noviembre 25, 2022 | Industria
Durante una presentación en una audiencia pública organizada por los ministerios de Hacienda y Energía, el gerente general de la ACSP, Cristián Sepúlveda estimó necesario un aumento de las tributaciones aplicadas a todas aquellas formas de generar energía que no sean amigables con el medio ambiente.
“No es suficiente cerrar las centrales a carbón, para lograr la descarbonización, puesto que se han cerrado algunas y seguimos con plantas que funcionan a partir de gas y diésel, que tienen condiciones que no deberían estar vigentes actualmente, si es que queremos hacer un cambio a la matriz energética de Chile”, precisó.
De acuerdo con el ejecutivo, es imperativo “revisar e incrementar el valor actual de USD 5/tCO2e, estableciendo un aumento gradual aplicable al costo variable de las centrales más contaminantes, tales como gas, diésel y carbón, para efectos de la determinación del costo marginal, evitando subvenciones artificiales como lo es el gas inflex”.
Sepúlveda agregó que esta sería la manera correcta para que el tributo a las emisiones o el llamado “impuesto verde” logre desalentar efectivamente el despacho de unidades contaminantes y no sea un simple mecanismo de recaudación.
“Así veríamos un repunte importante o podríamos tener una mayor presencia de energías renovables en nuestro país. Si seguimos como estamos actualmente, será muy difícil cumplir la meta al 2030 que no sólo tenemos como país, sino que es un compromiso realizado en instancias internacionales”, señaló.
Otro de los temas abordados por el gerente general de la ACSP, fue la importancia de avanzar en energías renovables con atributos específicos como la Concentración Solar de Potencia. “Con esta tecnología no sólo producimos sin emisiones, sino que, además, robustecemos el sistema eléctrico con plantas que trabajan 24/7 y que tienen una alta capacidad de almacenamiento, tecnologías renovables, estables, flexibles y de base, que desplazará natural y económicamente a las fuentes fósiles”, expresó.
agosto 22, 2022 | Industria
Recientemente, un grupo amplio y transversal de profesionales de la sustentabilidad y de la industria energética envió una carta al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco del proyecto de Reforma Tributaria que se discute en el Congreso actualmente, con la finalidad de alertar sobre los cambios claves que requiere el proyecto.
El objetivo es incentivar la reducción de emisiones de GEI del sector eléctrico a través de dos propuestas fundamentales, que, además, corregirían aspectos que hacen muy poco efectivo el impuesto a las emisiones que aplica actualmente al sector eléctrico y que -contra toda lógica- obliga al pago de parte de éste a productores de energías limpias que no emiten GEI.
“Nuestro compromiso está con las acciones climáticas prontas, materiales y eficientes que permitan reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) y así evitar las graves consecuencias que la ciencia ha advertido en caso de que la concentración de dióxido de carbono provoque un aumento de 1,5°C en la temperatura de nuestro planeta con relación a los niveles preindustriales”, señalan los firmantes como principal motivación para esta iniciativa.
Correcciones a la propuesta
Puntualmente, el grupo de expertos solicita la incorporación de dos correcciones al impuesto a las emisiones, o más conocido como “impuesto verde”.
En primer lugar, hace un llamado a incorporar el Impuesto Verde al Costo Variable para despacho por orden económico de centrales. Esto recae en que la reforma tributaria de 2014 incorporó un impuesto a beneficio fiscal, con el fin de gravar “las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono”, pero, para efectos de su aplicación, la misma ley estableció que el impuesto “no deberá ser considerado en la determinación del costo marginal instantáneo de energía, cuando éste afecte a la unidad de generación marginal del sistema”.
Esta disposición tiene como consecuencia que no se diferencien en el despacho las centrales con menores emisiones. Al mismo tiempo, la ley incluyó una norma que obliga a todos los generadores que retiran energía para clientes a que paguen parte del gravamen, provocando que los generadores renovables que tienen contratos de suministro con clientes finales sumen más de US$13 millones en pagos del impuesto verde, desde la vigencia de la norma hasta el balance correspondiente a la operación del año 2021.
La segunda solicitud es la definición de una trayectoria temporal para que el monto del impuesto verde alcance valores consistentes con experiencia internacional y los costos de emisiones de GEI. Para esto -proponen- que se implemente la Ruta de Precio al Carbono contenida en la “Estrategia de Instrumentos Económicos para la Transición Energética” del Ministerio de Energía, de enero del presente año, para que en el período 2022-2025 el impuesto suba gradualmente a US$15 por tonelada de CO2 y, posteriormente, entre 2026 y 2030 alcance US$35 por tonelada de CO2.
Es importante señalar que la reducción de emisiones de la generación eléctrica ofrece una gran oportunidad para reducir las emisiones de otros sectores de la actividad económica del país a través de la electrificación. Un ejemplo de esto es el sector transporte, que aporta actualmente con un tercio de las emisiones del sector de energía, principalmente provenientes de la quema de gasolina y diésel en sus motores y donde, por ejemplo, la sustitución del diésel por motorización eléctrica ya muestra positivos resultados en la movilización pública de superficie.
Sobre los firmantes
Es un grupo de profesionales en el cual se incluyen profesores universitarios, investigadores, representantes de ONG, dirigentes gremiales, consultores, economistas, ingenieros, abogados y periodistas, que se desenvuelven en variadas instancias del quehacer nacional y a quienes nos une el común interés de que se implementen medidas reales para enfrentar la crisis climática que estamos viviendo a escala global.
Revise a continuación los nombres de los firmantes:
María Fernanda Aguirre; Matías Asún; Paloma Ávila; Manuel Baquedano; Nicola Borregaard; Arturo Brandt; Pilar Bravo; Jorge Canals; Benjamín Carvajal; Rodrigo Castillo; Max Correa; Luis Abdón Cifuentes; Annie Dufey; Carlos Finat; Angélica Flores; Javier García; Rodrigo García; Mónica Gazmuri; Alex Godoy-Faundez; Luis González; Karen González; Marina Hermosilla; Sara Larraín; Harold López; Diego Luna; Marcelo Mena; Sergio Missana; Rodrigo Moreno; José Luis Opazo; Gabriel Ortiz; Rodrigo Palma; Ignacio Rebolledo; Ana Lía Rojas; María Teresa Ruiz-Tagle; Ignacio Santelices; Enzo Sauma; Annika Schüttler; Cristián Sepúlveda; Felipe Sepúlveda; Alejandra Stehr; Carolina Urmeneta; Fernanda Varela; Sebastián Vicuña; Nicolás Westenenk; Bárbara Yáñez; Cristián Yáñez; y Carolina Zelaya.
octubre 12, 2021 | Industria
Durante septiembre se presentó la guía global Medioambiente 2021, de Who’s Who Legal (WWL), en la cual el apartado sobre Cambio Climático incluyó a 120 profesionales recomendados en todo el mundo, donde el único abogado chileno en la lista es Arturo Brandt, Senior councel del Grupo Vial.
Según la publicación, el abogado «es muy conocido en el mercado chileno por su profunda experiencia en legislación sobre cambio climático, derecho civil y ambiental».
En entrevista con ELECTRICIDAD Brandt aborda este tema, además de analizar el estado actual de la regulación chilena sobre cambio climático y otros aspectos vinculados con el sector, desde este punto de vista.
¿Cómo recibe el premio a nivel personal en lo profesional?
Con gran satisfacción. Creo que es un reconocimiento a la trayectoria de más de 17 años en el área de cambio climático desde diferentes miradas, entre las cuales destaco la legal como un eje fundamental para la acción climática.
¿Qué evaluación hace de este reconocimiento, respecto a la situación mundial que tiene la regulación en materia de cambio climático?
Estamos en una etapa inicial en la regulación pero en forma acelerada. Hace unos pocos años nadie hubiese imaginado el avance regulatorio en que estamos hoy. Todo está ocurriendo muy rápido a todo nivel, a veces en forma algo desprolija, pero creo que lo importante son los avances, aunque no sean perfectos. Esto se puede mejorar en el tiempo. Del mismo modo, creo que se debería avanzar en una estandarización regulatoria, de modo que debido a la globalización de nuestra economía, debería poder ser comparable, lo que es muy importante para la empresa privada. En cualquier caso, y dado el último informe del IPCC no tenemos mucho tiempo para generar el cambio.
¿Cómo aprecia en Chile el estado de la legislación sobre cambio climático, derecho civil y ambiental?
En términos de legislación climática, estamos ad portas de la publicación de la Ley de Cambio Climático, lo cual por si solo es un avance destacable y que entre otros aspectos, incorpora elementos que deben ser destacados como por ejemplo, la meta de carbono neutralidad a 2050, un hecho positivo y que aunque parezca obvio decirlo , es que se «escucha a la ciencia», del mismo modo destaco el reconocimiento del principio de la costo efectividad que se consagra en la transacción de derechos de emisión y que es la tendencia mundial hoy en día, también celebro la entrega de exenciones tributarias a los aportes al Fondo de Protección Ambiental. En sentido contrario , se observa una excesiva regulación orgánica (creación de organismos) y una falta de metas en eficiencia energética, transporte, extracción de combustibles fósiles, generación ERNC, tampoco se ahonda lo suficiente en torno a la adaptación ni del principio «no escrito» en materia de generación eléctrica de la neutralidad tecnológica. Por otra parte, me parece absurdo que los miembros del Comité Científico sean «ad honoren».
¿Qué le parece la actual discusión que se está dando en torno a este tema en Chile, especialmente en el sector energético?
Estamos avanzando de forma acelerada y destacada en varios aspectos, sobre todo los que dicen relación con la descarbonizacion de nuestra matriz energética. Destaco el avance en ERNC en que nuestro país, sin subsidios, ha sido líder y ejemplo en el mundo. Da cuenta de ello, los precios alcanzados en la última licitación de las distribuidoras y la cantidad de oferentes. También valoro en el reconocimiento de la figura del comercializador de electricidad, que debería traer una importante rebaja en los precios a un importante segmento de la población que hoy se encuentra «atrapado» por las distribuidoras, que han abusado de su posición dominante en el mercado. Es urgente y necesario corregir el diseño del mal llamado «impuesto verde», el cual en relación a las emisiones de CO2, ha demostrado una total ineficacia, además de forzar a las ERNC a pagar parte del impuesto al carbono (en proporción a los retiros), energías que son parte de la solución y que no deberían estar sujetas al pago de este impuesto. Veo también con preocupación la inciativa legislativa del cierre de carboneras al 2025, sin fundamentos técnicos que lo justifiquen y que finalmente pueden impactar los precios de la electricidad de los clientes libres. Promuevo la descarbonizacion de nuestra matriz energética, pero sin apresurarse. El remedio puede salir más caro que la enfermedad.
¿Qué le parecen las metas de carbono neutralidad y los avances en descarbonización?
La meta de descarbonización, se alinea con lo propuesto por el Acuerdo de Paris y con lo que las grandes economías han planteado, lo cual es positivo. El sector privado debería tener un rol más activo, y ser parte de esta meta. No olvidemos que es responsable de un 85% del PIB local. Esto no hay que mirarlo como una obligación, sino como una oportunidad de generación de nuevos negocios. A mayor abundamiento, la economía mundial avanza hacia la descarbonizacion y si nuestra industria no se alinea con este tema, dejará de ser competitiva, no importando la regulación existente. La descarbonizacion, especialmente en Chile, nos entrega una tremenda oportunidad de negocios. Solo pensemos en que el cobre es pieza fundamental en la electromovilidad que avanza a pasos agigantados y de la trasmisión. Algo similar ocurre con el lito, como pieza clave en el almacenamiento de energía.
¿Qué desafíos técnico-legislativos tiene Chile para enfrentar este tema?
Deberíamos avanzar en forma decidida en el reconocimiento de la figura del comercializador. Nuestra nueva constitución debería consagrar ciertos principios que apoyen e iluminen la descarbonizacion de la economía. Se debe corregir de forma urgente el diseño del impuesto al carbono -en el sentido propuesto más arriba- y una vez hecho lo anterior, ir avanzando en forma progresiva en un aumento del impuesto de carbono -actualmente en US$ 5- de modo que efectivamente impacte la prioridad en el despacho favoreciendo a las ERNC. También sería positivo, mirar experiencias internacionales y avanzar en el diseño de un sistema de comercio de emisiones transables de CO2, a fin de poder mitigar en forma costo efectiva nuestras emisiones de CO2 y corregir las deficiencias del impuesto al CO2.
¿Qué desafíos técnico-legislativos tiene Chile para enfrentar este tema?
Deberíamos avanzar en forma decidida en el reconocimiento de la figura del comercializador. Nuestra nueva constitución debería consagrar ciertos principios que apoyen e iluminen la descarbonizacion de la economía. Se debe corregir de forma urgente el diseño del impuesto al carbono -en el sentido propuesto más arriba- y una vez hecho lo anterior, ir avanzando en forma progresiva en un aumento del impuesto de carbono -actualmente en USD 5- de modo que efectivamente impacte la prioridad en el despacho favoreciendo a las ERNC. También sería positivo, mirar experiencias internacionales y avanzar en el diseño de un sistema de comercio de emisiones transables de CO2, a fin de poder mitigar en forma costo efectiva nuestras emisiones de CO2 y corregir las deficiencias del impuesto al CO2
agosto 23, 2021
Los impuestos para las emisiones fijas (industrias) y para fuentes móviles (vehículos) que forman parte del denominado impuesto verde, tuvieron su origen en 2014 como parte de la reforma tributaria de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Aunque la aplicación efectiva del gravamen a las fuentes fijas comenzó recién en 2017, en abril de 2021 se cumplieron cuatro años de recaudación, lo que nos permite evaluar y preguntarnos por el real impacto que ha tenido este cobro y saber qué tan cerca o lejos está de lo que se espera de él y, en general, de este tipo de instrumentos.
En abril de este año, ingresaron a las arcas fiscales un total de US$ 175 millones provenientes de este impuesto a las fuentes fijas -ya que la recaudación para fuentes móviles se contabiliza en forma separada-, cifra que representa un retroceso de casi 6% comparado con el año anterior y que, a su vez, es el menor monto registrado en los cuatro años de vigencia de este gravamen. Si bien esta disminución de recaudación podría ser positiva si es que fuese reflejo de que las empresas estuvieran contaminando menos, en realidad se debe a la menor demanda en el sistema eléctrico como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica a raíz de la pandemia.
Por otro lado, un 63% del monto total fue pagado por instalaciones de generación eléctrica, de las cuales el 95% provino de centrales termoeléctricas, donde el carbón sustenta el 60% de la recaudación anual, reflejando entonces lo importante que sigue siendo este tipo de generación para nuestra matriz eléctrica. Si bien el cumplimiento del retiro de las dos unidades a carbón en el año 2020 -en el marco del acuerdo de descarbonización voluntario- podría haber influido en la disminución de la recaudación, ambas unidades fueron apagadas durante los días 29 y 31 de diciembre de 2020, por lo que operaron prácticamente todo el año, sin considerar que recientemente el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ha mencionado la posibilidad de volver a encender una de ellas durante el presente año.
Es importante recordar que el impuesto verde es un instrumento económico que debería contribuir a la reducción de la contaminación local y global. La escala local, refiere a contaminantes que están presentes en una zona específica, para lo cual se utilizan ponderadores según la realidad de cada zona donde se generan las emisiones con el propósito de identificar y/o reconocer el daño que producen en cada territorio producto de los procesos industriales. A pesar de que esto podría ser un importante parámetro para intentar cambiar la realidad de diversas comunidades en nuestro país afectadas por la contaminación atmosférica, solo un 9% de la recaudación correspondió a contaminantes locales como el Material Particulado (MP), Óxido de Nitrógeno (NOx) y Dióxido de Azufre (SO2), siendo el 91% restante explicado por un contaminante global como es el CO2, que en Chile además sigue teniendo un valor de 5 dólares por tonelada, muy por lejos del rango de 40-80 dólares que en la actualidad se recomienda a nivel internacional.
Dado que un gravamen como el impuesto verde debiese cumplir con dos objetivos, que es el de recaudación, como todo impuesto, y también el de corregir una externalidad negativa como la contaminación generada por los que están afectos a él dada su condición de “verde”, lo más importante no debiese ser la recaudación que genera, sino el incentivo a no contaminar. Por ello, desde Fundación Terram nos preocupa que este gravamen no esté dando las señales correctas en cuanto a incentivar de manera eficiente a las empresas a contaminar menos, pues hoy sigue siendo más barato contaminar y pagar, que hacer correcciones en el sistema de emisiones de una empresa para contaminar menos.
Por otro lado, dadas las modificaciones que experimentará el impuesto verde en los próximos años, ya que aumentarán las industrias que estarán afectas pero a su vez las empresas tendrán la posibilidad de compensar sus emisiones mediante el desarrollo de proyectos en las zonas donde están emplazadas las fuentes contaminantes y así no pagar el impuesto, tendremos que esperar varios años más para conocer qué tanto aportará a la transición que es urgente en vista de una disminución real de las emisiones y contaminantes que hoy contribuyen al calentamiento global e impactan en la salud de la población y de los ecosistemas.
agosto 17, 2021 | Sin categoría
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales conoció los alcances del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), sobre las bases físicas del cambio climático. Además, analizó las posturas del Ejecutivo frente a sus conclusiones y las políticas públicas que está implementando el país, donde uno de los legisladores planteó la posibilidad de revisar el impuesto verde, para una eventual aumento.
Las parlamentarias y parlamentarios, junto con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y la autora-coordinadora del grupo de trabajo del IPCC, Maisa Rojas, compartieron la preocupación e insistieron en que es necesario instaurar una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero que permitirían limitar el cambio climático.
Informe
Maisa Rojas informó que este es el informe más completo, actualizado y de mayor autoridad respecto al tema, donde participaron más de 230 autores. Dijo que todos llegaron a una conclusión lapidaria: el calentamiento global actual es atribuible totalmente a la acción de los seres humanos.
Maisa Rojas señaló que el informe, entre otros puntos, indica que la temperatura de nuestro planeta ha aumentado en 1,1ºC. Remarcó que, a menos que las reducciones de gases de efecto invernadero sean inmediatas, rápidas y a gran escala, estará fuera de nuestro alcance.
«Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos, como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías, sean más frecuentes y severas» precisó.
La académica de la Universidad de Chile también resaltó que, aunque parezca difícil, lo cierto es que muchos de los efectos más negativos aún pueden evitarse. Sin embargo, alertó que ello acontecería si se toman medidas agresivas ahora.
Ministra
La ministra Schmidt sostuvo que, ante la crisis climática global, Chile tiene una ventaja: “existe una política de Estado que ha transcendido los gobiernos de turno”.
Agregó que, desde el 2008, año que se inició el primer “Plan de Acción Nacional de Cambio Climático”, se está trabajando con diferentes iniciativas. Acotó que ellos siempre están en coherencia con la dirección tomada por Chile en el marco de sus compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París.
La autoridad estimó que se necesita, con urgencia, aprobar el proyecto de ley marco de cambio climático (boletín 13191). La iniciativa se está tramitando en el Senado y busca hacer frente a los desafíos que presenta este fenómeno.
Para ello, entre otros puntos, establece bajar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos. Además, procura reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático.
Informó que la propuesta legal está con discusión inmediata (seis días para el trámite), por lo que espera que la Comisión la pueda analizar a fines de agosto.
Impuesto
Ante ello, el diputado Amaro Labra (PC) planteó la necesidad que se les entregue el tiempo necesario para poder analizar el proyecto, aun sabiendo que es una necesidad climática imperiosa para el país.
Por otro lado, la diputada Catalina Pérez (RD) señaló que para hacer cambios profundos en la situación climática que vive Chile se requiere, necesariamente, modificaciones a la industria y elevar los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero.
«A mí me encantaría que los que ganaran más pagaran más impuestos. Me encantaría que los que contaminarán más, se hicieran cargo de esta contaminación», remarcó.
