(Pulso) De manera sistemática el Gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría (NM) han comenzado a definir las indicaciones a la Reforma Laboral, que tienen que ingresar a más tardar el 14 de septiembre en el Senado.
Los senadores de las comisiones de Trabajo y Hacienda sostuvieron ayer un reservado encuentro en el Ministerio del Trabajo con la titular de esa cartera, Ximena Rincón, y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco -en reemplazo del titular Rodrigo Valdés, quien se encuentra participando en el Chile Day en Londres-, junto a sus asesores, que ya tendrían incluso algunos borradores de indicaciones redactados. A la cita también se sumó el director del Trabajo (DT), Christian Melis.
En reuniones previas en el Congreso en Valparaíso, según fuentes parlamentarias, los representantes del Ejecutivo incluso habrían acercado posiciones en algunas materias con la NM, escenario que se veía como lejano hace un par de semanas.
Una de las decisiones que tomaron ayer para avanzar en las negociaciones por los perfeccionamientos fue consensuar la idea de sacar la definición de los servicios mínimos del proceso de negociación colectiva. En ese sentido, Trabajo y Hacienda accedieron a la petición de los legisladores oficialistas de que empleador y sindicato fijen con seis meses de anticipación al inicio de la negociación, los turnos de emergencia que se contemplarían en caso de huelga en la empresa.
“Con ello se reduce considerablemente el riesgo de mayor judicialización que traía el proyecto de ley en trámite”, dijo una fuente que participó en la reunión de ayer en Huérfanos 1273.
La iniciativa original establecía que los servicios mínimos debían resultar de un acuerdo entre el sindicato y el empleador, “antes de la negociación colectiva”, sin precisar un plazo de resolución.
Otra definición trascendental que habría adoptado el Gobierno es excluir del procedimiento de reclamación por servicios mínimos a los juzgados de letras del trabajo, dejando sólo como “tribunal de primera instancia” a la Dirección del Trabajo, e incluye como órgano superior de impugnación a las cortes de apelaciones. En este último caso operaría una fórmula de procedimiento contencioso administrativo, que apuntaría a revisar de manera ágil el fondo de la resolución de la DT.
El proyecto que despachó la Cámara de Diputados establecía que si las partes no llegaban a acuerdo sobre los servicios, cualquiera de ellas podía reclamar ante la Inspección del Trabajo y posteriormente ante los tribunales de justicia, por medio de un juicio monitorio laboral.
Una fuente que conoce el proceso de indicaciones comentó que la medida de dejar fuera del procedimiento de reclamación a los juzgados de letras, apunta a las observaciones que habría hecho el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien habría advertido que hoy los tribunales laborales de primera instancia se encuentran sobrecargados de trabajo, situación que se agudizaría con la implementación de la Reforma Laboral.
En otros encuentros con actores incumbentes, Muñoz habría señalado además que la nueva ley implicaría mayores esfuerzos de capacitación para la judicatura e, incluso, obligaría a trasladar a jueces de otros ámbitos, al área laboral.
Un legislador que ha participado de las conversaciones con el Ejecutivo indica que aún falta por acordar si se va a incluir en la definición de turnos mínimos la opinión técnica de las superintendencias de empresas reguladas, o de un comité de expertos.
El resto de esos puntos y la fórmula de reemplazo interno en huelga “tácito” o “acotado”, serán abordados en una última reunión que sostendrán el jueves en el Congreso Nacional en Santiago los senadores con los ministros Valdés y Rincón.
Trabas en pactos de jornadas especiales
Los senadores y el Gobierno también ayer ratificaron el compromiso de que los pactos de adaptabilidad laboral, que permitirán ampliar los temas a negociar entre empleador y sindicato, se discutan de manera no reglada, es decir, fuera de la negociación colectiva.
Sin embargo, los parlamentarios mostraron sus reparos a que a los pactos de jornadas especiales o de bancos de horas extraordinarias se negocien bajo esta modalidad, ante el riesgo de desregular el actual límite de jornada de 45 horas semanales.
“En este punto no queremos avanzar hacia más precarización laboral en el país, por eso es que hemos manifestado nuestros reparos”, dijo un senador.