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Gobierno se abre a tipificar penalmente los delitos ambientales

(La Tercera) El pasado lunes al mediodía, el presidente de la DC Fuad Chahín, en conjunto con la senadora de ese partido y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Productividad, Ximena Rincón; el exministro de Medio Ambiente y el exfiscal de la cartera, Pablo Badenier y Jorge Andres Cash, respectivamente -ambos también DC-, se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En la cita, que se extendió por 40 minutos, plantearon tres ideas que fueron bien recibidas por el secretario de Estado. Una de ellas es que se tipifique penalmente los delitos ambientales, debido a los anuncios que ha realizado el gobierno respecto a ingresar a tramitación una reforma al Código Penal. En segundo lugar, que el gobierno entregue patrocinio a una iniciativa legal que pueda fijar las condiciones de operación de los proyectos que se encuentran hoy en funcionamiento, pero que no fueron evaluados ambientalmente por haber iniciado sus operaciones con anterioridad a 1997, fecha de entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

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Y lo tercero: un fortalecimiento de las facultades del Ministerio de Medio Ambiente, dado que consideran limitadas las atribuciones, pues no puede enfrentar una crisis como la actual que sufre por episodios de contaminación la zona de Quintero y Puchuncaví.

Rincón destacó que “el ministro (Chadwick) manifestó toda su disposición a legislar en materia de delito penal ambiental. Específicamente, como una legislación especial y no dentro de las modificaciones al Código Penal”.

Proyecto de Generación Distribuida queda listo para ser ley

Proyecto de Generación Distribuida queda listo para ser ley

(La Tercera-Pulso) Por 29 votos a favor y dos abstenciones fue aprobado en el Senado el proyecto de generación distribuida y queda listo para ser promulgado.

A través de un comunicado, el ministerio de Energía valoró lo ocurrido este miércoles en la Cámara Alta. “Como Ministerio de Energía estamos muy contentos con la aprobación en el Senado del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de Generación Distribuida, terminando con ello su tramitación en el Congreso Nacional y quedando en condiciones de ser prontamente promulgado.”, dijo la ministra de Energía, Susana Jiménez.

La iniciativa comenzó el 2013 mediante moción de los senadores Antonio Horvath, Isabel Allende, Ximena Rincón, Baldo Prokurica y Juan Antonio Gómez, y el Ministerio de Energía presentó indicaciones, que fueron también enriquecidas con los aportes de los integrantes de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

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“Este proyecto está en la línea con lo planteado en nuestra Ruta Energética 2018-2022, particularmente con el Mega Compromiso que plantea alcanzar cuatro veces la capacidad actual de generación distribuida renovable de pequeña escala a 2022. Así también, se enmarca dentro de lo establecido en el programa de Gobierno, en lo referente a impulsar con fuerza la generación eléctrica a menor escala, lo que beneficia directamente a las personas”, resaltó la Titular de Energía.

La ministra Jiménez destacó también el apoyo transversal que logró el proyecto de modificación en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por unanimidad de los parlamentarios de todas las bancadas políticas.

“Esta iniciativa tiene la virtud que avanzó sobre la base de consensos y acuerdos. Tengo la más fuerte convicción de que esa es la forma de lograr legislación robusta y duradera, que permita dar la seguridad a los diversos agentes para desplegar sus inversiones”, señaló Jiménez.

Ignacio Satelices: “Proyecto de eficiencia energética no busca subir carga administrativa a las empresas”

Los cambios han sido una parte importante de la vida de Ignacio Santelices, nuevo director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, conocida anteriormente como la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), pues pasó de su afición a la lectura al “pasatiempo de cambiar pañales y llevar niños a entrenamientos de futbol; tengo cuatro hombres entre siete y un año”, cuenta el ejecutivo.

Ahora el especialista deberá liderar los nuevos focos de la Agencia, donde la idea es ampliar el tema de la eficiencia energética a otras áreas, paralelamente a lo que viene con los cambios que busca impulsar el gobierno en esta materia, con el nuevo proyecto de Ley que el Ministerio de Energía ingresó al Senado a inicios de septiembre.

¿Qué implicancias organizacionales tiene el cambio de nombre de la AChEE al de Agencia de Sostenibilidad Energética?

Toda la institucionalidad energética está en un proceso de modernización que tiene que ver con que los desarrollos tecnológicos han llevado a que la eficiencia energética se empiece a trabajar con la generación distribuida, almacenamiento energético, electromovilidad y energías renovables, por lo que tiene sentido que este tema deje de funcionar como una isla y se involucre con estos otros.

[Vea la entrevista completa en la edición de octubre de ELECTRICIDAD que se publicará en los próximos días]

Parlamentarios rechazan permisos para tronaduras en Mina Invierno

(El Mercurio) Luego de la decisión del Gobierno de revertir la negativa sobre el uso de explosivos en Mina Invierno, en Isla Riesco, ubicada en la Región de Magallanes, un grupo de parlamentarios encabezados por los senadores Goic y De Urresti criticaron duramente la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), argumentando que dicha moción sería incoherente con las medidas de descarbonización y los planes de descontaminación que busca impulsar el Ejecutivo en la zona de Quintero y Puchuncaví.

Las autoridades incluso apuntan a que hubo presiones de parte de la compañía al Gobierno para lograr los permisos, lo que se contrapone a los esfuerzos de la industria energética para disminuir la presencia de las centrales térmicas de la matriz del país, que a la fecha representan más del 40% de la generación eléctrica en Chile.

La resolución, que acogió la solicitud de la compañía ligada a las familias Angelini y Von Appen, autorizando el uso de tronaduras como método alternativo de extracción, levantó la alerta de la senadora por Magallanes, Carolina Goic, quien explicó que la aprobación significa «un daño irreversible al medio ambiente que revierte la decisión en contra de la Comisión Ambiental de Magallanes». Además, apuntó que esta medida se traduce en «perjuicio para otras zonas del país, como Quintero y Puchuncaví».

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Con respecto a este tema, el diputado por esa misma región Gabriel Boric añadió que el veredicto de la solicitud atenta contra el proceso de descarbonización del país. Argumentó que Mina Invierno le vende carbón a AES Gener, una de las empresas presentes en el cordón industrial de la zona de Quintero y Puchuncaví.

«Mientras se trata de enfrentar la contaminación de la zona, con esta decisión se consolida parte de la génesis del problema», comentó. Acusó, además, que hubo «presiones públicas inaceptables para que aprobaran las tronaduras, usando a los trabajadores a modo de chantaje». Esto, al referirse a que la administración de la empresa comunicó a los empleados que de no conseguir el permiso, en noviembre comenzarían los despidos, producto de la falta de sectores donde explotar carbón.

El senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti, dijo que «el Gobierno, al aprobar el uso de explosivos en el corazón de la Patagonia, en medio de una crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví, demuestra que es indolente frente al cuidado del medio ambiente».

Para el parlamentario, la autorización de las tronaduras en Isla Riesco es una «pésima señal», porque «equivale a notificar al país entero de que seguiremos con una matriz carbonizada altamente contaminante».

Schmidt informa que Chile postergó firma de tratado que permite a comunidades evaluar instalación de empresas

Schmidt informa que Chile postergó firma de tratado que permite a comunidades evaluar instalación de empresas

(Emol) Para el 27 de septiembre está programada la firma del acuerdo de Escazú en la Asamblea de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, y que se suponía Chile también firmaría, según lo que establecieron 24 países en Costa Rica en marzo pasado.

El tratado apunta a mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Asimismo permite a las comunidades participar de forma vinculante en la evaluación ambiental de proyectos que solicitan instalarse en determinadas zonas.

Sin embargo, y en medio de la crisis que afecta a Quintero y Puchuncaví, hoy se conoció que Chile decidió postergar la firma del tratado de Escazú. Así lo confirmó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt quien aseguró que fue una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Cancillería ha solicitado que por razones internacionales se postergue su firma y vamos entregar información cuando la tengamos», declaró al ser consultada al respecto, tras participar de la comisión de Medio Ambiente del Senado.

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La presidenta de la instancia parlamentaria, senadora Isabel Allende (PS), aseguró que le comunicó a la secretaria de Estado que esta determinación es una «pésima señal».

Según dijo, este convenio internacional «da la posibilidad de lograr mucha mayor armonía entre las actividades productivas y la población y la calidad de vida en la medida que son consultadas, en la medida que hay decisiones que son vinculantes (…). Es una pésima señal considerando lo dramático que se está viviendo una vez más en Quintero y Puchuncaví».

La senadora explicó que el país participó «activamente» en la elaboración de este acuerdo y en la búsqueda de consensos para su firma. «Fue un trabajo muy intenso y de muchos países», aseguró.

«Me parece lamentable que este Gobierno, teniendo en consideración lo que ahora estamos viviendo se le ocurra suspenderlo», agregó Allende.

Alerta en Quintero

Respecto a la crisis que afecta a Quintero y Puchuncaví, la ministra Schmidt calificó como «profundamente doloroso» que hoy se conocieran nuevos casos de intoxicaciones, a un día de que se haya determinado el regreso a clases. Y explicó que aún se está a la espera de que la Contraloría tome razón del decreto que permitirá declarar Alerta Sanitaria en la zona.

A su vez confirmó que el decreto elaborado ayer por su ministerio fue devuelto por el organismo contralor con observaciones, por lo que durante la tarde de ayer debió enviarse un nuevo texto.

«Se solicitaron modificaciones para mejorar el decreto. Contraloría pidió modificaciones», explicó la ministra de Medio Ambiente, quien planteó que se espera con carácter de «urgente».