La capitalización bursátil de cuatro de los principales actores del sistema ha caído más de US$ 4.500 millones sólo la semana pasada, en medio de un complejo ambiente regulatorio para el sector.
Esto, luego de que el gobierno determinó un recorte de 3.600 millones en subsidios a las empresas del sector la semana pasada, con el fin de que la administración central cumpla con la meta de un déficit fiscal de 6,5% este año, lo que obligaría a las compañías a asumir íntegramente el déficit del sistema.
El gigante eléctrico Endesa lideró las caídas, con US$ 1.758 millones menos en valor en bolsa, mientras que Iberdrola perdió sobre US$ 1.600 millones en cotización durante la semana.
Por su parte, Gas Natural y Acciona perdieron menos de US$ 1.000 millones en cotización bursátil tras la compleja semana para la industria.
Los focos de conflicto
La controversial medida tiene enfrentado al gobierno con el sector, que pide al Estado ser el aval del déficit, propuesta que el Ejecutivo considerará sólo si las empresas renuncian a reclamar incrementos de peaje que generarían un alza de 12% en el precio de la luz.
Además, la Comisión Europea mira de reojo el tema. Desde Bruselas valoraron los esfuerzos del gobierno por equilibrar la cuenta fiscal, pero advierten que la medida “retrasa” la solución al problema de fondo: el endeudamiento de las eléctricas.
El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O´Connor, planteó que si bien la medida “reducirá los riesgos para alcanzar el objetivo de déficit de 2013, retrasa la solución de otro problema importante, el de la acumulación de deuda en el sistema eléctrico. Esto representa un pasivo contingente significativo para las finanzas públicas de España”, señaló al diario español Expansión.
Mercado pierde confianza
El proyecto del Ejecutivo, que fue modificado la semana pasada en el Senado para incluir el recorte de los subsidios, mantiene en alerta a los inversionistas, quienes dudan de la viabilidad del sector ante el incierto panorama regulatorio.
En este contexto, la semana pasada el banco de inversión Goldman Sachs recortó sus proyecciones de precios para la industria. Así, el precio objetivo de Red Eléctrica pasó desde 55 hasta 54,1 euros por acción; mientras que el de Gas Natural desde 19,4 a 18,6 euros.
Iberdrola, por su parte, registró un ajuste desde 4,55 a 4,35 euros; el de Acciona de 39 hasta 38 euros, y el de Endesa de 2,15 a 2,10 euros.
El banco de inversión mantiene a Red Eléctrica como su papel preferido en la industria hispana, mientras que asignó una recomendación “neutral” a Gas Natural e Iberdrola. Menos positivos fueron con Acciona y Endesa, títulos que recomendaron “vender”.
