La transición hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de América Latina y el Caribe a reducir las emisiones contaminantes y cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático, mientras se crean nuevos empleos verdes como parte de los planes de recuperación pot Covid-19.
Así lo indica el informe Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe y oportunidades para la colaboración regional 2019, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se analizan los más recientes avances en 20 países de la región y destaca el creciente liderazgo de municipalidades, empresas y asociaciones civiles en impulsar la aplicación de nuevas tecnologías.
Transporte
De acuerdo con el documento, el transporte público es el segmento que se está electrificando a mayor velocidad en la región, aunque aún en una fase incipiente de despliegue, indica el estudio, que es financiado por la Comisión Europea a través del Programa Euroclima+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la empresa de energías renovables Acciona.
«Chile destaca por poseer la mayor mayor flotilla de autobuses eléctricos en la región, con más de 400 unidades, mientras se espera que Colombia incorpore casi 500 buses eléctricos en la capital, Bogotá. Otras ciudades colombianas, como Cali y Medellín, se han unido a Guayaquil, en Ecuador, y Sao Paulo, en Brazil, y han introducido buses eléctricos en sus flotas urbanas», se indica.
El aumento en la eficiencia de los autobuses eléctricos, la reducción en sus costos de operación y mantenimiento, así como la creciente preocupación por los impactos de las emisiones en la salud y el medio ambiente, son los principales impulsores de esta transición, según el estudio.
«En meses recientes hemos visto una reducción en la contaminación atmosférica de nuestras ciudades a causa de los confinamientos para prevenir la propagación de la COVID-19. Pero estas mejoras son sólo temporales. Debemos emprender un cambio estructural para que nuestros sistemas de transporte contribuyan definitivamente a la sostenibilidad de nuestras ciudades», dijo Leo Heileman, director regional del Programa en América Latina y el Caribe.
El informe llama a los tomadores de decisiones a priorizar la electrificación del transporte público en el futuro, especialmente a la hora de actualizar las viejas flotas de autobuses que recorren las grandes ciudades de la región. El estudio advierte del peligro de un “bloqueo tecnológico” en los próximos 7 a 15 años si las autoridades optan por renovar las antiguas flotas con nuevos vehículos de combustión interna que seguirán contaminando el aire de las ciudades y causado daños a la salud.
También se sostiene la necesidad de aumentar los puntos de , pues «ha generado nuevas ideas de negocio o servicios. Por ejemplo, los ‘electrocorredores’ que ya pueden encontrarse en Brasil, Chile, México y Uruguay permiten a los usuarios extender la autonomía de sus vehículos gracias a las redes de puntos de recarga rápida. Los negocios de movilidad compartida de bicicletas y monopatines eléctricos también se están desarrollando en al menos nueve países de la región».
Empleos
El desarrollo de la infraestructura para la carga de los vehículos eléctricos tiene el potencial de fomentar nuevas inversiones y empleos, los cuales son clave para los esfuerzos post Covid-19, según indica el informe, por lo que se formula un llamado a los gobiernos «a desarrollar una hoja de ruta clara a mediano y largo plazo que ofrezca certidumbre legal a la inversión privada y considere la movilidad sostenible en los planes de ampliación de la red eléctrica, en línea con los compromisos climáticos suscritos bajo el Acuerdo de París».
El informe fue elaborado con los insumos de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (Alamos) y con la contribución del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica.