agosto 4, 2020 | Industria
Una serie de observaciones planteó la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec) a la reforma al Código de Aguas que actualmente se discute en el Senado, pues la asociación gremial del sector señala que algunos de los puntos que se proponen terminarán afectando al desarrollo de esta industria.
Según se indicó en el boletín mensual del gremio, este tema fue expuesto por sus representantes en la comisión de Constitución del Senado, donde presentó un texto en que se enfatiza «que la función de utilidad pública o social de los derechos de agua, como de toda propiedad, no puede significar imponer cargas que los afecten en su esencia, el que estas cargas y limitaciones deben ser claras y, por sobre todo, deben ponderarse en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, condición que no se cumple en el proyecto de ley en su estado actual».
«Asimismo, nuestra opinión es que toda controversia con la administración o la DGA relativa a las extinciones, tratándose de materias contenciosas que afectan el patrimonio de los titulares, deben en última instancia ser sometidas, mediante un debido proceso, a la resolución de los tribunales de justicia», se indicó en el boletín gremial, correspondiente a los meses de junio y julio.
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Constitución
En el documento también se indican otras observaciones del gremio frente a esta reforma. Según su director ejecutivo, Rafael Loyola, explica que si bien Apemec apoya los cambios al Código de Aguas, «existen aspectos específicos del texto de la Reforma que estimamos pugnan abiertamente con algunas disposiciones de la Constitución».
A su juicio, «para la sobrevivencia de la industria, resulta imprescindible definir un derecho de aprovechamiento de agua lo más robusto posible, cuyas revisiones por parte de la autoridad se basen en criterios objetivos reduciendo la incertidumbre para las personas, el Estado y los desarrolladores de proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala».
De acuerdo con lo señalado por el gremio, este tema será abordado por la asociación en el Foro Apemec, que se prevé realizar de forma virtual en noviembre.
Vea acá el Boletín Apemec de junio-julio
mayo 14, 2020 | Industria
Un oficio a la Dirección General de Aguas enviará la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado para que dicho organismo informe el precio promedio en que se enajenan las aguas en cada región del país. Ello, en el marco de la tramitación de la reforma al Código de Aguas, que está siendo analizado por dicha instancia legislativa.
La Comisión tiene como mandato ver la constitucionalidad de algunas normas de dicho proyecto, para lo cual escuchó al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; al Director General de Aguas, Oscar Cristi; al ex director de esa repartición, Carlos Estévez; y en la última sesión al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Enrique Navarro.
Análisis
En la oportunidad, el constitucionalista hizo un análisis de las diversas normas que contiene la iniciativa, quien además hizo una serie de observaciones, básicamente centrado en algunas disposiciones del proyecto, en particular del artículo 6 y de algunas transitorias, relativas al derecho de propiedad de las aguas y a su eventual temporalidad.
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En su opinión, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existe resguardo constitucional, señalando que el titular del derecho de las aguas, no puede ser privado de ellos, sino en virtud de una expropiación.
Del mismo modo, se refirió a la retroactividad de algunas sanciones, señalando que la irretroactividad constituye una garantía.
Por su parte, los senadores hicieron varias observaciones de tipo político y jurídico que se centraron básicamente en la idea de que se podría retirar este derecho de agua, sin derecho a indemnización, a las personas que lo han obtenido sin hacer uso del mismo.
Tras la exposición de Navarro, los senadores acordaron continuar escuchando a constitucionalistas en una próxima sesión, entre ellos Arturo Fermandois y Emilio Pfeffer, entre otros.
febrero 11, 2020 | Industria
(Emol) «Desde hace años, algunos políticos y líderes de opinión han criticado duramente el régimen de propiedad y administración del agua en Chile, sosteniendo que es el único país en el mundo en que el agua es privada y los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) se transan en un mercado. Se cuestiona que la propiedad de los DAA esté separada de la tierra, y que éstos puedan ser libremente transferidos».
Así comenzaba la columna del abogado y ex director general de Aguas, Matías Desmadryl, a El Mercurio llamada «Desafíos y mitos sobre el agua en Chile», a raíz de la cual expertos y autoridades iniciaron un debate acerca del sistema.
«La evidencia internacional muestra que el modelo chileno existe en diversos países, en especial en aquellos que han sido exitosos en el uso y conservación de este valioso recurso», continuaba la columna.
El abogado especialista en derechos de agua explicó que el actual Código de Aguas (1981) no privatizó el bien ni tampoco creó los DAA, sino que fue Bernardo O’Higgins quien «dispuso expresamente en 1819 que los ‘regadores’ (hoy DAA) podían ser vendidos y no estaban ligados al dominio de la tierra». Además, en 1857 se reconoció y reguló el agua como un bien nacional de uso público (BNUP), y los DAA de propiedad de titulares se inscriben en los registros de propiedad de los Conservadores de Bienes Raíces desde 1908.
«Lo que ocurrió el año ´81 es que el derecho de propiedad sobre el DAA, ya existente, fue elevado a rango constitucional. El objetivo, según el exministro Büchi, fue crear ‘(…) derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado'», agregó.
Desmadryl también señaló que Chile no es el único que tiene este sistema. Así, indicó que existen otras legislaciones parecidas, tales como la de Estados Unidos (15 estados), Australia (6 provincias), Canadá (6 provincias), Gran Bretaña, Nueva Zelandia, Alemania, Suecia, India, Indonesia, Corea del Sur y Corea del Norte, Japón, Rusia, Sudáfrica, Filipinas y Jordania, lo que concentra «el 40% de la población mundial».
Además, recordó que China «está modificando su legislación para establecer un sistema de mercado y transacción de DAA», utilizando, entre otros, el modelo nacional como ejemplo.
Sin embargo, el experto advirtió que «nuestra institucionalidad y legislación requieren un fortalecimiento en materias como priorización del consumo humano, fomento de nuevas fuentes (desalación, reúso), mejor gestión del agua subterránea, preservación y gestión sustentable del recurso, fortalecimiento de la institucionalidad pública, entre otras».
«Se nos acabó el tiempo de las consignas y de las discusiones puramente ideológicas, de lado y lado. La megasequía que vive nuestro país nos puso en un pie forzado, especialmente al Ejecutivo y Congreso, para actuar con pragmatismo y urgencia, y así tomar decisiones concretas y lograr los acuerdos necesarios que den solución a los problemas y desafíos que tenemos», concluyó.
Luis Mayol, ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) junto a Felipe Martin, ex Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego, respondieron a esta columna a través de una carta al director al mismo medio complementando que «el ámbito privado del aprovechamiento de agua en nuestro país permitió en esa época a don Domingo Eyzaguirre, a través de la Sociedad Canal del Maipo, construir el actual canal San Carlos, primera carretera hídrica del país capaz de trasladar aguas para riego desde el río Maipo al río Mapocho».
Esto, según expusieron, «significó que los privados construyeran más de 150 mil kilómetros de canales, obras de riego y almacenamiento de agua», lo cual permite actualmente «el cultivo de un millón 200 mil hectáreas, que tengamos un sector silvoagropecuario que exporta US$18 mil millones y que genera dos millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta».
Asimismo Ricardo Ariztía, actual presidente de la SNA, entró al debate y sostuvo que «los agricultores agradecemos el valioso contenido de la columna de Desmadryl».
«Este régimen (de aguas) ha sido clave para propiciar las inversiones en diferentes rubros, entre ellos la agricultura», enfatizó y agregó que desde 1981, cuando entró en vigencia el actual Código de Aguas, «nuestra actividad ha transformado este recurso en alimentos, convirtiendo el agua en productos como uva de mesa, cerezas, arándanos, carne, madera y muchos otros, que a su vez han sido importantes fuentes de divisas para nuestro país y de generación de empleos».
«A mediados de los 80, el PIB silvoagropecuario de Chile era de US$ 1.060 millones, el que en 2018 llegó a US$ 8.300 millones; es decir, se multiplicó casi por siete veces. Asimismo, las exportaciones en 1985 alcanzaban los US$ 150 millones y hoy, llegando a más de 150 países en el mundo, se han multiplicado por 120 veces, logrando un valor de US$ 18.000 millones al año», añadió.
«No podemos seguir avalando el actual Código de Aguas»
Por su parte, el investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad Cristián Frêne opinó distinto diciendo que «en Chile existe un mercado del agua regulado por privados, con mínima participación del Estado y éste no garantiza el acceso al agua para toda la población ni mucho menos salvaguarda el caudal ecológico» y agregó, respecto a la columna de Desmadryl, que «me parece lamentable este tipo de declaraciones, con un sesgo productivo que raya en lo aberrante».
El experto discrepó con el ex director general de Aguas respecto a la comparación con otros países, ya que «el autor (Desmadryl) no aclara que aquellos países con modelo de mercado de aguas sí resguardan un porcentaje para uso humano y caudal ecológico y tampoco deja claro que la falta de prelación en derechos permite que comunidades locales se queden sin agua por actividades productivas en sus territorios».
«Nada dice sobre el precario sistema de monitoreo hidrológico, que no nos permite saber cuánta agua tenemos exactamente y dónde está, cuestión que sí está resuelta en los otros países con sistemas similares al chileno, (…) La fiscalización del Estado está reducida a su mínima expresión», agregó.
«La consagración del derecho de propiedad sobre las aguas en la Constitución es la que hace único en el mundo a este modelo chileno. Países como Australia, Canadá o Alemania tienen un sistema bastante distinto al nuestro, ya que se ocupan de conocer bien sus recursos hídricos para luego asegurar caudales que permitan su funcionamiento ecológico y consumo humano. Luego, utilizan el excedente para el mercado del agua. Esto, a diferencia de Chile, donde tenemos ríos secos por la sobreextracción y comunidades que no tienen acceso al agua potable y mucho menos a saneamiento adecuado de aguas servidas», indicó. «No podemos seguir avalando el actual Código de Aguas», finalizó.
Respuestas a Frêne
«El señor Frêne omite en su análisis una parte importantísima de lo que constituye el actual régimen legal de las aguas, y que a la vez, considero, ayuda a solucionar la gran mayoría de los problemas por él planteados en su carta: me refiero al rol que juegan las organizaciones de usuarios de aguas en la distribución de las mismas», comentó el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, respecto a la carta enviada por el investigador.
Según indicó Peralta, ejemplo de éste es la labor que cumplen las Juntas de Vigilancia de los ríos Aconcagua, Maipo y Mapocho en el aseguramiento del derecho humano al agua, como el apoyo prestado a los APRs en años recientes.
Sin embargo, señaló que comparte el «diagnóstico de que hay aspectos a mejorar». «La integración operativa de las aguas subterráneas a las organizaciones de usuarios de aguas, la consagración de prioridades de uso y la mejora de la institucionalidad -aparejado de un necesario aumento de su presupuesto- son temas que deben abordarse a la brevedad», sentenció.
El también ex presidente de la SNA Patricio Crespo se sumó a la crítica hecha por Peralta y señaló que la carta de Frêne le parece «impropia», ya que «responsabiliza al Código de falencias que son de responsabilidad de la administración del Estado».
«Espero que no esté creyendo que con un nuevo Código se resolverán los problemas que denuncia, tal como otros pretenden resolver los problemas de salud construyendo nuevos hospitales, o nuevas escuelas en el ámbito de la educación, sin resolver la causa de fondo, que radica en la ineficiente gestión de los servicios públicos», afirmó y explicó que tanto el monitoreo hidrológico, como la precaria fiscalización, el sobreotorgamiento de derechos y la sobreexplotación de los cauces «son funciones encomendadas a las instituciones públicas llamadas a otorgar derechos, fiscalizar y sancionar».
Para Crespo, las falencias del servicio de agua potable «obedecen a la inhabilitación de pozos profundos que sirven a los sistemas APR, proyectos que están sometidos a la factibilidad social que exige la ley, lo que limita su profundidad, dejando un mínimo margen para la oscilación de las napas que explotan».
Por último, apeló a la comisión de Constitución del Senado afirmando que espera que ésta «pueda levantar la mirada y evitar aquellos cambios que, siendo innecesarios, solo traerán precariedad jurídica y, muy por el contrario, pueda ponerse el acento en la superación de las graves falencias en la gestión estatal».
Respuesta a Crespo
«El académico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (Frêne) expresa argumentos claros, desde la ciencia y la realidad nacional, sugiriendo que deben realizarse cambios urgentes en el actual Código de Aguas», sostuvo el hidrólogo Pablo García en respuesta a Crespo.
Respecto a los pozos profundos señalados por el ex presidente de la SNA, señaló que «la profundización de estos es el peor error que podemos cometer».
Acerca del Código de Aguas indicó que «pese a que siempre se pueden dar algunos argumentos en su defensa, Chile necesita estos cambios urgentemente». Asimismo agregó que «lo que está pasando no es una ‘sequía’, sino un proceso asociado al calentamiento global que empeoró cada vez más, por lo que debemos evolucionar para seguir creciendo como país, de lo contrario seguiremos hundiéndonos económica, social y ambientalmente».
«La opinión de la ciencia es la que realmente se debe escuchar», concluyó.
septiembre 16, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) La reforma al Código de Aguas que se discute desde hace 8 años en el Congreso está lejos de ver la luz. Esta vez, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, solicitó a los senadores de la Comisión de Agricultura un tiempo para conversar nuevas indicaciones sobre la naturaleza jurídica de los derechos de agua, pese a que su antecesor Juan Andrés Fontaine, había ya enviado una batería de indicaciones para cambiar el contenido del proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Lo cierto es que como la oposición es mayoría en la citada comisión, ha rechazado gran parte de las propuestas del gobierno, y en las siguientes sesiones ya se debería empezar a votar la parte más polémica de la iniciativa y que tiene a los agricultores en alerta. Es la parte referida a que los derechos de agua que aún quedan disponibles en el Estado, según el articulado, no serían entregados a perpetuidad como ocurre hoy, sino que en forma de concesión por 30 años, estableciendo factores de caducidad si no se están aprovechando para los fines solicitados. Esta fórmula ha sido rechazada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en varios insertos públicos.
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Las indicaciones de Fontaine apuntaban a que se mantuviera la figura actual en torno a que los derechos sean entregados a perpetuidad, lo que es denegado por la oposición.
“El ministro Moreno sostuvo que quería certeza jurídica para los derechos ya otorgados, que no le bastaba con el artículo 1°”, comentó la senador Adriana Muñoz (PPD), integrante de esta instancia. En ese artículo se señalaría que la concesión no se aplicaría para los derechos de agua ya entregados.
“Nosotros le dijimos que estamos disponibles para escucharlo, pero sin que esto signifique una demora mayor en el despacho de este proyecto, en este momento de escasez hídrica”, acotó la senadora.
julio 17, 2019 | Industria
(Emol) Una llamada de «alerta» fue la que publicaron el día de ayer seis gremios empresariales con uno de los puntos que se plantea en la modificación del Código de Aguas presentado por el Gobierno anterior y que hoy se discute en el Senado.
Y es que a través de un inserto publicado en El Mercurio, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos, reclamaron que estas modificaciones vulnerarían «uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo el país: el derecho de la propiedad. Derecho que, además, es fundamental para resguardar la certeza jurídica».
La acusación deslizada por estos gremios encontró apoyo al interior del Gobierno, pues el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en conversación con Emol TV señaló que «creemos que no se puede precarizar la certeza jurídica en el derecho de propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento».
Así, se refirió a una serie de cambios en los que el Ejecutivo no está de acuerdo, como por ejemplo: «‘Derechos permanentes’ pasan a ser ‘concesiones'», «‘dueños de un derecho de aprovechamiento’ pasan a ser ‘titulares de un derecho de aprovechamiento'» y «se agregan condiciones de caducidad para un derecho que ya está adquirido».
La tramitación de las modificaciones al Código de Aguas no ha sido precisamente rápida, esto porque la discusión comenzó en el año 2011, después de ser ingresada durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, en 2014, por medio de una modificación sustantiva, la Presidenta Bachelet presentó una serie de indicaciones al proyecto original, y recién en noviembre del 2016 fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y despachadas al Senado.
Una vez en la Cámara Alta se creó una Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado que votó y aprobó el proyecto, por lo que hoy se encuentra siendo discutido en la Comisión de Agricultura de dicha entidad.
Cabe destacar que en enero de 2019, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó una serie de indicaciones sustitutivas, las que no han encontrado aprobación en la instancia, en la cual hay tres senadores de oposición y dos del oficialismo.
En vista del nuevo debate en torno al Código de Aguas y a los derechos de aprovechamiento hídricos, Emol consultó a diferentes expertos en la materia respecto a su opinión frente a la postura del sector privado y el Gobierno.
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El análisis de los expertos
Gonzalo Muñoz, abogado experto en Derechos de Agua
Estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea la SNA y los otros gremios, en el sentido de que efectivamente el proyecto debilita el derecho de propiedad por sobre el derecho de aguas. Este proyecto al establecer la caducidad de los derechos del agua y efectivamente debilita ese derecho a propiedad.
El argumento que se da es que este proyecto regiría solo para los derechos de aguas que se otorguen a partir de que esta modificación entrara en vigencia, pero eso no es así, porque en los artículos transitorios de este proyecto de ley, se dice que también se establece una caducidad para los derechos anteriores, o sea también se afectarían los derechos ya existentes.
Derechos de aguas para otorgar por parte de autoridades ya casi no quedan, ya no quedan aguas disponibles para otorgar nuevos derechos, por lo tanto los únicos derechos a los que podría afectar este proyecto de ley es a los derechos ya existentes.
Christian Valenzuela, ingeniero en Recursos Naturales y director ejecutivo de Compragua
Claramente es un problema y estamos de acuerdo en que el proyecto de reforma del Gobierno anterior socava lo que es la certeza jurídica. Creo que los gremios ahí tienen un punto en que, claro, atacan este proyecto, pero no están siendo muy proactivos en definir cómo solucionamos los problemas que tenemos con el agua.
Es verdad lo que dice el ministro Walker y los gremios; para que hayan inversiones tiene que haber certeza jurídica en los derechos de agua porque eso le da seguridad a la inversión, también sirve de garantías para pedir créditos.
Para que esto funcione mejor necesitas, primero, darle al derecho de agua un valor, tiene que tener una tasación fiscal, porque el hecho de que no tenga una tasación fiscal se presta para muchas asimetrías. Segundo, tienes que cobrar una contribución en vez de la patente por no uso. Si tú le cobraras contribuciones a los derechos de agua, igual como pasa con la tierra, también se podría tener más dinero para gestionar mejor el agua.
Sergio Peña, doctor en Derecho y académico en la Universidad Mayor.
El problema principal es que a corto y mediano plazo nosotros nos vamos a ver enfrentados a la necesidad de regular de manera aún más estricta el tema del uso del agua y, probablemente, si no se hacen las modificaciones ahora, más adelante van a ser aún más exigentes.
Yo creo que los empresarios tienen todo el legítimo derecho de exponer sus ideas, pero creo que dadas las necesidades del país, necesariamente tenemos que mirar esto con mucho cuidado, respecto de los propios intereses que pugnan con la necesidad de Chile.
Hay datos concretos de que en general nosotros vamos a enfrentar de aquí a un tiempo no muy breve limitaciones en cuanto a la posibilidad de contar con agua. Otro problema al que nos vamos a enfrentar también, es que dada la menor cantidad de agua, aquellos que tengan derechos de aprovechamientos, en definitiva van a poder usar el agua, por lo cual los costos del agua van a subir enormemente.
Eso va a significar que mucha parte de la población no va a tener acceso al agua, y ese es un derecho que ha sido establecido en tratados internacionales, en normas jurídicas internacionales y nosotros tenemos que velar no solamente porque sea un derecho, sino porque determina la existencia del derecho a la vida, que es superior al derecho de propiedad y por consiguiente se vería afectado si nos falta agua.
