La incierta apuesta local en la Ruta Energética
(El Mercurio de Valparaíso) En febrero de 2015 se inició un largo y complejo proceso, parte de la política expansiva de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, en Concón. Desde esa fecha se ha venido instalando el sugestivo nombre «Nueva Era», lo que empezó con reuniones con parlamentarios, autoridades de gobierno, el alcalde, concejales de Concón, dirigentes vecinales y ciudadanos donde se fue socializando este proyecto energético de ciclo combinado a gas natural.
El trazado recorre, aparte de Concón, las comunas de Quintero y Quillota y el monto estimado, según la ficha de presentación de la empresa, es decir de US$700 millones, con un plazo de 30 meses para su construcción a partir de la firma del contrato de suministro y construcción respectivo.El proyecto ingresó a tramitación ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en diciembre de 2015.
A casi de tres años y medio, y después de varios capítulos «Nueva Era» se tomó de nuevo la agenda local tras el unánime rechazo al proyecto, que pretende sumarse al Sistema Interconectado Central (SIC), de parte del Consejo Regional, mientras se alzaban otras voces argumentando la saturación del sector debido a las termoeléctricas.
Poco a poco han surgido movimientos ambientalistas que han puesto en jaque a otros grandes proyectos, los más emblemáticos: Cardones Polpaico, y Los Rulos. El primero a cargo de InterChile, entró a fase crítica en febrero de este año, siendo postergada su puesta en marcha para el segundo semestre debido a que todavía tendría concesiones y servidumbres pendientes.
En tanto la Central Los Rulos de la empresa IC Power, que busca emplazarse en el sector Los Laureles, cerca de la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas en Limache, está judicializado en el Tribunal Ambiental.
Incertidumbre
Estos tres proyectos cuentan con absoluto rechazo no solo de los alcaldes -Concón, Limache y los de las comunas por donde pasaría Cardones Polpaico-. La ciudadanía en general se ha manifestado consciente de que el desarrollo -cualquiera que sea el sector – debe respetar el medio ambiente. No obstante en Chile ha habido una apuesta por la reconversión hacia las energías renovables no convencionales, ERNC, ese es un camino a largo plazo que instala la incertidumbre de cómo resolver el problema en el intertanto, dado que según cálculos establecidos en la administración anterior de Michelle Bachelet, la transición real podría estar ocurriendo hacia el 2050.
El seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, subraya que hoy las tecnologías permiten aproximar que eso podría ser más rápido. «Dar una fecha es imposible, pero el cambio tecnológico ha sido tan rápido que uno puede predecir que se van a acotar los plazos y que hay otras tecnologías incipientes, en estudio, que en 10 o 15 años más pueden estar en pleno desarrollo como lo fueron en su momento la solar o eólica».
Ante la incertidumbre Le Dantec releva el desafío a más corto plazo, a partir del Acuerdo de París en el que Chile suscribió el compromiso de reducir en un 30% las emisiones contaminantes, pese a que este es un acuerdo voluntario y no vinculante.
«Creemos que para el 2030 ese 30% podríamos reducirlo de dos formas: mejorando la matriz energética y al mismo tiempo electrificando el país de manera que el consumo de ciertos bienes, por ejemplo vehículos o calefacción, pasen de ser sistemas contaminantes a electricidad que tengan menos emisiones».
El desafío no es menor, entendiendo que la matriz nuestra es altamente térmica, basada en termoeléctricas, lo que contribuye a que la mirada hacia los proyectos en cuestión siga siendo de desconfianza y suspicacia por un sector de la opinión pública. Para el seremi de Energía, en la medida que las instancias cumplan con la normativa, no hay ninguna posibilidad de rechazarlos.
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Modificación del Seia
Sin embargo, señala como un gran avance la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, anunciado por el Presidente Piñera y que se empezó a socializar a principios de junio.
La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció que la mayor modificación incluye terminar con el Comité de Ministros integrado por la titular de Medio Ambiente, que lo preside, y sus homólogos de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
La instancia ha sido cuestionada en varios casos, entre ellos algunos emblemáticos como el polémico episodio de la minera Dominga.
«Así se podrá evitar el entrampamiento en el que, se dice, caen algunos proyectos, porque lo que se busca es que se diga rápido si un proyecto es malo y se deje de tramitar. Y si es bueno, no tenga que demorar siete u ocho tramitándose», dice Le Dantec.
Precisamente, este miércoles la ministra Cubillos se reunió con la comisión de su cartera y anunció que el documento de reforma ingresará en dos semanas a la instancia y a partir de ahí se comenzará a revisar.
El diputado Diego Ibáñez, del Movimiento Autonomista (Frente Amplio), es cauto y advierte que mientras no se conozca el contenido es imposible pronunciarse. «Pero, a priori, podemos señalar que nuestra legislación es sumamente permisiva para proyectos de inversión. Por lo demás, la decisión de aprobar o no una propuesta, responde hoy más a criterios políticos que técnicos y ciudadanos. El SEA no es autónomo del gobierno de turno y por tanto el criterio que se maneja muchas veces queda a merced de las propias intendencias», subraya Ibáñez.
El parlamentario, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apela a que una comisión que evaluó la legislación ambiental señala que en Chile no existen instrumentos de ordenamiento territorial que protejan a las comunidades de las industrias y de las empresas contaminantes. «No hay una participación ciudadana que sea vinculante. Partiendo por ahí, estamos esperando que llegue la propuesta para pronunciarnos», reafirma.
Una mirada coincidente tiene Joel González, vocero de la campaña Libres de Alta Tensión, que se ha manifestado con fuerza contra la Central Los Rulos. «El actual SEA privilegia criterios políticos por sobre los informes técnicos, no existen representantes de las comunidades, sólo son incorporadas durante el proceso de participación ciudadana sin mayor incidencia en la decisión final».
González reclama que dentro del comité evaluador no hay voces imparciales y que desde el mundo de las ciencias tampoco se puede hacer presente su opinión. «En cuanto a la norma de emisiones permitidas, es bastante más flexible que la propuesta por la OMS respecto a los impactos del material particulado en la salud ambiental, humana y animal. Lo que es peor, es que aún podemos ver casos de ‘curiosa complacencia’ entre la clase política -que en definitiva dirime respecto a la viabilidad de los proyectos- y las empresas privadas para favorecer sus inversiones», agrega Gonzalez.
Participación ciudadana
En tanto, la seremi de Medio Ambiente releva que en términos administrativos la propuesta de este gobierno es que todos los proyectos tengan participación ciudadana y subraya que sea de forma anticipada.
«Si hay algo que tienen en común la mayoría de los proyectos hoy aprobados y ejecutados es que se hizo la participación ciudadana antes de ingresar al sistema. Así es más probable que los proyectos fluyan, pero también quienes los ingresan tienen que hacerlo con la información que se requiere», dice Victoria Gazmuri, que se autoproclama defensora de la participación ciudadana en estos y otros proyectos que inciden en la comunidad.
La seremi remarca el aumento que ha habido en el país en cuanto a la participación de las ERNC. Desde su escritorio repasa la lista de proyectos que están en evaluación, señalando que hay cuatro simultáneos de energía fotovoltaica.
«No ha entrado ninguno de centrales termoeléctricas nuevas, a carbón, en estos cuatro meses. Hay un cambio de conciencia y estamos en buen pie para avanzar en cubrir las necesidades energéticas, pero en forma sustentable», dice Gazmuri. E insiste en la llegada de alternativas energéticas más limpias, que se a poco se han ido incorporando. «Hay una mesa de descarbonización con metas asociadas. Es probable que se aquí a 10 ó 20 años vayan en disminución y desapareciendo las centrales a carbón porque el costo de generar esa energía en términos medio ambientales es alto respecto a las ERNC».
En el camino
No ha sido fácil y de la misma manera, algunos proyectos más amigables con el ambiente también han ido quedando en el camino.
No sin algunas aprensiones, se dio a conocer hace un par de años el Proyecto Parque Solar Olmué que contemplaba la construcción y operación de 145 MW de capacidad y con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.
La propuesta fue adquirida como parte del acuerdo entre Colbún y Sunedison -empresa desarrolladora de energías renovables- en marzo de 2016 que involucraba construir dos parques solares fotovoltaicos, el de Olmué y el Parque Solar Santa Sofía.
«El precio se fue al suelo. Varios parques están en esta situación porque la rentabilidad es menor. Hace cuatro años era negocio, pero hoy el precio es muy bajo. Con (Máximo) Pacheco Matte -exministro de Energía- hubo muchos incentivos y el valor bajó», explica Manuel Millones, (UDI), presidente de la comisión de Patrimonio (natural) del Consejo Regional (Core).
A su juicio, el SEA es frágil y precario y coincide con Ibáñez y González en que la voz de las comunidades no tiene carácter vinculante.»Eso conlleva a la institucionalidad compuesta por funcionarios públicos a sancionar los proyectos con espacios reducidos de rechazo técnico. Es más, el director del SEA tiene amplias facultades para incluso editar las observaciones y rechazarlas».
Cabe señalar que los consejeros regionales (core) sólo emiten una opinión sobre la base de un informe técnico que emite el ejecutivo regional que se fundamenta en si el proyecto es compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial o si se ajusta a la estrategia de desarrollo regional.
«Eso da cuenta de que, el Legislativo blindó a los proyectos de la voz de los representantes de la sociedad civil, ya sean los alcaldes o los consejeros regionales», retruca.
Otro aspecto que inquieta a Millones es que, en la mayoría de los proyectos, el peso del rechazo técnico se lo llevan las seremis de Salud y Medio Ambiente.
«La experiencia indica que esa opinión fundada no es suficiente para que un proyecto sea rechazado, dado que siempre hay lineamientos o instituciones que dan luz verde a proyectos emblemáticos desde el punto de vista de la inversión privada», dice el core.
Dado lo ocurrido, con «Nueva Era» en que, por unanimidad, los cores rechazaron el proyecto, los consejeros acordaron actualizar la estrategia y consagrar la protección del medio ambiente y la salud de las comunidades prohibiendo las termoeléctricas y modificando los instrumentos de ordenamiento territorial de manera de ir sacando de las zonas urbanas las industrias contaminantes, cerrando las puertas a su crecimiento y expansión.
Así también, tener reglas claras para el inversionista y lugares establecidos para la instalación de las faenas productivas contaminantes.
Costos ambientales
Para Salvador Donghi, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), asesor medioambiental para la defensa del ecosistema, «la Región de Valparaíso se ha convertido en un polo energético en beneficio del país, pero ha debido cargar con los costos ambientales asociados a ello y sin el consentimiento de sus habitantes».
Ejemplifica con que Enap Refinería Aconcagua ha sido sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), debido a 16 infracciones, 6 graves, casi todas relacionadas con el exceso de emisiones. Y repara en que está tramitando -a nivel del SEA- la aprobación de una termoeléctrica que emitirá casi 80 ton/año de MP2,5, «uno de los contaminantes más perjudiciales, responsable de la muerte de 3.700 chilenos cada año (informe MMA 2016), debido a los graves efectos sobre la salud de la población», precisa Donghi.
Respecto a Los Rulos, enfatiza que esta central enfrenta una reclamación en el segundo tribunal ambiental. «Tiene graves irregularidades en su tramitación, como errores en la determinación del área de influencia, los impactos ambientales minimizados, no se hace cargo de dichos impactos y se aprueba sin contar con el correspondiente plan de mitigación, compensación y mitigación. En suma, Enap y Los Rulos tienen en común que su viabilidad está dada por la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, la que tiene múltiples demandas en la justicia debido a servidumbres y concesiones eléctricas mal constituidas».
En este sentido, Gonzalo Le Dantec insiste en que uno de los desafíos es modernizar la matriz energética y llevarla a una condición más limpia. «Es un proceso a largo plazo porque si bien las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de sistemas más limpios -como solar y eólico- todavía no es posible sostener la máxima seguridad en cuanto a tener certeza de que va a existir el recurso de electricidad», sentencia el seremi de Energía. He ahí el dilema.
Zonas saturadas
Respecto a la situación de la declaratoria de zonas saturadas que pesan sobre comunas como Concón, Quintero y Puchuncavía, el seremi de Energía Gonzalo Le Dantec sostiene: «En ningún caso uno puede decir que porque una zona saturadas se considera saturada no puede entrar ningún proyecto más, porque sería liquidarla y cerrarle la puerta al progreso. Lo que hay que hacer es gestión ambiental a través de distintos sistemas y fórmulas para hacerse cargo de los problemas que vienen asociados al desarrollo. Esperamos que se avance en la manera de reducir las emisiones. Desde hace 10 años que se está trabajando en la mitigación y en las compensaciones, y si uno analiza el escenario se han reducido en cantidad y calidad. Hoy tenemos quizás no un aire ideal pero sí mucho mejor al de hace una década. El Plan de Descontaminación que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente permitirá avanzar más rápido en mejorar esta condición».
