mayo 13, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) La entrada en vigencia de un contrato de abastecimiento firmado entre las distribuidoras eléctricas -entre ellas, Enel y CGE- y el proyecto El Campesino, que encarece las cuentas en 0,6% pese a no estar construido, levantó polémica ayer.
El contrato entró en vigencia en enero, pero fue solo hace unos días que esto se oficializó, luego que Contraloría tomara razón del decreto, tal como informó PULSO. La empresa El Campesino S.A., conformada por Andes Mining Energy (AME) y la francesa EDF, se adjudicó este contrato en una licitación realizada en 2014, ofreciendo un precio de US$110 por MWh. Para abastecerlo, se comprometió a construir una central termoeléctrica a gas en la actual región de Ñuble.
El problema es que esta central no está en construcción y está lejos de comenzar a inyectar energía por diversas razones, entre ellas, un fallo judicial. A esto se suma la férrea oposición de las comunidades.
Ayer, en el contexto de la cuenta pública de Energía, la ministra del ramo, Susana Jiménez, aseguró que la actual administración ha estado abordando el tema “porque es algo que se veía venir hace años, pero no se había hecho nada al respecto”.
“La CNE, haciéndose cargo de este retraso, ha solicitado a las empresas que revisen el contrato y cualquier modificación que se haga tiene que ser aprobado por la CNE”, dijo Jiménez.
A la vez, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, fue crítico con el rol de la administración anterior. “Llama la atención que la central hace rato se sabía que no se hacía, y nada se hizo en 2017 cuando estaba súper claro que la central no iba a estar lista para el 2019”, disparó.
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Habla la empresa
Alfonso Ardizzoni, gerente general de Generadora Metropolitana, empresa controlada por AME y EDF y relacionada con el proyecto El Campesino, accedió a contestar por escrito un cuestionario. En sus respuestas, asegura que tienen un plan de inversiones en desarrollo -el que considera a la central El Campesino- y que no ven ninguna razón para que el contrato se invalide.
¿Cómo se entiende que ustedes se presenten a la licitación con un proyecto y este luego no se construya?
-La construcción de El Campesino comenzó en diciembre de 2016. A fines de enero del año 2017 la Corte Suprema, por un error de la autoridad al terminar un proceso de consulta indígena, revocó la RCA del proyecto que suministraba gas natural a la central, lo que paralizó la construcción. Hasta la fecha hemos gastado más de US$100 millones. Las turbinas y la caldera ya están construidas y embaladas para ser despachadas a Chile.
¿Cuándo notificaron a la CNE que la central no iba a alcanzar a estar construida en los plazos acordados?
-Nuestra relación contractual es con las 23 distribuidoras, no con la CNE. Las distribuidoras son informadas bimensualmente de los avances del proyecto.
La CNE ha oficiado a las distribuidoras para que presenten un plan alternativo ante la no construcción del proyecto. ¿Han conversado sobre este punto con las distribuidoras?
-Tal como decíamos antes, estamos en permanente contacto con ellas.
¿Cuándo presentarán ese plan alternativo?
-Nosotros podemos suministrar responsablemente nuestro contrato con las centrales propias que tenemos actualmente. Adicionalmente, tenemos un plan de expansión de nuestro portafolio que contempla la construcción de centrales adicionales renovables y a gas. Ciertamente el desarrollo de este plan se ha visto frenado por el conflicto que ha producido la CNE.
¿Están dispuestos a renegociar ese contrato?
-El 2014 El Campesino fue a una licitación y presentó el menor precio, por eso nos la adjudicaron. Esto fue en medio de una licitación pública, competitiva, regulada, no discriminatoria y trasparente. Los contratos se están cumpliendo a cabalidad y no vemos motivos para renegociarlos. Esta no es una licitación de centrales, sino que una de suministro eléctrico.
¿Qué pasa si la autoridad insiste en que ese contrato se renegocie?
-Si nosotros no hubiéramos ganado la licitación, el precio de la energía para los consumidores sería mayor. Por eso no entendemos este cuestionamiento. Hemos ido más allá de nuestras obligaciones para dar certeza a los clientes.
Este es un contrato entre particulares y la CNE no tiene facultades para modificarlos, como varios expertos ya han dicho.
abril 22, 2019 | Industria
(El Mercurio de Valparaíso) Casi el 60% de la energía que se consume en Chile, a nivel doméstico e industrial, deriva de los combustibles fósiles como la bencina; y la electricidad, dentro de todo el panorama energético del país, representa el 22% del consumo final.
«Ahora la electricidad tiene la virtud o la dificultad de que se transporta por cables», comentó el presidente ejecutivo de Generadoras Chile, Claudio Seebach, quien inauguró el año académico de la Universidad de Las Américas en Viña del Mar. En esa línea explicó que «tiene la virtud porque es instantánea, pero obviamente dificultades porque tienes que construir la infraestructura para transmitir la energía eléctrica».
Seebach recalcó, en ese punto, que los proyectos de transmisión son fundamentales para aprovechar la riqueza y diversidad energética propia que tiene Chile en materia eléctrica. Desde esa perspectiva, recordó la integración del Sistema Eléctrico del Norte Grande con el Sistema Eléctrico del Centro Sur y también valoró la función que va a cumplir Cardones-Polpaico para el sector energético del país.
«Es la principal nueva línea de transmisión que se está construyendo en Chile y que va a permitir hacer algo que antes no podíamos, que es extraer masivamente la enorme abundancia de energía solar del desierto de Atacama hacia los principales centros de consumo que están en el centro sur de Chile», dijo; añadiendo que es una pieza clave para ir reemplazando el uso de los combustibles fósiles que son más contaminantes con el agregado que, en su mayor parte, son importados.
«Además la electricidad es más eficiente, es muy poco ruidosa y requiere poca mantención», sentenció.
Sin embargo, conocido es el nivel de resistencia que han generado algunas iniciativas, lo que deriva en episodios como el recientemente visto en una antena de transmisión del proyecto Cardones en La Dormida.
«Los proyectos tienen que hacerse, ojalá, de modo tal que todos puedan ser partícipes del desarrollo, pero deben generar los beneficios a la sociedad que uno espera que tengan, en tiempo y forma. Un proyecto que permita transformar o descontaminar una ciudad, como por ejemplo Santiago, trae beneficios para millones de personas. Y eso requiere de inversión y desarrollo de líneas de transmisión y ojalá la situación actual se resuelva de buena manera lo antes posible para poder generar esos beneficios», subrayó Seebach.
En ese plano, insistió en que las iniciativas requieren contar con una participación temprana de las comunidades. «Ahora eso no quiere decir que los proyectos no tengan problemas, pero al menos la comunidad tiene que ser parte de la ecuación porque una iniciativa que no hace eso, hoy no es posible de desarrollar. Y obviamente si tú haces algo con más participación y con las comunidades los proyectos pueden ser más lentos, pero terminan resultando mejor o, derechamente, resultando», indicó.
Otro de los objetivos que se ha planteado el país es incrementar el uso de la energía eléctrica en el transporte. Al respecto, el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile reconoció que dichos avances se potenciarán cuando se reduzcan los valores de contar con un vehículo de este tipo, que en la actualidad siguen siendo altos en comparación con uno diesel o a gasolina.
«Se está avanzando muy rápido y probablemente el mayor progreso debiera ocurrir a nivel de transporte público por una razón muy simple: porque todavía los vehículos eléctricos son caros para comprar, pero son muy baratos de operar», advirtió.
Explica que en el caso de los buses o taxis se recupera rápidamente la inversión por el uso comercial que tienen. «En el fondo operas bajo costo (…). Estamos hablando de que un bus o un auto eléctrico consume un cuarto de la energía que un diesel y además tiene cero emisión. Pero, efectivamente la inversión todavía cuesta el doble aunque en algunos años va a significar mucho menos», deslizó Seebach, que también destacó el aumento de las estaciones de carga, un factor clave a la hora de pensar en masificar el uso de este tipo de móviles.
«En la red de carga es un poco el huevo o la gallina. Mientras más autos la requieran van a aparecer más puntos, pero ya vemos como empresas de combustibles o incluso inmobiliarias, que están construyendo edificios para los autos del futuro, están trabajando en eso», manifestó.
Seebach también resalta el papel de la energía eléctrica en la agenda del Gobierno. «Es una ruta ambiciosa donde vemos que uno de sus grandes pilares es la reforma a la distribución que tiene que ver con cómo la electricidad, si va a ser una los energéticos principales del futuro, debe ser también confiable», dijo el ejecutivo, recordando eso sí que no existen los sistemas perfectos.
Pero, subrayó, existe un contexto global de que hay que hacer una reforma, entre otras cosas, para mejorar más la calidad del servicio y también para introducir más competencia.
En el fondo ve factible ir reemplazando el consumo de combustibles fósiles por electricidad. «Si logramos avanzar hacia una electrificación de la sociedad eso va a significar menos emisiones contaminantes, menos efecto invernadero y mucho más eficiencia energética (…). La aspiración final es que pudiéramos reemplazar todos los combustibles fósiles que importamos por energía propia producida en Chile», mencionó.
Junto con ello destacó como uno de los grandes objetivos el seguir avanzando en el marco de la ley de generación distribuida que permite a las personas inyectar energía al sistema obteniendo como compensación una reducción de sus cuentas de luz. «Ahora la gran revolución va a ser cuando las personas tengan la capacidad de almacenar dicha energía», sentenció.
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abril 15, 2019 | Industria
(El Diario de Antofagasta) Una reunión “para entender en detalle sobre la implementación de los medidores inteligentes en la región de Antofagasta”, sostuvieron la Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, con la Ministra de Energía, Susana Jiménez, solicitando que fuera la propia ministra quien entregara dicha información a los alcaldes de la región.
“Hemos venido como asociación de la Región de Antofagasta, en mi calidad de vicepresidenta junto con el director que es el alcalde de Sierra Gorda, a tomar conocimiento en qué consiste este proyecto de ley, que ya está en curso, de los medidores inteligentes, que es importante para nosotros recibir esta información para darla a conocer a la comunidad”, indicó la primera autoridad comunal.
La alcaldesa agregó que “es una Iniciativa, según la ministra, que va a beneficiar hoy en día a la comuna de Antofagasta, en relación al precio que se paga mensualmente. Esta información va ser canalizada directamente a través del ministerio y de la SEREMI de energía de Antofagasta”
Según explicó la Ministra de Energía, se conformó una mesa técnica con todas las empresas distribuidoras, para buscar medidas que puedan favorecer a la comunidad, “todos queremos tener una mejor calidad de servicio, menos interrupciones del suministro eléctrico y que eso sea exigible en todas las comunas, pero evidentemente entendemos el malestar que esto ha generado y es por eso que convocó la Comisión Nacional de Energía a un mesa técnica a todas las empresas distribuidoras en las cuáles se está trabajando en las propuestas que hicimos como gobierno, entre ellas generar incentivos a las personas propietarias de su medidor y que vean cambiado este instrumento para que no sólo vean beneficios futuros sino que beneficios inmediatos a través de una compensación económica“.
Asimismo, la Ministra indicó que “adicionalmente se está trabajando en esta mesa para ofrecer alternativas de tarifas a esas personas que pudieran ser más convenientes a la tarifa actual y también protocolos que reduzcan al mínimo las molestias que pueda generar el recambio de medidores“, señaló.
Esta reunión fue gestionada por la Alcaldesa luego que se acordara en reunión extraordinaria de directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, AMRA, manifestar ante el Ministerio de Energía su preocupación por las externalidades negativas que trae consigo la implementación de la nueva Ley la Ley General de Servicios Eléctricos. Esto, considerando que en la región existen comunas productoras de energía, que pese a que cuentan con descuento en las cuentas de luz, aún existe incertidumbre sobre el alza del costo del servicio, ya que se desconoce el detalle de las implicancias de la mencionada Ley
marzo 13, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) La inminente entrada en vigencia de un contrato de suministro firmado en 2014 por el consorcio Central El Campesino S.A. (hoy Generadora Metropolitana, cuyos propietarios son AME y la francesa EDF) y las distribuidoras eléctricas; ha provocado preocupación en la industria y en el gobierno.
El foco de conflicto es que esta sociedad se adjudicó el contrato -a un precio de US$110 por MWh, muy por sobre los valores que se manejan hoy en el sistema-, comprometiéndose a construir una central a gas natural en la región del Biobío (llamada El Campesino S.A.). Pero esto está lejos de concretarse, ya que por diversos problemas, principalmente trabas medioambientales, ni siquiera han partidos las obras.
Adelantándose a esa situación, el consorcio adquirió una serie de activos el año pasado a AES Gener, incluyendo las centrales termoeléctricas Renca y Nueva Renca, en Santiago.
La idea es que estos activos permiten inyectar energía (con fuentes propias) de manera equivalente, algo que la autoridad no ve con los mismos ojos.
De hecho, en diciembre de 2018, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, ofició a todas las distribuidoras -ya que los contratos son con estas- y les pidió acordar una solución equivalente con la generadora, dejando el contrato en similares condiciones a las originales y “darle al suministrador, al suministro y al contrato una sustentabilidad operativa y económicamente equivalente a la del proyecto original”.
Esto significa que, según la visión de la CNE, la energía a suministrar debe ser en las mismas condiciones que lo propuesto originalmente, es decir, con gas natural.
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La disputa
La semana pasada, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, la titular de esa cartera, Susana Jiménez, reafirmó la preocupación del gobierno frente a este tema y ratificó que el ministerio está estudiando los detalles del contrato. Entre las alternativas está incluso la invalidación.
“Esa es una discusión bien de fondo, porque para que no estuviera en el PNP (precio de nudo promedio) habría que invalidar ese contrato y, por lo tanto, esto es lo que justamente se está revisando, porque lo que queremos es que hayan proyectos que respalden esta obligación de suministro”.
Para la ministra, los procesos de licitación buscan gatillar proyectos nuevos “y si es que por alguna circunstancia un proyecto no se puede ejecutar, que este sea reemplazado por proyectos equivalentes”.
El director de Systep, Hugh Rudnick, tiene una visión distinta. “En este contrato no hay una cláusula que implique obligación de generar, y no es inusual ver en los balances mensuales ya citados empresas con centrales que no operan, o que inyectan mucho menos energía de la que tienen comprometida y tienen contratos. En esa medida la CNE no debiera hacer nada, no le correspondería ni evitar lo sucedido ni invalidar el contrato”, aseguró.
Alza en las cuentas
El decreto de Precio de Nudo Promedio (PNP) que se tramita en Contraloría, aumentaría este valor en torno al 10%. De esa cifra, aproximadamente el 4% se explicaría por la entrada en vigencia de El Campesino. Como este no es el único factor que impacta en las cuentas de luz, el alza en las tarifas que se explica por este contrato sería en torno a 0,4%.
Por ello, el gobierno también ve en esto una forma de moderar el alza esperada.
Para el ex secretario de la CNE y actual socio de Valgesta, Andrés Romero, el alza en las cuentas será mayor. Según las proyecciones de su consultora, la cuenta de la luz en la Región Metropolitana tendrá un alza de 14%. De ese total, el 3% correspondería a El Campesino, lo que se traduce en $110 en promedio.
En los últimos meses, ejecutivos de Generadora Metropolitana y de los socios han sostenido reuniones con diversas autoridades vía ley de Lobby para tratar el tema.
marzo 11, 2019 | Industria
(El Mercurio) En medio de la polémica que estalló esta semana por la acción combinada de dos factores: la confirmación por parte del Gobierno de que las cuentas de luz tendrán un alza importante, sobre cuya magnitud aún no hay consenso, y las críticas por la implementación de los llamados medidores inteligentes y quién se hará cargo de su costo, comienzan a conocerse nuevas implicancias de las reformas al sector eléctrico implementadas en los últimos años.
Primero fueron las licitaciones de suministro para clientes regulados -los clientes residenciales que en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) representan al 98% de la población del país- , que se implementaron hace más de una década con el fin de reactivar la inversión de las empresas generadoras de energía.
Luego, durante la gestión de Máximo Pacheco en el Ministerio de Energía, a través de estos concursos se buscó elevar la competencia y facilitar la incorporación de las energías renovables.
Claro que al hacer el recuento de lo que será el abastecimiento de los hogares a partir de 2021, cuando estarán en vigencia la mayor parte de los contratos firmados entre generadoras y distribuidoras en el marco de estas subastas, la evaluación es mixta.
Si bien se logró la meta de consolidar la generación en base a viento y sol, en lo referido a la competencia, el resultado muestra que la mayor parte de la energía que recibirán los clientes regulados provendrá de las cuatro firmas que tradicionalmente han dominado en generación, lideradas por la italiana Enel.
De acuerdo con el análisis de los volúmenes adjudicados entre 2006 y mediados de 2017, la ex-Endesa Chile será directa e indirectamente responsable de suministrar casi el 54% de la energía por la que -según las estimaciones de demanda de la autoridad-, pagarán los hogares y otros consumidores regulados del SEN, que va entre las regiones de Arica-Parinacota y Los Lagos.
Según estimaciones de la consultora Synex a las que tuvo acceso «El Mercurio», de los contratos vigentes en 2021, el 77% pertenece a los principales generadores incumbentes, es decir, Colbún, AES Gener y Engie, además de Enel Generación, que en forma directa tiene contratado poco más del 41% de la energía que se ha adjudicado a través de licitaciones.
En la industria hay voces que discrepan de estos números, pues aseguran que la caída en la demanda eléctrica hará que las generadoras no suministren la totalidad de la energía que tienen comprometida y eso podría hacer variar las participaciones de cada compañía.
Las estimaciones apuntan a que producto de este menor consumo, en el que también incide la migración de clientes desde el mercado regulado al libre -donde contratan directamente con las generadoras- implicará que por ejemplo, el próximo año, se alcance a suministrar sólo el 65% de lo contratado inicialmente.
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«Mercados perfectos, con muchos oferentes, simplemente no existen, siempre hay actores dominantes»
Esta situación deja en evidencia un problema de fondo, a juicio del director ejecutivo de Electroconsultores, Francisco Aguirre. Aunque en Chile hay más de cien generadoras registradas, una fracción mayoritaria de la producción eléctrica sigue estando concentrada en las compañías más grandes, copando parte importante de un mercado que se desarrolló para la instalación de operadores de energías renovables, que incluso están vendiendo su producción a estos grandes actores del mercado.
«La proporción de mercado que ha captado Enel muestra que no se está cumpliendo uno de los objetivos de las licitaciones, que es el incremento de la competencia. Ese es un objetivo que han tenido todas las administraciones en las últimas décadas -desde la privatización de Endesa, cuando la empresa operativa y sus proyectos se vendieron por separado-, pero que ninguna ha logrado, porque no hay forma de evitar que el mercado vuelva a reintegrarse. La teoría económica ratifica que estos mercados perfectos, con muchos oferentes, simplemente no existen, siempre hay actores dominantes», explica el consultor.
Quien modificó el mecanismo de licitaciones para impulsar la competencia fue el exministro de Energía, Máximo Pacheco, quien defiende el resultado obtenido. Explica que los procesos entre 2014 y 2017 permitieron un alza en la cantidad de nuevos generadores dispuestos a ofrecer suministro a precios más bajos, lo que -independiente de la participación que tuvieran en los contratos adjudicados- se tradujo en una caída de 75% en los precios finales.
«Enel tiene cerca del 30% de la capacidad de generación nacional, por lo que es esperable que tenga un alto porcentaje de contratos adjudicados. Además, esta es una empresa que tradicionalmente mantiene contratos con distribuidoras, mientras que otras generadoras mantienen mayormente contratos con clientes libres. Lo que permitieron las reformas realizadas fue que la intensidad en la competencia por clientes regulados fuera tal que las generadoras tradicionales tuvieron que ofrecer precios competitivos mucho más bajos. Sin los cambios realizados, tendríamos los mismos generadores, pero con precios más caros», asegura el actual director de TVN.
En la eléctrica dijeron que históricamente han suministrado un importante porcentaje de la demanda regulada del país, lo que va en directa relación con su mix de generación y el tamaño de la compañía, es decir, cerca de 35% de la generación esperada para el sistema. «En el mediano plazo, este porcentaje podría modificarse con un tren descendente por diferentes factores que están afectando el mercado. En cuanto a los posibles riesgos para el mercado y el sistema, es claro que son particularmente bajos, dado el respaldo que entregan nuestro parque generador eficiente, diversificado y flexible, además de la solidez financiera y experiencia de nuestro grupo», dijo Enel Chile.
Pese a ser consultada, la ministra de Energía, Susana Jiménez, no estuvo disponible para comentar respecto de esta situación.
El «mercado secundario» que eleva el peso de la italiana
Las condiciones estipuladas en algunas de las licitaciones de suministro para clientes regulados, de alguna manera han abierto espacio para la instalación de un mercado secundario, donde empresas que se adjudicaron bloques para abastecer a clientes regulados, se han visto en la necesidad de firmar contratos de respaldo con otras generadoras para cubrir estas obligaciones.
Ese es el caso de Engie y de El Campesino, ligada esta última a la francesa EDF, al fondo EIG y a los locales AME, que se hicieron de importantes bloques de energía en la licitación que se adjudicó a fines de 2014, la última subasta donde los precios superaron los US$ 100 por MWh.
Estos contratos entraron en vigencia en enero de este año y ambas empresas no han podido cubrirlos con generación propia. La primera -que tiene sus centrales en el norte-, se ha visto impedida por el retraso en la entrada de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, por lo que suscribió un contrato de largo plazo con Enel para cumplir con la entrega de energía. La segunda, en tanto, lo hizo porque ha enfrentado complicaciones legales que retrasaron la construcción de la central con la que se presentaron a la subasta.
Si se considera la energía comprometida por estas dos empresas y por la que los usuarios residenciales comenzaron a pagar este año, Enel tendrá en 2021 el abastecimiento del 54% de los consumos de los hogares de casi todo el país.
En la industria dicen que esta modalidad de contratación entre generadoras es habitual y, por lo general, se produce para cubrirse del potencial impacto del precio mayorista de la energía en situaciones en las que su producción es deficitaria para cubrir sus obligaciones comerciales.
Otras fuentes mencionan que las licitaciones instalaron una plataforma comercial para empresas que buscaban vender sus desarrollos e inversiones, lo que con un contrato de por medio hacía más atractivos sus proyectos.
Hay registros de varias operaciones de este tipo, tanto de contratos aislados o en conjunto con los proyectos, e incluso las empresas completas (cuando las bases de las licitaciones se hicieron más exigentes) que en los últimos años han cambiado de manos.
Una de las generadoras que ha sido más activa en la búsqueda de este tipo de oportunidades es Colbún. De hecho, en los registros proporcionados vía Ley de Transparencia por la Comisión Nacional de Energía, la compañía del grupo Matte figura entre las empresas que sin haberse adjudicado bloques en un proceso original de licitación hoy figuran como propietarios de contratos. Y no es la única compañía en esa situación.
