junio 27, 2018 | Industria
(El Mercurio) La consultora chilena Systep analizó los principales lineamientos contenidos en la `Ruta Energética 2018-22` presentada hace algunas semanas por el presidente Sebastián Piñera, asegurando que el principal desafío será lograr una reforma a la ley de distribución que logre grandes avances, pero sin costos demasiado altos.
«Sin duda alguna, el gran desafío de la Ruta se encuentra en lograr una reforma a la regulación de la distribución que permita importantes avances tecnológicos, considerando un suministro continuo, de calidad y a mínimo costo», dijo la firma en su reporte mensual correspondiente a junio.
«En términos generales, se puede resumir que la nueva agenda incorpora objetivos centrados en el ajuste del marco regulatorio e institucional, pretendiendo mejorar las condiciones para el óptimo desarrollo del sector. La agenda se compromete a formular un conjunto de once leyes y siete reglamentos a ser enviados al Congreso en el periodo de la administración, definiendo sus respectivos plazos, indicando un alto nivel de compromiso que asume la cartera con el sector y el país», agregó.
De igual forma, Systep hace una comparación con la Agenda 2050 presentada por la anterior administración destacando que a diferencia de ella, «la nueva no hace referencia al desarrollo de los recursos hidroeléctricos y tampoco busca un rol más activo de Enap».
«Se mantienen los objetivos de descarbonización de la matriz, consolidando una mesa de trabajo constituida por distintos actores del sector, teniendo como fin fijar los fundamentos técnicos, económicos y sociales de esta transición», apuntó.
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«Celebramos la sinergia que existe de la Ruta Energética 2018-2022 con Energía 2050, logrando mantener una coherencia política energética de largo plazo a nivel país, con un compromiso a nivel del Estado. Como complemento a lo anterior, debe continuarse afinando los detalles institucionales y regulatorios para la correcta ejecución de dicha política», completó.
La consultora también destacó que un centro importante de esta agenda es el rol que se le asigna a la comunidad para el desarrollo del sector, desde su posible rol como productor de energía, hasta la participación en distintos procesos institucionales.
«Se agrega el lograr un acceso universal a la electricidad, llegando a sectores rurales y alejados de centros urbanos, sin acceso. Esto es coherente con iniciativas de asociatividad del gobierno saliente, donde interesa lograr un valor compartido de los proyectos con la comunidad», finalizó.
junio 21, 2018 | Medio Ambiente
(Radio Biobío) Una sanción de $250 millones se impuso a la empresa AES Gener ante su responsabilidad en la contaminación por carbón de la Playa Las Ventanas de Punchuncaví, región de Valparaíso.
La compañía deberá pagar el equivalente a $52 mil ORO por descargas no autorizadas de partículas de carbón combustionado y no combustionado que vararon en la Bahía de Quintero entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, generando contaminación.
Ello se determinó luego de una investigación sumaria administrativa desarrollada por la Gobernación Marítima de Valparaíso, buscando determinar causas, circunstancias y responsables del varamiento y presencia de partículas de carbón en la Playa Las Ventanas.
Fueron 5 las empresas investigadas que usan carbón en su actividad industrial: Puerto Ventanas, Codelco, Enap, Catamutun Energía y AES Gener.
Sin embargo, las diligencias apuntaron a esta última como responsable de la mayoría de los casos.
De hecho, la investigación de la autoridad marítima estableció que hubo una falta de control en el manejo de residuos de sus procesos productivos con un incumplimiento de reglamento para el control de la contaminación acuática que desencadenó en 52 eventos de varamientos y más de 47 mil kilos de partículas de carbón en la arena entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013.
El intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, confirmó la sanción pero aseguró que hay una investigación pendiente de la Superintendencia de Medio Ambiente.
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El 14 de junio se comunicó el resultado de la investigación del fiscal marítimo a las empresas involucradas para que realicen su descargos, lo que podría derivar en la orden de nuevas diligencias, reabrir la investigación o simplemente emitir el fallo correspondiente.
Es el gobernador marítimo, el capitán de navío Juan Gajardo, quien evaluará y resolverá, según lo que se señala a través de un comunicado.
No comparten opiniones
Mientras, desde la empresa indicaron que recibieron la investigación que realizó el fiscal marítimo, la cual están analizando porque creen que hay varios antecedentes aportados por la empresa que no fueron debidamente ponderados en el proceso de investigación.
También aseguran que no comparten algunas de las opiniones del fiscal a cargo y que presentarán sus descargos dentro del procedimiento en curso.
Finalizaron señalando que hasta el momento no existen sanciones ni multas y que están seguros que sus argumentos serán analizados oportunamente
junio 11, 2018 | Industria
(El Mercurio) Cuando las demandas de una mayor igualdad entre hombres y mujeres se han tomado las calles, el debate público e incluso el lenguaje, basta examinar el mundo de la empresa para evidenciar que las grandes brechas de género son una palpable realidad. Según cifras del INE, mientras el 71,32% de los hombres mayores de 15 años se encuentra ocupado o buscando trabajo, en el caso de las mujeres este porcentaje llega al 49,22%.
Eso se traduce a largo plazo en menor tasa de cotización y, a la larga, jubilaciones más bajas (ver infografía). A ello se suma que pese a que se normó el tema, las mujeres perciben menos remuneración por similares labores, aunque esta brecha salarial se ha ido reduciendo en el tiempo.
Según la encuesta Casen 2013, la brecha era de 26,2% en desmedro de las mujeres y se redujo en 24,6% en la medición 2015.
La Fundación ProHumana realiza cada año un Índice de Género de las empresas en Chile, para fomentar en las compañías la igualdad y medir las mejoras en términos de brechas salariales, acceso no discriminatorio a jefaturas, gerencias y directorios, entre otros temas. Aunque la evaluación de cada compañía no es pública, algunas de las firmas que participan en este índice, al ser requeridas, accedieron a develar sus cifras. Otras empresas compartieron su experiencia, como BHP.
En Enap, donde la participación femenina aún es baja (12%), se hizo una reforma «desde arriba» y el directorio es presidido por una mujer, la ex subsecretaria y abogada Loreto Silva.
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GNL Quintero: Escasez femenina, pero sin brecha salarial
En el terminal de regasificación GNL Quintero trabajan pocas mujeres. En este tipo de industria, donde la mayoría del personal es del área de operación y mantenimiento, el porcentaje femenino es más bajo que el de hombres: 16% entre el personal propio, y 22,8% entre los contratistas. Eso sí, no tienen brechas salariales, dicen en la empresa.
GNL Quintero tiene seis gerencias, de las cuales solo una está liderada por una mujer. Adicionalmente, tiene 7 directores titulares y 7 suplentes, de los cuales 2 son mujeres.
Pero señalan que quieren mejorar y por eso se incorporaron al índice PRO Humana, a fin de conocer otras experiencias que les permitan desarrollar una política de equidad de género.
Enap: 88% de la dotación es masculina, pero la preside una mujer
El negocio petrolero ha sido históricamente dominio masculino. Por eso, en la estatal Enap, el 88% de los trabajadores corresponde a hombres.
La presidenta del directorio, Loreto Silva, destaca que en la mesa directiva hay más participación femenina, con dos directoras, de siete miembros en total. A nivel de gerencia general y gerencias de área, cuatro mujeres ocupan cargos de alta responsabilidad frente a 16 hombres.
«Si queremos empresas, organismos e instituciones con el mejor talento, obviamente la selección debe ser entre todos y no solo entre un grupo que representa la mitad de la población», señala Loreto Silva.
mayo 28, 2018 | Industria
(Diario Financiero) El futuro del gas natural licuado (GNL) está en Asia. Con esa consigna por delante la estadounidense Cheniere alista su partida de Chile, con el cierre de la oficina que hace un par de años mantenía en el país y que está previsto para septiembre.
La partida de la gigante, que es propietaria de instalaciones en los terminales de licuefacción de shale gas de Sabine Pass y Corpus Christi, en Estados Unidos, comenzó a gestarse con la venta durante los primeros meses de este año de las participaciones que mantenía en las sociedades que impulsan los proyectos de terminal de regasificación de Penco y el complejo eléctrico El campesino, que la francesa EDF y la local AME buscan instalar en la región del Biobío.
De esta forma, Cheniere se convierte sólo en abastecedor del combustible que ambas instalaciones procesarán y consumirán, respectivamente. Al mismo tiempo, la norteamericana selló otro convenio para entregar el gas natural que utilizará el complejo Nueva Renca, que sus exsocios acaban de adquirir a AES Gener en una operación que involucró del orden de US$ 300 millones. La estadounidense también habría participado en las negociaciones de esta compraventa.
Trascendió que una de las gestiones que mantiene a Cheniere aún en Chile estaría relacionada con los contratos que se requieren para poder entregar el combustible en la central ubicada en Santiago, es decir, aspectos relacionados con el acceso al terminal de GNL de Quintero, donde se regasifica el GNL, y las tratativas con GNL Chile (firma relacionada a ENAP, Enel y Metrogas), que tiene a su cargo la comercialización del recinto de la Región de Valparaíso.
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Asegurar suministro
La historia se remonta a 2013 cuando Cheniere entró con el 50% de la propiedad de la sociedad de la que dependía el entonces proyecto Octopus, que consideraba la construcción del terminal y la planta de generación eléctrica.
Conocedores del mercado explican que en ese momento, cuando los terminales para exportar shale gas desde Estados Unidos estaban en plena construcción, Cheniere salió a buscar potenciales consumidores de su producción y por eso se involucró en el proyecto del Biobío, con el objetivo de apalancarlo, pero que una vez que ello se consiguiera reduciría su presencia y eventualmente se retiraría por completo.
Un primer paso lo dio en julio de 2016 cuando el terminal de regasificación de Penco recibió el permiso ambiental, que luego fue impugnado. En ese momento, Cheniere formalizó lo que hasta ese momento era un acuerdo no vinculante y se quedó con el 10% del terminal flotante de GNL y el mismo porcentaje en El Campesino.
Estas últimas fueron las participaciones que hace un par de meses la empresa vendió en partes iguales a sus socios en ambas iniciativas, la francesa EDF y la chilena Andes Mining Energy (AME).
El cambio en las perspectivas para el gas en el país, a raíz de la irrupción de las energías renovables, sumado al mayor atractivo para el consumo de gas natural que exhiben los países de Asia, incidieron en la decisión de Cheniere de cerrar su oficina en Chile, algo que en la firma no estuvieron disponibles para comentar.
Compañía pone el foco en China y Japón
Tradicionalmente los países asiáticos han pagado más por el gas natural. De hecho, el marcador de precios que se utiliza en esos mercados, el JCC, siempre ha estado por encima de índices como el estadounidense Henry Hub, que sirve como referencia para mercados como el Chileno.
En paralelo, el consumo actual y las proyecciones muestran que economías como Japón y, especialmente China, concentrarán la demanda por el gas natural que produce Estados Unidos. Para hacerse una idea, Cheniere acaba de firmar un contrato por el equivalente anual de 35 a 40 barcos de GNL, en consecuencia que un proyecto como El Campesino en su mejor escenario consumiría hasta seis por año. Esta proporción es la que le asegura un mejor retorno a Cheniere en Asia que en América Latina y es lo que explica por qué la firma está cerrando la oficina en Chile y abriendo nuevas en Tokio y Beijing. De hecho, movida por este consumo creciente, el viernes Cheniere anunció la construcción de un tercer tren de licuefacción en el terminal de Corpus Christi.
mayo 22, 2018 | Industria
(Diario Financiero) La noche del 9 de julio de 2015, los gerentes generales de Copec, Enex y Petrobras llegaron hasta el Ministerio de Energía. Habían sido citados en forma urgente por el entonces titular de la cartera, Máximo Pacheco, que requería una solución ante el colapso provocado por la viralización de un llamado a paro de quienes atienden en las bencineras.
La noticia, falsa por cierto, provocó la reacción de los automovilistas que salieron en masa a llenar sus estanques. Las largas filas en las estaciones de servicio estuvieron muy cerca de agotar la reserva de combustibles de la capital. Testigos del encuentro comentan que Pacheco golpeó la mesa y exigió a las distribuidoras reforzar su cadena de suministro e incrementar la autonomía, ampliando los centros de almacenamiento en las principales ciudades del país.
Este episodio dejó de manifiesto una situación que, a medida que pasan los meses, se va haciendo más grave y que, perfectamente podría perfilarse como la próxima crisis energética del país.
En la industria comentan que son dos los factores que están incidiendo en el mayor estrés que enfrenta la cadena de abastecimiento de combustible: el crecimiento sostenido del parque automotor, con la venta de vehículos a un ritmo que este año amenaza con romper récords y los efectos del cambio climático que se reflejan en la proliferación de episodios de marejadas, fenómeno cada vez más común y que obliga a cerrar los puertos, dilatando la entrada de los combustibles.
Para superar esta situación, las petroleras están activas impulsando proyectos para mejorar toda la cadena, es decir, buscan ampliar los terminales marítimos existentes o instalar nuevos, mientras tratan de expandir los estanques. En paralelo, buscan atacar uno de los puntos donde la crisis ya es evidente: el aeropuerto de Santiago (ver recuadro).
Contra la marea
Prácticamente la totalidad de los combustibles líquidos, ya sea el crudo para procesar, como las importaciones de producto refinado, llegan al país por mar, en una dinámica que por las condiciones climáticas es cada vez más desafiante.
“Cuando hay dos días de marejadas hay que hacer magia para mantener el abastecimiento de combustibles en la Región Metropolitana y otras ciudades”. Con estas palabras, el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Marcelo Tokman, planteaba ya a mediados del año pasado la necesidad de incrementar la autonomía y seguridad del suministro de combustibles en distintos puntos del país.
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En general, las zonas más ajustadas en materia de suministro son aquellas que se abastecen por vía marítima, donde existe una alta rotación de inventarios, y la continuidad del suministro se ve afectada por fenómenos como las marejadas, que obligan al cierre de los puertos.
En la zona central, entre las regiones de Valparaíso y Biobío, hay una mayor holgura, dadas las capacidades de almacenamiento, refinación y oleoductos, que permiten un flujo más continuo hacia los centros de distribución y consumo, aunque persiste la brecha respecto de los inventarios estratégicos visualizados para el país por la Agencia Internacional de Energía.
En lo que a terminales de carga y descarga se refiere, el año pasado, por ejemplo, Enex, la distribuidora controlada por el grupo Luksic compró su primer recinto. La inversión de US$ 24 millones posicionó a la operadora de la marca Shell en la zona de Ventanas, Región de Valparaíso, sector donde la petrolera estatal y Copec ya tienen posiciones.
En ese sentido, Esmax, que es controlada por el fondo Southern Cross y representa a la marca Petrobras, está haciendo lo propio. Su gerente general, Juan Juanet, explica que dentro del plan de inversiones por US$ 100 millones que desplegarán en los próximos tres años, tienen contemplada la construcción de un puerto en esta región.
“Estamos buscando ubicaciones en la zona petrolera. Buscamos oportunidades de eficiencia en nuestras importaciones de combustibles, equivalentes al 20% de nuestra demanda, ya sea a través de un terminal propio o de otro tipo. Es muy importante en el transporte de combustible tener una parcela para un tamaño de barco eficiente, que pueda parar en un solo puerto, porque la diferencia de costo por litro por parada es muy importante”, aseguró el ejecutivo.
Las zonas sur y norte no escapan a esta necesidad de refuerzo. Juanet añade que parte de sus inversiones de destinarán también a expandir los puertos de Mejillones y Pureo, éste último en la zona de Calbuco. “Hemos visto alternativas en Los Lagos. Estamos en Pureo que hoy está a plena capacidad y por distintos factores tiene un régimen de cooperación inestable, por eso ampliarlo es un tema”, dice.
Estanques en Santiago
Siendo el principal centro de consumo, Santiago, presenta una autonomía insuficiente, considerando que la actual capacidad llega a través del oleoducto Concón–Maipú.
Copec, por ejemplo, en sus estanques de Maipú (los que comparte con Enex), guarda un volumen que le permite cubrir el consumo de 3,4 días, mientras que si a esto se suman los recintos de Petrobras y Enap en esta misma comuna, la capacidad se eleva a poco más de cinco días. Por eso la firma del grupo Angelini está impulsando un proyecto de casi US$ 8 millones para duplicar la capacidad de este recinto, para evitar a futuro que el pánico de los compradores o su avidez por renovar sus vehículos pudieran volver a sacarlos al pizarrón.
Aeropuerto, caso extremo
Donde la crisis ya está desatada es en el aeropuerto de Santiago, donde el abastecimiento de combustibles no ha podido crecer a la par que el tráfico de aviones.
En este caso el problema tiene dos dimensiones: la infraestructura en el recinto aeroportuario y la red para llegar hasta ella desde los terminales de Valparaíso.
Sobre lo primero la empresa a cargo de la operación de estas instalaciones y que es operada por Esmax, está ejecutando una inversión de US$15 millones para construir un nuevo estanque y acompañar la ampliación del terminal a cargo de Nuevo Pudahuel. El gerente general de la representante de Petrobras en Chile, Juan Juanet, explica que están desplegando toda una red adicional de hidrantes para llegar a todas las nuevas ubicaciones de aviones que se están habilitando, lo que está avanzando a la par con la ampliación de Arturo Merino Benítez.
Donde las cosas no están igual de bien encaminadas es en la construcción de una segunda línea del oleoducto que lleva el combustible hasta la terminal. Este es un proyecto de Sonacol, firma ligada a Copec, Enex, Esmax y Enap, que tendrá un costo de US$ 80 millones y ha enfrentado el rechazo de comunidades aledañas en Maipú y Pudahuel.
La estimación es que la capacidad del primer ducto, que desde 1994 abastece todo el consumo del principal terminal aéreo del país, se completará en los próximos dos años, ya que la tasa de crecimiento anual de la demanda oscila entre 8% y 10%, mientras que en la Región Metropolitana se mueve entre 3% y 4% por ejercicio.
En términos simples, dijo en su momento Sonacol, el oleoducto permite llegar al aeropuerto con 110 mil metros cúbicos de kerosene de aviación (equivalente a 300 camiones), con lo que cualquier peak de demanda por sobre este nivel obliga a usar camiones, algo que hacia fines de año ya sería un hecho, una realidad que no sería ajena a otros aeropuertos del país.
