Despejando una duda subyacente en torno al proyecto que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica, el director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, descartó la necesidad de realizar una consulta general a los pueblos indígenas sobre el fondo de la iniciativa legal y resaltó que solo se requeriría tomar una opinión sobre el trazado eléctrico en la medida que afecte a los territorios de los pueblos originarios.
«Sobre el caso particular de si se realiza o no un proceso de consulta va a depender del caso a caso y de los trazados, de la evaluación de impacto ambiental, la RCA que se promulgue y que define si hay o no afectación a los pueblos indígenas», especificó al término de la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el titular de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Según consigna la nota publicada en el portal de la Cámara, Alberto Pizarro dijo que hay que distinguir sí el concepto de consulta con el de participación y recordó que el Convenio OIT 169 hace mención especial a cada una de estas instancias. «Acá estamos hablando de participación y es indudable que siempre va a ser importante hacerlo previo a los proyectos de inversión», acotó, relevando la importancia de prevenir los conflictos posteriores.
Estimó que el proyecto de ley releva la participación como un eje principal y consideró que es importante contemplar dentro del trazado eléctrico el concepto de territorio, no solo desde una perspectiva netamente de suelo, sino que más general, que incluye a todo el entorno. «Está muy asociado a la cosmo-visión de los pueblos indígenas», recalcó.
Justamente, en esta última perspectiva, el consultor ambiental y académico de la Universidad Central, Rodrigo Jiliberto, señaló que la evaluación ambiental estratégica (EAE) tiene como objeto actuar en una escala superior de la jerarquía decisional. En este plano, estimó positivo que se exija antes de un proyecto que se defina un estudio en esta línea, con el objeto de incorporar la visión ambiental desde un momento más temprano y previniendo conflictos futuros.
Sin embargo, llamó a no limitar la EAE al estudio de la franja, por cuanto consideró que no se trata de un mero análisis territorial abajo-arriba, sino a un análisis estratégico-estructural. Dijo que al determinar una franja no se eliminan los riesgos, justo cuando lo que se requiere es una tratamiento de riesgos estructurales gestionables.
Bajo dicha premisa, propuso que las EAE se realicen a un plan maestro de la obra de expansión de la línea de transmisión, lo que incluye un conjunto de decisiones estratégicas: la definición preliminar de la franja; el decreto de franja preliminar; y las bases de licitación.