febrero 15, 2017 | Mundo
(La Nación) La petrolera estatal argentina YPF informó el martes a las autoridades bursátiles que el Gobierno, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), le ordenó iniciar un proceso de desinversión en la distribuidora Metrogas.
El Enargas requirió adaptar la composición accionaria de Metrogas, en consonancia con el plazo previsto en la ley de emergencia 25.561 y en cumplimiento del artículo 34 de la ley 24.076, que impide a una empresa productora y transportadora el control de una distribuidora.
La resolución del Enargas fue enviada el lunes a Metrogas y recibida el martes por YPF, que luego giró sendas misivas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio porteña.
El segundo párrafo del artículo 34 de la ley 24.076 ordena que «ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador habilitado como transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o controlante de los mismos, podrá tener una participación controlante, según lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como distribuidora».
En forma indirecta, YPF adquirió el 70% de la participación en Metrogas, una operación autorizada por resolución Enargas N I/2566, del 19 de abril de 2013.
Análisis
Tras la fusión con YPF Inversora Energética y Gas Argentino, la petrolera es la titular del 70% de las acciones de Metrogas.
«YPF informa que más allá de cumplir con la normativa vigente en la materia y contar con la totalidad de las autorizaciones gubernamentales necesarias, requerirá y analizará los antecedentes del mencionado requerimiento y en función de ello adoptará las acciones necesarias en defensa de sus intereses y los de sus accionistas», informó a la CNV y a la Bolsa.
febrero 14, 2017 | Mundo
(Clarín) En varias resoluciones, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) impuso multas por más de $30 millones a cuatro transportistas de energía eléctrica en alta tensión “por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicio”.
La mayor sanción recayó en Transener, por $21,9 millones, tras constatarse faltas cometidas durante junio a noviembre de 2015, mayormente relacionadas con “indisponibilidades de equipamiento propio de líneas”.
Las multas también fueron por “incumplimientos incurridos por sus transportistas independientes al Régimen de Calidad de Servicio” e incumplimiento de la empresa respecto a “la supervisión a la operación y mantenimiento de sus transportistas independientes”.
Por otra parte, el ENRE instruyó a la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) para que Transener destine $4,8 millones de esa multa a inversiones en equipamiento “de conexión / transformación y conexión / salidas”.
A su vez, la empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noroeste (Transnoa) fue multada por similares incumplimientos de abril a septiembre de 2015 en $1,6 millones, que deberá destinar a la ejecución de inversiones adicionales.
Y, del mismo modo, el ENRE sancionó a la transportista de energía eléctrica bonaerense Transba en $1,4 millones por infracciones al régimen de calidad entre junio y noviembre de 2015 y a la responsable del servicio en la Patagonia (Transpa) por $503.000 por ante fallos durante julio a diciembre de ese mismo año.
febrero 9, 2017 | Mundo
(La Nación) El Ministerio de Energía y Minería inició el proceso para llevar adelante la construcción de un gasoducto y la ampliación de otros tres que a fines de 2018 llevarán gas natural a 140.500 hogares, unas 562.000 personas, en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Fe, con una inversión de $ 4.000 millones.
Lo hizo a través de la Resolución 18-E/2017 publicada en el Boletín Oficial, que convocó a una Licitación Pública Nacional para la adquisición y el transporte de cañerías para el proyecto ‘Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural’.
Se trata de la primera de las etapas del proceso, que seguirá la próxima semana con otra convocatoria a licitación para la adquisición de compresores y continuará, antes de fin de mes, con el llamado al montaje de la obra, que se iniciará en el segundo trimestre de este año. Según se anunció, las primeras conexciones de gas se estarán concretando en el segundo semestre de 2018, dado que los plazos de finalización van de los 12 a los 18 meses de iniciados los trabajos.
Según la resolución, esta licitación tendrá un presupuesto de $596.294.236,91, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El detalle de las obras comprende la construcción, a partir del segundo trimestre, del gasoducto Regional Centro II, en la provincia de Santa Fe. A su vez, se reforzarán los gasoductos de la Costa y el Tandil-Mar del Plata, en provincia de Buenos Aires, y el Cordillerano Patagónico, en Chubut y Río Negro.
En el caso del Gasoducto Regional Centro II, el objeto es expandir la capacidad del ducto Regional Centro que actualmente se encuentra al 100% de su capacidad. La apuesta es incrementar el suministro de gas a distintas localidades santafesinas para incorporar al servicio a 34.000 usuarios adicionales.
El punto de conexión es el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), en cercanías de la localidad santafesina de Recreo, y se vinculará con el existente Regional Centro, en las inmediaciones de Sunchales, para generar nuevas alimentaciones a esa ciudad, Esperanza y Rafaela. El presupuesto para esta obra es de $ 1300 millones y el plazo estimado de ejecución es de 12 meses.
Por otra parte, se expandirá la capacidad del Gasoducto de la Costa y del Gasoducto Tandil-Mar del Plata, dado que la planta compresora de El Chourrón, que inyecta gas en ellos, se encuentra al 100% de su capacidad.
Sobre el Gasoducto de la Costa se ejecutará un refuerzo más la instalación de una Planta Compresora en Las Armas. A su vez, la planta Compresora El Chourrón comprimirá solo el Gasoducto Mar del Plata-Tandil y se ejecutarán refuerzos en ramales de este hacia Balcarce, además de interconectar las estaciones reductoras de presión La invernada y El tejado, que alimentan a la demanda marplatense.
La demanda proyectada es de 84.500 usuarios adicionales. En este caso, el presupuesto para la obra es de $ 1078 millones y el plazo estimado de ejecución es de 12 meses.
Por último, se ampliará la capacidad del sistema Cordillerano Patagónico con nuevos refuerzos, para atender una demanda proyectada de 22.000 usuarios adicionales en distintas localidades de su trazado.
La ampliación se realizará desde los dos puntos de alimentación del sistema PM 280 de Transportadora Gas del Sur (TGS) y Yacimiento El Zorro e incluye además de los loops de refuerzo, la instalación de la Planta Compresora Río Senguer. El presupuesto para esta obra es de $ 1700 millones y el plazo estimado de ejecución es de 18 meses.
septiembre 8, 2016 | Industria
(América Economía / Reuters) La gigante petrolera Royal Dutch Shell está evaluando vender activos de refinación, transporte y distribución en Argentina, como parte de un programa de desinversiones por US$30.000 millones, dijo este miércoles su presidente ejecutivo, Ben van Beurden.
El ejecutivo declaró en una conferencia en Nueva York que la empresa está asumiendo una revisión estratégica de activos «downstream» en el país sudamericano.
Una portavoz de Shell aclaró que los activos de upstream -de exploración y producción- en Argentina no forman parte de esa revisión.
En junio, en su primera presentación de estrategia de largo plazo desde la compra de BG por US$54.000 millones en febrero, Shell presentó planes para limitar el gasto y cerrar plantas en algunos países para centrarse en las operaciones más rentables, como la de gas natural licuado, la producción en aguas profundas y los químicos.
En esa ocasión, van Beurden dijo que esperaba que los nuevos recortes ayuden a impulsar las acciones de Shell, que han quedado a la zaga de sus rivales desde que el acuerdo de compra de BG fue anunciado en abril del 2015.
Los activos de downstream de la petrolera en Argentina incluyen la refinería de Buenos Aires, cerca de 600 estaciones de servicio, más negocios de comercialización y suministro, químicos, propano o gas de petróleo licuado, combustibles marinos, combustibles para la aviación y negocios de lubricantes.
septiembre 7, 2016 | Industria
(Telam.com.ar)La Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que suspendió el aumento de tarifas de electricidad a los usuarios de Edenor y Edesur que residen en el conurbano bonaerense, con lo que habilitó a las empresas distribuidoras a facturar el consumo de energía en base al esquema fijado por el Gobierno nacional desde el 1ro de febrero pasado.
Además, devolvió a la jueza Federal de San Martín, Martina Forns, el fallo en el que la magistrada de primera instancia anuló la suba de tarifas dispuesta por el Gobierno nacional debido a que no se llevaron a cabo audiencias públicas de manera previa.
Las dos resoluciones del máximo tribunal definidas hoy dieron vía libre, al menos por el momento, para que las distribuidoras del servicio eléctrico en el conurbano bonaerense apliquen el cuadro tarifario dispuesto por el Ministerio de Energía mediante las resoluciones 6/2016 y 7/2016 de fines de enero.
Este fallo no abarca a toda la provincia de Buenos Aires, debido a que el incremento en la tarifa de luz dispuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal fue discutido en una audiencia pública celebrada en la ciudad de Mar del Plata en julio pasado.
Si bien estos mismos casos u otros que tienen amparos pendientes de resolución en distintas jurisdicciones del país pueden volver a la Corte, los pronunciamientos del máximo tribunal de hoy dan una bocanada de aire al gobierno y a las empresas del sector para retomar la facturación con los nuevos cuadros tarifarios y avanzar en el desarrollo de la Audiencia Pública correspondiente.
En el primero de sus fallos y en contra de lo dictaminado horas antes por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los cinco integrantes de la Corte Suprema dejaron sin efecto la medida provisoria dictada por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que había dispuesto la suspensión por tres meses de los incrementos del servicio de luz en el territorio bonaerense.
La Sala II de la Cámara Federal es la misma que había fallado en contra del nuevo cuadro tarifario del gas que el Gobierno intentó implementar mediante las resoluciones 28/2016 y 31/2016 de fines de marzo, y cuya postura fue avalada por la Corte en una resolución que anuló los aumentos para los usuarios residenciales y obligó al Gobierno a replantear su estrategia.
En el expediente de hoy -conocido como caso Abarca, porque fue presentado por el legislador justicialista Walter Abarca-, el máximo tribunal entendió que quienes formularon el pedido de nulidad de los aumentos de luz concedido por la Cámara “carecen de legitimación” para actuar en nombre de todos los usuarios bonaerenses, en referencia a un grupo de diputados bonaerenses, la Defensoría del Pueblo y el Partido Justicialista de ese distrito.
La Corte Suprema dispuso, además, que una presentación del Club Social y Deportivo «12 de octubre», que adhirió a esa demanda, vuelva a primera instancia para que se compruebe si esa institución representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o clase.
A diferencia del expediente sobre el aumento de la tarifa del gas, en el que la Corte lo anuló para usuarios residenciales de todo el país, en el caso de la electricidad se trata de una acción de amparo con alcance provincial.
El fallo sobre la suspensión del aumento de la electricidad, unánime, fue firmado esta mañana luego de que, unas horas antes, la Corte recibiera el dictamen de Gils Carbó, quien opinó a favor de confirmar las medidas cautelares que suspendieron el aumento tarifario.
Para justificar la vigencia de las medidas provisorias, cuyo tratamiento por parte de la Corte es excepcional, la Procuradora había destacado que el plazo por el que fueron dictadas –tres meses- vence en octubre.
En lo que respecta al pronunciamiento de la jueza Forns, la Corte observó con duros términos la decisión de la magistrada de elevar el expediente de manera directa al máximo tribunal.
Forns no sólo había suspendido la aplicación de los aumentos de la luz en todo el país sino que también había ordenado a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.
La Corte entendió que la jueza de primera instancia invocando intereses colectivos y la radicación de otra causa con igual objeto procesal promovida por legisladores bonaerenses ante la justicia platense -en referencia al mismo caso Abarca-, envió su fallo a través del mecanismo per saltum (salto de instancia) al máximo tribunal, sin cumplir con los pasos judiciales correspondientes.
En el caso de Forns -que remitió directamente bajo la carátula Fernández, Francisco y otros contra Poder Ejecutivo Nacional s/amparo-, la Corte le devolvió el expediente y le encomendó “que, sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención».
Los magistrados agregaron que con la remisión de la causa al máximo tribunal luego de haber ordenado la medida cautelar en un tema como el del aumento del cuadro tarifario, Forns eludió sus obligaciones como Juez de la Nación, “colocando a esta Corte en un escenario en el que, por el momento no le compete conocer”.
La Corte consideró que de esa forma la magistrada comprometió el prestigio de todo el Poder Judicial al “frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos que aguardan una resolución definitiva de este conflicto”.
